El proyecto de ley eliminaría el tiempo de espera establecido en ley -el cual se fija en seis meses para los delitos menos grave y de cinco años para los delitos graves (semisquare-x3)
El proyecto de ley eliminaría el tiempo de espera establecido en ley -el cual se fija en seis meses para los delitos menos grave y de cinco años para los delitos graves. (GFR Media)

El Departamento de Justicia rechazó hoy, martes, una medida legislativa que pretende concederle a los convictos de ciertos delitos un récord de antecedentes penales negativo una vez extinguida la pena impuesta.  

El licenciado Daniel Vélez, director de la división de Legislación del Departamento de Justicia, sostuvo que la eliminación del término de tiempo establecido para borrar los delitos graves y menos graves de un certificado de antecedes penales sería un cambio de política pública errado que pondría en riesgo a la ciudadanía al no advertir de la convicción.

De ninguna manera consideramos que mantener una convicción en un certificado de antecedentes penales por seis meses o cinco años, según aplique, afecta el proceso de rehabilitación. De hecho, entendemos que el período de espera es en sí parte de la rehabilitación del exconvicto, pues éste reconoce que sería sujeto a una pena mayor si reincide en conducto criminal durante dicho período”, lee la ponencia firmada por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. 

El proyecto del Senado 1166, de la autoría del senador Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, eliminaría el tiempo de espera establecido en ley -el cual se fija en seis meses para los delitos menos grave y de cinco años para los delitos graves- para limpiar el expediente criminal y le entregaría un certificado de antecedentes penales limpio.

Esto, sin embargo, no aplicaría a aquellos convictos de asesinatos, agresión sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propagando, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y crímenes de lesa humanidad. 

“Yo no puedo estar mas en desacuerdo…”, dijo Neumann sobre la postura de la agencia.

El licenciado Vélez argumentó, además, que los cinco años fijados para la otorgación de un certificado de antecedentes penales limpio se determinaron -según consta de la medida aprobada entonces que dio paso a la Ley 314-2004- a base de estudios empíricos que “corroboran que la persona que tiene la tendencia a reincidir en conducta delictiva comete el nuevo delito dentro del término especificado”.

La medida en discusión, señaló el abogado, carece de datos científicos. “Es importante preguntarse si la mejor política publica en este momento es que la ciudadanía ni los potenciales patronos conozcan de la comisión de delitos por parte de estas personas luego que extingan su sentencia”, planteó Vélez.

“No somos autores de esta visión de que los sistemas de registros son parte del proceso de rehabilitación”, dijo Vélez.

Por su parte, el licenciado Juan Carlos Ramírez de la división de Legislación de la agencia, cuestionó que en delitos como escalamiento, robo, agresión, apropiación ilegal, entre otros, se permita la concesión de certificados de antecedentes penales limpios de aprobarse la medida en discusión. “Con actos tan deplorables que reflejen el conjunto de valores y capacidades de autocontrol que poseen los individuos a evaluarse, consideramos que es más que razonable que las personas interesadas reciban la información que contenga el mínimo actual de tiempo de espera”, puntualizó Ramírez.

El licenciado apostó al desarrollo de programas para incentivar la contratación de personas con antecedentes penales como parte del proceso de rehabilitación de estas personas. “Esas son las iniciativas que verdaderamente consideramos efectivas para esos efectos porque establece un balance ese balance entre la rehabilitación y la seguridad”, dijo. 

“No existen licenciado… en la teoría, en nuestra imaginación suenan muy bien el que existan programas en donde el gobierno pueda fomentar que se emplee a personas que han sido convictas… me gustaría que como institución también reconocieran la parte humana, porque sí es posible que algunos nos fallen, pero pueden estar cinco años (esperando que se limpie sus récord penal) y después fallar en el sexto”, respondió Neumann.

“Uno a veces se entusiasma con proyectos que entiende son meritorios y la reacción oficial es contraria y uno dice: ¿cómo va a ser?.”, señaló el senador Miguel Pereira.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Libertad bajo Palabra, Mercedes Peguero, favoreció la medida tal y como está presentada. Sostuvo que los cinco años de espera por un expediente criminal limpio “es excesivo”. Reconoció, además, que a muchos de estos exconfinados son discriminados, por lo que les hace difícil conseguir una oportunidad laboral.      


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