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(GFR Media)

A solo horas de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hiciera valer su postura de que no recortará las pensiones, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejó establecido que el gobierno no tiene dinero para pagar las pensiones.

“La (JSF) no duda que las intenciones del gobernador, de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre, sean sinceras. Pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto”, indicó el organismo federal.

“La (JSF) no quiere recortar las pensiones. Son las limitaciones legales y fiscales que pesan sobre Puerto Rico, no las ideologías, las que obligan a la (JSF) a reformar las pensiones”, reza la declaración del cuerpo interventor en las finanzas públicas de la isla creado por el Congreso estadounidense a través de la ley federal Promesa.

Este viernes, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, escribió a Rosselló Nevares y a los presidentes legislativos advirtiéndoles que el proyecto 1258 no era cónsono con el plan fiscal y que el mismo asestaría un golpe de $311 millones al Fondo General a partir de julio próximo. El proyecto exime a los municipios de pagar las aportaciones al sistema de “Pay-Go” que se creó para el pago de las pensiones, según se legisló hace dos años con la Ley 106 de 2017.

No habían transcurrido ni siquiera tres horas desde que la JSF hizo pública la carta al gobernador, cuando el mandatario estampaba su firma en el proyecto de ley en compañía de alcaldes. Rosselló Nevares convirtió en ley el proyecto senatorial 1258 un día después de que el Primer Ejecutivo convocara, en un mensaje a la ciudadanía, unir esfuerzos para frenar un potencial recorte de hasta 25% en la compensación que ahora reciben los jubilados.

“Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general (lo que se legisló con la Ley 106 de 2017), los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques”, indicó la JSF.

“Pero eso significa que, de su presupuesto operacional, el gobierno tiene que identificar los fondos para pagar el costo anual de las pensiones dado a que los sistemas de retiro están en quiebra”, continúa la declaración.

El pago de pensiones supone una nómina anual de unos $2,500 millones o alrededor de una quinta parte del dinero que ingresa al Fondo General, de donde también debe pagarse a los bonistas y cubrir las operaciones del estado como la educación, la seguridad y la salud.

Según la JSF, la propuesta diseñada por el organismo fiscal reduciría la nómina de pensiones en unos $10,000 millones al cabo de 30 años y esa medida junto a otras haría posible que las pensiones de unos 167,000 jubilados no corran peligro nuevamente.

Ayer, El Nuevo Día reveló que la propuesta de recorte a las pensiones será parte del plan de ajuste de deudas de Puerto Rico que redacta la JSF y que se radicaría en la segunda mitad de junio próximo, según Jaresko.

Recortes después de tres décadas de ajustes

Al presente, la JSF y el Comité Oficial de Retirados (COR), el grupo creado por el Síndico de Estados Unidos para negociar en los casos de Título III, entablan conversaciones con la expectativa de que el recorte a la compensación de los jubilados sea menor al propuesto por el organismo federal.

Si bien la JSF alega que el recorte a las pensiones es indispensable, el COR ha planteado que la modificación que propone el organismo se agrega a por lo menos otras tres grandes reformas a los planes de pensiones públicos en los pasados 30 años. Estas incluyeron desde extender los años de servicio y la edad de retiro para cualificar para una pensión máxima hasta la eliminación de bonos, aportaciones al seguro médico y el posterior cierre del plan de beneficio definido para ser sustituido por un sistema de ahorro en el cual solo el trabajador aporta.

Desde los años 2015 y 2016, los bonistas de Puerto Rico no reciben pagos por sus acreencias por concepto de la deuda pública.

En las pasadas tres décadas, sin embargo, los jubilados han experimentado la reducción o eliminación de diversos beneficios y tales planes de pensiones nunca recibieron las aportaciones que el gobierno debió hacer como patrono. En ese mismo período, Puerto Rico nunca incumplió con sus bonistas e incluso, en ciertas instancias, refinanció bonos para incluir en el principal refinanciado a 30 años, los pagos que haría a los bonistas.


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