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La AEE es una de las corporaciones públicas bajo jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y está en un proceso de renegociación de su deuda. (GFR Media) (Ramón “Tonito” Zayas)

En medio de su peor crisis económica y operacional, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quedó ayer descabezada tras la renuncia de cinco miembros de su Junta de Gobierno, incluyendo a quien pasado mañana hubiese asumido el cargo de director y principal oficial ejecutivo de la corporación pública, Rafael Díaz Granados.

El eje de las dimisiones en masa fue, precisamente, el salario de $750,000 al año que la Junta de Gobierno aprobó para Díaz Granados, quien hubiese sustituido a Walter Higgins.

Al filo de las 6:00 p.m. –y para asegurar un cuórum mínimo en el organismo rector–, el gobernador Ricardo Rosselló anunció el nombramiento de Elí Díaz Atienza, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y Ralph Kreil Rivera, expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, como nuevos integrantes.

Ambos se unen a Christian Sobrino, presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y María Palou, principal asesora de infraestructura del gobernador, quienes fueron los únicos que no dimitieron ayer.

A media mañana, Rosselló, quien designó a los cinco renunciantes durante el pasado año y medio, declaró que el sueldo de $750,000 otorgado a Díaz Granados “no guarda proporción” con la condición financiera de la AEE, la situación fiscal del gobierno ni el sentir del pueblo.

Por lo tanto, ordenó a la Junta de Gobierno “atemperar” la compensación, “o en su defecto, los miembros que no estén dispuestos a hacerlo deben renunciar a sus cargos, para que los asuman personas que trabajen arduamente en la búsqueda de un buen director ejecutivo dispuesto a trabajar por un salario que se ajuste a la realidad de la AEE”.

“Mezquino interés”

Poco después, Díaz Granados, quien presidía el Comité de Servicio al Cliente de la Junta de Gobierno, renunció. Según fuentes de El Nuevo Día, el ejecutivo no estuvo dispuesto a aceptar una reducción salarial.

A la renuncia de Díaz Granados se unieron el expresidente de la Junta de Gobierno, Ernesto Sgroi, el exvicepresidente Edwin Irizarry, el expresidente del Comité de Auditoría, Erroll Davis, y la expresidenta del Comité de Infraestructura, Nisha Desai.

Díaz Granados, Davis y Desai eran lo que la Ley 37-2017 define como “miembros independientes” de la Junta de Gobierno. El gobernador los seleccionó de una lista de candidatos que le sometió una compañía especializada en búsqueda de talentos. El Senado avaló sus nombramientos.

Sgroi e Irizarry, por su parte, eran miembros que Rosselló designó “en su libre albedrío”, según la Ley 37-2017.

Las fuerzas políticas en Puerto Rico han provisto una declaración definitiva de que quieren continuar con el control de la AEE. Cuando el mezquino interés político se pone por encima de las necesidades del pueblo, el proceso de transformación del sector eléctrico de Puerto Rico se pone en peligro”, expusieronlos renunciantes en una misma carta firmada por todos.

Sabemos que está al tanto de esta situación, y le deseamos bien en el proseguir de los procesos de transformación e, igualmente importante, en la separación de la política de Puerto Rico de las operaciones de la AEE”, agregaron en la carta dirigida a Rosselló.

El primer ejecutivo rechazó “contundentemente” las alegaciones de intromisión política que hicieron los renunciantes.

Mi compromiso con la transformación energética de Puerto Rico es inquebrantable. Mi deber es velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y así lo seguiré haciendo”, dijo.

Por el momento, en el organismo rector no hay representación de los clientes de la AEE.

Demora “indebida”

La AEE es una de las corporaciones públicas bajo jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y está en un proceso de renegociación de su deuda, de $9,000 millones, en virtud del Título III de la Ley Promesa.

Ayer, la JSF manifestó que las renuncias resultaron en “un vacío de liderato a los niveles más altos de la gerencia y gobernanza” de la AEE, tildó los eventos de “desafortunados”, y advirtió que “indebidamente demoran la pronta implantación de la transformación” de la corporación pública.

Según la JSF, la ruta para la transformación y rehabilitación financiera de la AEE está trazada en el plan fiscal certificado para la utilidad. Por eso, independientemente de cambios de puestos, “apego estricto” a la implantación de dicho plan “es crucial”.

La Junta de Supervisión urge pronta atención a la resolución de la presente situación en la AEE para que todos, juntos, podamos seguir hacia adelante con el importante trabajo que tenemos que hacer”, expresó el ente creado por el Congreso federal.

En esa línea, Tomás Torres, director del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, sostuvo que “este momento requiere de consensos, acuerdos colaborativos y la coincidencia de visiones y proyectos de futuro, para echar hacia adelante la infraestructura energética”.

En el contexto de la recién aprobada ley de privatización de la AEE y tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, Torres añadió que se requiere un plan de infraestructura eléctrica a corto, mediano y largo plazo, aprobado por la Comisión de Energía de Puerto Rico, con el aval de los diferentes sectores del país.

Evalúan candidatos

Desde un pasillo en la AEE, Sobrino dijo a los medios de comunicación que la designación de Díaz Granados a la jefatura de la corporación pública quedó sin efecto tan pronto renunció a la Junta de Gobierno.

Añadió que los renunciantes veían el salario de $750,000 como “un paso necesario” para llevar a cabo una “reestructuración interna” en la AEE, y “claramente hay una diferencia de criterio entre esa postura, la del gobernador y la que se ha percibido en el público en general”.

Sobrino informó que “se están evaluando varios candidatos” para sustituir a Higgins, cuyo último día como director y principal oficial ejecutivo es mañana. “Ahora mismo está el señor Higgins y, para esa fecha (domingo), habrá un director nuevo”, declaró.

Sobre este tema, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, manifestó que espera que la Junta de Gobierno de la AEE nombre, al menos, un jefe interino. Fuentes de El Nuevo Día indicaron que Díaz Atienza pudiera ser ese funcionario.

En cuanto al futuro de Higgins, quien renunció por razones personales y económicas, Sobrino indicó que no se convertirá en miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, contrario a lo informado anteayer por Sgroi. “No puede entrar como miembro independiente”, dijo Sobrino.

Higgins fue traído a la AEE con un sueldo de $450,000 al año, con posibilidad de duplicarse si cumplía con ciertas métricas de desempeño. Si hubiese llegado a la Junta de Gobierno, habría tenido derecho a una compensación de $5,000 al mes.

Sobrino, entretanto, se abstuvo de precisar si votó a favor de la designación de Díaz Granados. Admitió, sin embargo, que no discutió con Rosselló el asunto del sueldo de $750,000.

Por su parte, durante un receso en el cierre de la sesión extraordinaria, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que ese cuerpo investigará la designación de Díaz Granados.

“Queremos examinar resoluciones, minutas, votaciones… queremos verlo todo y hacerlo público para que el pueblo tenga total conocimiento de lo que ocurre y sepa que el Senado no le va a permitir a nadie actuar con soberbia, prepotencia y, sobre todo, con poca sensibilidad ante la necesidad del pueblo”, afirmó, tras sugerir que el sueldo del jefe de la AEE no debe sobrepasar los $200,000.

Desconfianza

Para el profesor de administración pública, Cecilio Ortiz, el “gran perdedor” en esta controversia es la “institución de la gobernación”, más allá de la figura de Rosselló.

“Es lo que se llama la tragedia de la desconfianza y la institución es la que sufre. Van a llegar actores, como Rivera Schatz y el congresista Rob Bishop, a tratar de llenar el vacío que la gobernación está dejando”, advirtió.

Añadió que “se demostró” que, aunque la Junta de Gobierno sea “profesional” –como la describía Rosselló–, “el poder político que da el peso económico que tiene la AEE hace que, aunque esté de rodillas o en quiebra, se lleve por el medio a todo el mundo”.

Leysa Caro y Alex Figueroa colaboraron en esta historia.


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