Esta planta de la AAA, a la altura del Puente del Indio en la carretera PR-22, en Vega Alta, quedó bajo agua por las lluvias del huracán María. (GFR Media) (semisquare-x3)
Esta planta de la AAA, a la altura del Puente del Indio en la carretera PR-22, en Vega Alta, quedó bajo agua por las lluvias del huracán María. (GFR Media)

Tras un primer análisis que ofreció un cuadro general, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lleva cuatro meses inmersa en una rigurosa evaluación de la magnitud de los daños que el huracán María causó en su infraestructura, con la que esperan conseguir fondos suficientes para costear las mejoras requeridas.

La evaluación de daños, que inició en abril, se extenderá hasta octubre de 2019, precisó el presidente ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza.

“Ya se hicieron los trabajos que se requerían para que la operación regresara a la normalidad después del huracán. Pero muchos de esos trabajos fueron de emergencia, no son obras permanentes”, dijo a El Nuevo Día.

En esa línea, Díaz Atienza detalló que, atado a los fondos que se consigan, las obras a realizarse incluirían desde reemplazo de troncales sanitarias hasta reubicación de plantas en áreas inundables.

El sistema de la AAA se compone de 115 plantas de filtración, 51 de alcantarillado sanitario y más de 1,000 estaciones de bomba, entre otra infraestructura.

Trabajo en equipo

La evaluación en curso es la que se conoce, por sus siglas en inglés, como DDD (damage, description and dimension o daño, descripción y dimensión).

“Es el tipo de inspección que se hace para el desarrollo de trabajos permanentes”, recalcó Díaz Atienza.

Precisó que los daños están siendo evaluados tanto por empleados de la AAA, como de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. Esta última, que dirige Omar Marrero, fue creada por el Ejecutivo, en octubre, tras el paso de María un mes antes.

En el proceso, también participan consultores de las tres dependencias.

La evaluación se hace, principalmente, en virtud de la sección 428 de la ley federal Stafford, que permite a las jurisdicciones afectadas por un desastre recibir fondos partiendo de los estimados de costo para cada proyecto.

Otras secciones del estatuto, como la 404 y la 406, proveen fondos para mitigación de daños, y algunos se otorgan a discreción de los estados.

¿Qué procede?

Díaz Atienza explicó que, una vez culmine la evaluación, el equipo establecerá “un valor de los daños atribuibles a los proyectos” o mejoras requeridas.

Luego, FEMA analiza la cifra y decidirá sobre la asignación de fondos.

“Pero tenemos unos beneficios. Vamos a desarrollar estimados de todos los proyectos, pero una vez el dinero es provisto por FEMA, no estoy obligado a reparar exactamente lo que dicen los estimados. Podemos hacer proyectos más grandes”, destacó Díaz Atienza.

Mencionó, por ejemplo, la planta de tratamiento de Dorado, que quedó bajo agua durante el huracán porque ubica en un área inundable. El estimado de este proyecto incluiría el costo de la reparación de la planta. No obstante, unavez se reciban los fondos, la AAA podría optar por construir una nueva instalación en área segura.

“Lo bueno de este proceso es la flexibilidad, pero lo más importante es que los DDD se hagan bien… que se contabilicen todos los daños durante las visitas a las instalaciones. Una vez se entregan los estimados, se pierde la oportunidad de pedir más dinero”, destacó.

Díaz Atienza manifestó que el proceso también requiere que los proyectos que se desarrollen se rijan por los códigos de construcción vigentes “para que sean más resilientes”.

"Mejoras y resiliencia"

Hasta el momento, según los primeros estimados, la AAA calcula en $769 millones los “daños directos” a su infraestructura provocados por María.

“Esa es la cifra que aparece en el plan fiscal”, dijo Díaz Atienza, en referencia al nuevo documento revisado y certificado, a principios de este mes, por la Junta de Supervisión Fiscal.

A ese monto, sin embargo, el presidente ejecutivo le suma los $3,684 millones de lo que llamó “proyectos de mejoras y resiliencia”.

“No son daños directos, sino proyectos que dan más protección al sistema y que, si no se hacen, pueden afectar nuestra capacidad de respuesta en el futuro”, indicó, tras señalar que los “proyectos de mejoras y resiliencia” se dividen por prioridades.

La primera prioridad incluye proyectos como mejoras de capacidad de transferencia de agua y la seguridad estructural en las represas, relocalización de infraestructura en áreas inundables, reparación de tubería sanitaria y buscar soluciones energéticas para sistemas en riesgo. Se estima que costarían $2,254 millones.

Mientras, a un costo de $1,110 millones, la segunda prioridad abarca el rediseño de infraestructura en ríos e incrementar la capacidad de disponibilidad de agua (dragados).

La tercera prioridad es aumentar la capacidad de tratamiento de agua y añadir elementos de automatización al sistema, lo que costaría $320 millones.

“El reemplazo de la planta de aguas negras de Dorado es el más crítico de todos, y nos sostenemos en que podemos construir una nueva planta en otra área. Pero también tenemos troncales sanitarias, como las de Salinas-Guayama y Manatí-Barceloneta, que son críticas, y queremos que estén bien sólidas para evitar roturas. Queremos asegurarnos de que pueden resistir y seguir sirviendo ante un nuevo evento”, dijo.

En Utuado y Comerío, también hay proyectos “prioritarios”.

Opción para Guajataca

Por otro lado, la AAA analiza cómo aumentar las interconexiones en su sistema de distribución de agua.

De acuerdo con Díaz Atienza, la opción se pondera, a corto plazo, para la represa Guajataca, cuyo nivel se ha reducido para permitir la reparación de las fallas detectadas post-María. La represa, propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sirve a la región noroeste dela isla.

“Hay unas áreas de agua subterránea que pudiesen tener viabilidad. Mediante el hincado de pozos, pudiéramos quitarle carga al sistema de la represa de Guajataca para durar más tiempo con el agua que se pueda almacenar. Lo que uno busca es mover la carga a otro sistema”, dijo el presidente ejecutivo.

Recordó que, tan pronto se supo de las fallas en la represa, clientes de Camuy y Moca se sirvieron de “sistemas vecinos” gracias a las interconexiones, y “nadie se quedó sin agua”.

Lo mismo ocurrió con la reciente reparación de daños en la represa Carraízo, cuando la AAA sirvió a los clientes de Hato Rey, en San Juan, agua proveniente de La Plata y el Superacueducto.

“Se trata de crear más redundancia en el sistema”, afirmó.


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