El gobierno había estimado que el servicio de transporte marítimo entre Ceiba y las islas municipio sería parte de una APP temprano este año. (semisquare-x3)
El gobierno había estimado que el servicio de transporte marítimo entre Ceiba y las islas municipio sería parte de una APP temprano este año. (Gerald López Cepero)

Antes de que termine el año, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) espera seleccionar los operadores y desarrolladores de siete concesiones de activos públicos, que incluyen desde la construcción de una residencia estudiantil en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (UPR-RUM) y el sistema de transporte marítimo a las islas municipio de Vieques y Culebra, hasta la remodelación de siete muelles para cruceros en la bahía de San Juan.

Tales acuerdos representarían unos $1,120 millones en inversión, según datos revelados ayer por el director ejecutivo de la AAPP, Omar Marrero, quien aseguró que los pactos que el gobierno se apresta a firmar con operadores privados no se convertirán en proyectos fallidos como Plaza Universitaria, sangrarán al fisco o serán un lastre para los ciudadanos, como es el caso de los servicios de transporte marítimo.

“Todos los proyectos que estamos desarrollando están dentro del período de dos años (de tramitación) que es la experiencia en Estados Unidos”, dijo Marrero durante una sesión con periodistas celebrada ayer en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Según Marrero, tan pronto como en mayo, la AAPP debe haber seleccionado la empresa que sustituirá los contadores de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), un proyecto que supondría una inversión de unos $350 millones.

Además, en el segundo trimestre de este año, la AAPP debe haber seleccionado y completado la negociación con la empresa que desarrollará y operará la residencia universitaria, estacionamiento y espacios comerciales en el RUM, iniciativa que supone una inyección de $80 millones en la zona oeste de la isla.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a qué medidas se tomaron para que en caso de fracaso, la UPR en Mayagüez no acabe con una carga financiera como pasó con Plaza Universitaria en el Recinto de Río Piedras, Marrero sostuvo que el proyecto en la casa de los Tarzanes no tendrá la misma estructura de financiamiento.

A finales de la década de 1990, la UPR impulsó el proyecto de uso mixto Plaza Universitaria en el recinto riopedrense y, una vez la empresa privada fracasó gestionando el inmueble, la deuda quedó en manos de la UPR.

“En el proyecto de Plaza Universitaria no se transfirió el riesgo de financiamiento... Eso no ocurre en este porque el riesgo de financiamiento se transfiere al operador”, dijo Marrero, al agregar que en la APP prevista para el RUM, el operador privado construirá las instalaciones y recuperará su inversión de los ingresos de hospedaje, estacionamiento y alquiler de locales comerciales. La AAPP incluso intenta buscar que el RUM pueda recibir algún beneficio económico de la actividad comercial que llevará a cabo el operador, dijo el funcionario.

El gobierno también tomará previsiones en el caso del sistema de transporte marítimo a las islas de Vieques y Culebra, aseguró el funcionario.

“Es una de esas áreas donde el gobierno ha demostrado no haber sido eficaz”, dijo Marrero. El funcionario sostuvo que en el caso del servicio marítimo a las islas municipio, el gobierno transferirá la operación a manos privadas, pero ello requerirá subsidiarla.

Según Marrero, la expectativa de la AAPP es que teniendo a un ente privado, el gobierno pueda reducir lo que invierte en dicho servicio cada año. La operación de transporte marítimo a Vieques y Culebra le cuesta al gobierno unos $45 millones al año.

El estudio de viabilidad de una APP en el servicio de transporte marítimo apunta a que el gobierno se ahorraría unos $225 millones durante los 23 años que duraría el contrato con un ente privado.

A preguntas de El Nuevo Día, sin embargo, Marrero reconoció que será necesario fijar un tope para que el subsidio que pagaría el gobierno al operador de transporte marítimo no implique un desembolso ilimitado de fondos.

En ese sentido, Marrero sostuvo que las tarifas de ese servicio estarán reguladas y que las autoridades federales ya confirmaron al gobierno puertorriqueño que puede establecer tarifas distintas para los residentes de las islas municipio y los visitantes.

En el caso de la APP de transporte marítimo, al igual que la búsqueda de un operador privado para la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobierno ha pospuesto la selección de los operadores por unos tres meses.

En tanto, en la segunda mitad del 2019, la AAPP espera viabilizar unos $340 millones en mejoras a siete muelles para cruceros en la bahía de San Juan y reclutar a la institución que tendrá a su cargo la formación de nuevos policías, lo que implicaría otros $5 millones.


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