A pesar de los señalamientos del Departamento de Justicia, el designado secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, firmó en marzo de 2017 el contrato con OPG Technology. (semisquare-x3)
A pesar de los señalamientos del Departamento de Justicia, el designado secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, firmó en marzo de 2017 el contrato con OPG Technology. (Xavier J. Araújo Berríos)

La relación contractual que el Departamento de Hacienda estableció con OPG Techonology para establecer y operar un sistema de sellos y comprobantes incluyó un sistema de compensación al contratista que, por años, habría sido contrario a lo establecido en ley y contenía otras cláusulas que harían que dicho pacto fuera “nulo e inexigible”.

El análisis de los términos contractuales está contenido en una opinión legal del Departamento de Justicia emitida en el 2014, y que examina las disposiciones del acuerdo que estuvieron vigentes entre el 2010 y el 2015.

De acuerdo con una opinión suscrita por el entonces secretario de Justicia interino, Rafael Ortiz Carrión, habida cuenta que el contrato sería nulo, Hacienda debía dejarlo sin efecto, no efectuar más pagos a OPG e, incluso, recobrar lo que se habría pagado sin justificación en ley.

Pese a dicha opinión, en marzo de 2017, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier -hoy renominado al cargo-, suscribió un nuevo contrato con OPG que emuló la estructura de compensación cuestionada por Justicia, otorgó al contratista mejores términos financieros e incluso, le facilitó el uso de la tecnología interna que Hacienda desarrolló con fondos públicos para el año 2015.

El nuevo pacto con OPG surge también en momentos en que los recaudos por concepto de venta de sellos y comprobantes se han desplomado en casi 73% entre los años fiscales 2007 y 2018.

El Nuevo Día solicitó información al Departamento de Hacienda acerca de las razones para el descenso en los recaudos de sellos y comprobantes, pero no recibió respuesta al cierre de la edición. Tampoco respondieron si el secretario Maldonado Gautier sabía de la existencia de la opinión legal del 2014.

De acuerdo con la opinión de Justicia del 10 de enero de 2014, las múltiples enmiendas efectuadas al contrato de OPG Technology, luego del año 2008, resultaron en un pacto contrario a las disposiciones de por lo menos tres estatutos.

Según el análisis de Justicia, los estatutos en controversia en el contrato de OPG serían la Ley 331 del 10 de diciembre de 1999, que detalla la contratación y pago a agentes para la venta de sellos y comprobantes,la Ley 233 del 2003, que establece los cargos que puede cobrar el secretario de Hacienda en ciertas transacciones y la Ley 237 de 2004, que rige los procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos por parte del gobierno.

“Siendo el contrato aquí evaluado contrario a las disposiciones legales, debemos concluir que el mismo es ilegal y, por tanto, nulo e ineficaz”, reza la opinión suscrita por Ortiz Carrión.

“En consecuencia, no solo no procede efectuar pago alguno en virtud del mismo, ya que se estaría realizando un desembolso ilegal de fondos públicos, sino que, además si se pagó dinero incorrectamente en virtud del acuerdo nulo, el Departamento de Hacienda tiene derecho a recobrarlo”, agrega el documento.

La existencia de la opinión legal en torno al contrato de OPG Technology y suscrita por Ortiz Carrión fue revelada por El Nuevo Día la semana pasada, cuando el trabajo periodístico de este diario reveló que la dificultad para examinar y fiscalizar el acuerdo con la firma del empresario Orlin Goble, entre otras situaciones, fue una de las razones para que la contadora pública Teresita Fuentes Marimón dejara abruptamente la secretaría de Hacienda hace poco más de una semana.

Si bien la opinión legal data de enero de 2014, su contenido parece continuar teniendo vigencia.

Por un lado, antes y después de la opinión que emitió Justicia sobre el tema, Hacienda mantuvo una relación contractual que la dependencia a cargo de interpretar las leyes de Puerto Rico clasificó como “nula”.

Del otro lado, el contrato suscrito en marzo de 2017 y examinado por El Nuevo Día incluye ciertos términos que, aunque con cambios, mantiene la estructura de compensación que, para Justicia, no es compatible con el estado de derecho.

La opinión legal de Justicia fue la respuesta a una consulta que, en ese momento, hizo la entonces secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo.

Una década de “socios”

De acuerdo con información examinada por El Nuevo Día, la relación contractual entre Hacienda y OPG comenzó en noviembre de 2007, cuando el abogado y contador público Juan Carlos Méndez dirigía el tesoro puertorriqueño.

Entre los años fiscales 2008 y 2012, según los documentos examinados por este diario y el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, el acuerdo entre Hacienda y OPG, que se indentifica como “un acuerdo de servicios de venta” se enmendó en, por lo menos, seis ocasiones. En principio, el contrato se extendió hasta junio de 2015.

El pacto suscrito en marzo de 2017 por directriz del entonces secretario de Hacienda, Maldonado Gautier, y OPG tiene vigencia hasta el año 2027.

Entre 2014 y 2015, la relación contractual entre Hacienda y OPG, según fuentes de este medio, se fue a mal, luego que múltiples intentos para auditar las operaciones de la empresa resultaron infructuosos.

En síntesis, dicen las fuentes, a Acosta Febo y posteriormente al también exsecretario Juan Zaragoza, les preocupaba el hecho de que Hacienda no podía tener constancia de manera independiente, en torno al volumen de ventas de sellos y comprobantes de rentas internas. Esa preocupación también la compartió Fuentes Marimón antes de dejar el cargo.

Hacienda debe fiscalizar los acuerdos con agentes para la venta de sellos y comprobantes por internet en virtud del reglamento 59 de esa agencia. Entre otros aspectos, el reglamento establece que el agente autorizado deberá presentar estados financieros a Hacienda, mantener archivos de todas las transacciones que se realizan, custodiar estas en una bóveda y señala, en su sección seis, que el agente “estará sujeto a inspecciones periódicas por parte del secretario (de Hacienda) sin previo aviso”.

Empero, según las fuentes, OPG no suministraba la información que requería Hacienda, cosa que la compañía de Goble ha rechazado en entrevistas con medios noticiosos.

Para el 2015, cuando el pacto con OPG llegaría a su fin, Hacienda vio factible operar el sistema de sellos y comprobantes de manera interna. Según reportó este diario durante el fin de semana, la firma RSM ganó la licitación y esta requirió una inversión de sobre $500,000.

Según las fuentes, aunque se plantea que el propietario de OPG ha sido donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), durante los años 2013 al 2016, cuando Acosta Febo y Zaragoza ocuparon la jefatura de Hacienda, ambos funcionarios recibieron acercamientos de legisladores del Partido Popular Democrático para abogar por la permanencia de OPG.

De igual forma, según las fuentes, aunque Justicia instó a Hacienda a dejar el contrato sin efecto, no era factible. Ello, porque una vez Hacienda recurrió a OPG para la venta de sellos y comprobantes, la agencia se deshizo de todos sus procesos internos para manejar tales transacciones.

La solución interna que Hacienda desarrolló apenas operó por unos 10 meses, pues con el cambio de administración y una vez Maldonado Gautier asumió la jefatura de Hacienda, se suscribió un nuevo contrato con OPG.

En contra de la ley

De todos los señalamientos de la opinión de Justicia en el 2014, los asuntos más críticos en el acuerdo con OPG tenían que ver con el manejo del recaudos y la forma en que este se pagaría.

Según Justicia, el contrato de OPG establecía que la empresa enviaría los recaudos de sellos y comprobantes a Hacienda diariamente, pero ello se cambió a transferencias semanales, por lo que esos recaudos permanecían fueran de las cuentas del secretario de Hacienda.

Además, según la opinión de Justicia, cuando el contrato se enmendó para el año 2011, en lugar de que la empresa cobrara a ciudadanos y empresas un cargo por servicio, se negoció que Hacienda pagara a OPG, a razón de una comisión según las ventas por volumen en sellos y comprobantes.

El lenguaje del contrato detallado en la opinión legal establecía que OPG comenzaría cobrando una comisión de 9% y esta comisión se reducía a 3% cuando las ventas excedieran la suma de $104 millones. Además, el pacto establecía que aparte de lo que cobraría OPG, los bancos, cooperativas y cualquier otro punto de venta, salvo las colecturías, se quedarían con otro 2.5% de la venta de sellos y comprobantes. Ambos cargos, es decir el que OPG y el banco o punto de venta cobrarían, sumarían en el mínimo 5.5%.

Así las cosas, en lugar de que Hacienda recibiera el importe total de la venta de sellos y comprobantes, la agencia comenzó a pagar a OPG y a bancos y cooperativas por sus servicios, reduciendo así la cantidad de recaudos que ingresaba al fisco. Ello, según Justicia, a pesar de que parte de los recaudos de sellos y comprobantes tienen usos establecidos. Ese sería el caso del fondo de mecanización el Registro de la Propiedad y la Sociedad de Asistencia Legal.

“Con las enmiendas introducidas al contrato, nos encontramos con un método de pago que la Ley 11 no reconoce ni autoriza”, subraya la opinión legal.

De igual forma, la Ley 233 que rige los cargos que Hacienda puede cobrar por ciertas transacciones establece que la agencia no puede imponer un cargo por servicio mayor de 5%.

El contrato suscrito entre OPG y Hacienda, en marzo de 2017, establece que en ningún momento, los cargos de OPG y los bancos o cooperativas podrán exceder un 5% de las ventas de sellos y comprobantes, pero prevalece la estructura de compensación escalonada. La nueva comisión para OPG es de 3.6%.


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