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El gobernador Ricardo Rosselló durante una comparecencia ante la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (horizontal-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló durante una comparecencia ante la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Señalando, entre otras cosas, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pretende “microadministrar” el gobierno de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares demandó por primera vez al organismo creado por el Congreso federal para renegociar la deuda y controlar las finanzas de la isla.

La demanda radicada en la corte federal de distrito, pasado el mediodía como un proceso adversativo en el contexto de los casos Título III de Promesa, solicita a la jueza Laura Taylor Swain que emita un interdicto y una sentencia declaratoria contra la JSF por entender que el organismo federal a través del plan fiscal y el presupuesto pretende imponer decisiones de política pública cuando tienen que ser recomendaciones “no vinculantes” y que, por ende, el gobernador no tiene por qué acatar.

“En un intento por controlar la política del gobierno, la JSF certificó el plan fiscal de la Junta, que contiene iniciativas de política que la Junta busca imponer al gobierno. Este uso de los poderes de certificación evade la preservación expresa por parte del Congreso de los poderes políticos y de gobierno del Estado Libre Asociado al gobierno bajo la sección 303 de Promesa”, reza la demanda de Rosselló Nevares y radicada por el principal abogado del gobierno y socio del bufete O’Melveny & Myers, John Rapisardi.

En tela de juicio el plan fiscal

Según la demanda, el remedio que solicita Rosselló Nevares no persigue que se declare nulo el plan fiscal aprobado por la JSF en abril pasado.

Sin embargo, el recurso de 39 páginas, en esencia, parece tirar por tierra la implementación de la hoja correctiva, al señalar que muchas de las propuestas incluidas en el documento como la suspensión del bono de navidad, la reducción de personal en el servicio o la consolidación de agencias y la manera en que se reformarán los planes de pensiones, son competencias del gobierno y no del organismo federal.

Lee la demanda

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En abril pasado, se anticipaba que Rosselló y la JSF terminarían en los tribunales. Entonces, el mandatario y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) entraron en discrepancias con la JSF por el alcance de las propuestas y los estimados macroeconómicos utilizados en el documento. En ese momento, por ejemplo, la Aafaf anticipó que la Universidad de Puerto Rico no aumentaría el costo de los créditos universitarios a los límites requeridos por la JSF y la Autoridad de Carreteras y Transportación hizo lo propio al plantear que no aumentaría los peajes como les era requerido por el organismo federal.

Legislar por la vía presupuestaria

Ahora que la JSF ha certificado su propio presupuesto -una vez determinó que el ejercicio del Ejecutivo y la rama Legislativa no eran cónsonos con el plan fiscal y que un acuerdo preliminar que incluía derogar la Ley 80 no se concretó- ha sido Rosselló, quien ha decidido acudir al tribunal.

El presupuesto aprobado por la Legislatura para el año fiscal en curso fue de $8,709 millones, mientras que el certificado por la JSF fue de $8,757 millones.

Sin embargo, la disputa entre la JSF y Rosselló no necesariamente se relaciona a la cuantía del presupuesto sino al uso que se dará a los recursos que reciba el gobierno.

“Las resoluciones de presupuesto no son simplemente ítems de presupuestos. En su lugar, la JSF las ha utilizado para dictar política sustancial y con el efecto de hacer nuevas leyes en Puerto Rico”, reza la demanda de Rosselló.

Entre algunas de esas acciones, la demanda destaca el lenguaje incorporado por la JSF en las resoluciones de presupuesto aprobadas por el organismo y que El Nuevo Día había destacado antes.

Entre estos, Rosselló argumenta que la JSF se excedió en sus poderes al fijar en la figura del secretario de Hacienda responsabilidad por cualquier gasto en exceso del presupuesto o suspender la capacidad de la Aafaf, Hacienda o la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para hacer cambios en el presupuesto sin contar con el aval de la JSF.

Incluso, Rosselló argumenta que la JSF pretende regir la operación del gobierno al determinar fondos adicionales a la Fundación Luis Muñoz Marín a pedidos de un directivo del organismo federal.

La demanda de Rosselló contra la JSF es la segunda disputa en torno al alcance del organismo federal. En noviembre pasado, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no daba muestra de que podía restaurar la red eléctrica tras el paso del huracán María, fue la JSF quien demandó a Rosselló para nombrar a un síndico de facto.

Entonces, la jueza Swain denegó el pedido del organismo federal, señalando que su rol no incluía tomar decisiones propias de la administración pública y que el organismo podía asegurar la supervisión de las finanzas públicas de la isla utilizando como herramienta el plan fiscal.

Temprano este jueves, la JSF dijo que se defenderá “enérgicamente” de cualquier demanda en su contra.

Por otro lado, tras conocer sobre la radicación de la demanda contra la Junta, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, emitió unas declaraciones en las redes sociales en las que felicitó al ejecutivo por defender al pueblo de lo que llamó unas "pretensiones napoleónicas de la Junta de Control Fiscal".

"Tenemos y debemos defender al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo correcto señor gobernador. Lo felicito. Ese presupuesto que se defenderá en el tribunal, incluye todos los recursos económicos que nuestro gobierno necesita. Ese presupuesto incluye los fondos para el bono de navidad y las licencias de vacaciones de los empleados públicos, los municipios, los departamentos de Seguridad, Educación, Familia, Salud y todo lo demás. Todo eso sin quitarle ningún derecho a los trabajadores del sector privado", afirmó. 

Agregó que "Puerto Rico tiene un gobierno electo democráticamente" y que no aceptará "un gobierno impuesto y abusador". 

Por su puesto, el presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez, también avaló la radicación de la demanda contra la Junta. 

“Partimos del principio básico de que en toda democracia quien rige los destinos del pueblo son los oficiales electos, funcionarios públicos del pueblo, trabajando para el pueblo. Las acciones de la JSF, particularmente, la de imponer un presupuesto operacional al gobierno, en donde establece ciertas reducciones en diferentes partidas de gastos y elimina otras totalmente, como la del bono de Navidad a los empleados públicos, no es otra cosa que la imposición de política pública a través del control de la cartera de gastos. Eso únicamente lo pueden hacer los funcionarios que nuestro pueblo seleccionó, libre y democráticamente, en las urnas”, indicó en expresiones escritas.

Méndez adelantó que la Cámara de Representantes asistirá al gobierno en este pleito judicial para lograr que en la isla se gobierne bajo un sistema democrático. 

"La Junta está para ayudar, no para gobernar, ese es el trabajo en quienes los hombres y mujeres, ciudadanos americanos en Puerto Rico, depositaron su confianza”, culminó Méndez.


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