En el Congreso, aún está pendiente la batalla sobre el presupuesto, que mantiene un cierre parcial del gobierno federal. (GFR Media) (semisquare-x3)
En el Congreso, aún está pendiente la batalla sobre el presupuesto, que mantiene un cierre parcial del gobierno federal. (GFR Media)

Con su nueva mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas quieren dar un vuelco al debate de los asuntos sobre Puerto Rico en Washington D.C. a partir de mañana, cuando inicia la nueva sesión del Congreso estadounidense.

La agenda prioritaria que impulsaron las autoridades de la isla al cierre de 2018 se ha corrido hacia el 2019.

Con la batalla sobre el presupuesto todavía pendiente, lo primero que puede estar en agenda, a corto plazo, es tratar de insertar en esa medida iniciativas como una solución permanente al financiamiento del sistema de salud a través del programa Medicaid y una asignación especial adicional de $600 millones en fondos de asistencia nutricional.

Pero la nueva mayoría demócrata en la Cámara baja -que mañana tiene previsto elegir a Nancy Pelosi como speaker- ha prometido un mayor énfasis en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico, cuestionar las medidas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y supervisar los esfuerzos para transformar el sistema energético de la isla.

En la trastienda, está el debate sobre el status.

El pasado liderato republicano del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que llegó a coauspiciar el proyecto proestadidad de la comisionada residente Jenniffer González, reconoció al final de la sesión pasada que el próximo proceso de status deberá legislarse en Puerto Rico debido a que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no esperó, para el plebiscito de junio de 2017, por el aval del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como recomendó una ley federal de 2014.

Con la nueva sesión del Congreso, los demócratas controlarán la Cámara baja federal. Tienen asegurados 235 escaños, frente a 199 de los republicanos, con un puesto aún por decidir.

Sus oportunidades de desarrollar nueva política pública, sin embargo, estarán limitadas ante el hecho de que Donald Trump seguirá en la Casa Blanca y los republicanos, al frente del Senado, con una mayoría todavía pequeña (53-47), pero con dos escaños más que durante la pasada sesión.

Pedirán cuentas a Trump

Los demócratas ya han anunciado que se proponen pedir cuentas al gobierno de Trump sobre la respuesta federal al huracán María, sobre todo desde el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, presidido por Bennie Thompson (Misisipi).

Raúl Grijalva, quien a partir de mañana asume la dirección del comité cameral con principal jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, quiere centrarse inicialmente en supervisar el funcionamiento de la JSF, las medidas de austeridad que han puesto en marcha y el futuro del sistema eléctrico, que quedó aún más abatido tras el huracán.

Como presidente del Comité de Recursos Naturales, Grijalva ha adelantado que quiere crear una especie de inspector general que, desde el gobierno federal, fiscalice la renovación del sistema eléctrico, para el cual el gobierno de Puerto Ricoprevé reclamar hasta unos $27,000 millones. Grijalva también ha expresado interés en promover alguna legislación que permita suavizar los poderes del ente federal que controla las finanzas del gobierno de la isla.

Grijalva dijo a El Nuevo Día que, para cualquier iniciativa sobre Puerto Rico, buscará conversar con los demócratas boricuas del Congreso: Nydia Velázquez (Nueva York), José Serrano (Nueva York), Darren Soto (Florida) y la nueva congresista Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York).

También quiere esperar a un viaje de miembros de su comité a Puerto Rico para reunirse con diversos sectores de la sociedad, antes de programar su agenda formal sobre la isla.

El primer mes de un nuevo Congreso es generalmente de pura organización de los comités legislativos. Pero, tan pronto como en febrero, Grijalva espera organizar un viaje de los miembros del Comité de Recursos Naturales a San Juan para dialogar con las autoridades, grupos comunitarios y el sector privado en torno a los temas prioritarios de la isla.

Ni Velázquez ni la comisionada González, quien ahora estará en la minoría, han apoyado hasta el momento la idea de nombrar a nivel federal un inspector general para la AEE, en espera de reunirse con Grijalva.

Atenta la diáspora

La nueva sesión del Congreso puede ser una oportunidad para demandar “integridad, transparencia y rendimiento de cuentas de todos los oficiales públicos que tienen poder sobre el futuro de Puerto Rico”, indicó, por su parte, Gretchen Sierra Zorita, portavoz de la coalición Agenda Nacional Puertorriqueña, que reúne unas 30 organizaciones de la diáspora.

Junto a temas como Medicaid y la asistencia alimentaria, Sierra Zorita dijo que los grupos que representan presionarán a favor de la reestructuración de la deuda y “la reorganización de la AEE”.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá sostuvo que es evidente que tanto la JSF -cuyos nombramientos vencen este verano- como el gobierno de Puerto Rico se enfrentaran a un trato diferente desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja.

“Las presiones que vinieron de la Cámara en los pasados dos años, uno las entendía como una defensa de los intereses de los bonistas, del gas natural. Creo que van a haber presiones para que la JSF recapacite, reconsidere temas de la austeridad, los recortes y de buscar mayores sobrantes para pagar la deuda. Si van a ser exitosos, no lo sé”, indicó Acevedo Vilá.

Durante la pasada sesión, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense, más allá del tema del sistema eléctrico, miró de lejos el debate sobre la isla. Esa comisión seguirá a cargo de la republicana Lisa Murkowski (Alaska), pero los demócratas tendrán allí un nuevo portavoz, Joe Manchin (Virginia Occidental), uno de los más conservadores de la minoría senatorial.

Javier Ortiz, director ejecutivo de la organización FixPuertoRico.org y quien formó parte del Comité de Transición del presidente Trump, coincide en que habrá “mucha supervisión sobre la respuesta federal al huracán María” y cómo debe funcionar “la ley Stafford en jurisdicciones con recursos y capacidad limitadas”.

Pero también espera que se discuta cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en emergencias causadas por desastres naturales y por qué el buque hospital USNS Comfort no fue enviado a San Juan antes del ciclón. Otro aspecto que Ortiz confía que se indague es la razón por la cual “el gobierno local decidió ordenar a las personas que obtuvieran referidos de los hospitales” para poder recibir servicios en la embarcación.

Ortiz piensa que el Congreso querrá también conocer cuál debe ser el papel de la JSF “en proteger el dinero de los contribuyentes estadounidenses” asignado a la recuperación de Puerto Rico y si, de alguna forma, las asignaciones para mitigar el desastre causado por el huracán María van a pagar la deuda pública.

“¿Por qué hay personas que todavía tienen techos azules en sus hogares? ¿Debería el gobierno federal estar más cerca de las personas trabajando con alcaldes y/o organizaciones comunitarias?”, comentó Ortiz sobre las preguntas que, a su juicio, debe hacerse el legislativo estadounidense.

Mencionó que su grupo tiene esperanzas “en que el Congreso se moverá con mayor rapidez en obtener dinero para la gente que más lo necesita”, utilizando “cualquier herramienta que está disponible bajo el artículo 4 de la Constitución (de EE.UU.)”, que alude al poder del legislativo federal sobre los territorios.

Acevedo Vilá, quien fue comisionado residente en Washington, advirtió que la agenda de Puerto Rico puede también tener que superar un posible encono entre la Casa Blanca y los demócratas de la Cámara baja. “Las confrontaciones van a ser tan fuertes que eso puede hacer más difícil que los temas de Puerto Rico ganen prioridad”, dijo.

Dudas sobre el status

Respecto al status, aunque Rosselló Nevares ha indicado que quiere esperar por conocer si el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene interés en vincularse con un referéndum “estadidad sí o no”, Acevedo Vilá pone en duda que la administración Trump exprese interés en el proceso mientras el gobierno de la isla no le presente una propuesta formal.

A finales de noviembre, después de no haber convocado ni una audiencia sobre el proyecto proestadidad de la comisionada González, el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), recomendó retomar los esfuerzos para utilizar el lenguaje de una ley federal de enero de 2014 que ofrece $2.5 millones para ayudar a financiar un referéndum, a cambio de que el secretario de Justicia de EE.UU. certifique que las alternativas de status cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública federal.

Bishop advirtió que no haber esperado por la posible validación del plebiscito de 2017 por partedel Departamento de Justicia de EE.UU., “ha permitido a sus oponentes impugnar” los resultados de aquella consulta.

“No veo cómo Justicia federal se va a meter en ese tema sin una acción formal del gobierno de Puerto Rico”, indicó el exmandatario, y añadió que tampoco ve entusiasmo en el Partido Nuevo Progresista (PNP) con la idea de convocar este año un referéndum “estadidad sí o no”.

Como presidente de EE.UU., Trump ha rechazado la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU.

Si el gobierno del PNP decide convocar la consulta junto con las elecciones de 2020, cualquier respuesta dependerá de otro Congreso y de quienes ganen en Washington y San Juan los comicios.

La comisionada González, ahora en minoría, ha puesto su mira en el Comité de Transportación e Infraestructura, pues puede ser el que tramite cualquier plan de inversión en la infraestructura que acuerde Trump con el Congreso. Ese comité, en momentos en que el gobierno de Puerto Rico busca una exención en las normas federales de cabotaje para el transporte de gas natural, tiene jurisdicción sobre la Ley Jones de 1920, que regula ese asunto.

Velázquez, principal enlace con los asuntos fiscales, presidirá desde este mes el Comité de Pequeñas Empresas. Serrano, por su parte, encabezará uno de los poderosos subcomités de Asignaciones.

Ocasio Cortez es la novata del grupo. Pero, tras su victoria en las primarias de junio y su elección en noviembre pasado, se ha convertido en una estrella de los sectores más liberales y, con toda seguridad, en la funcionaria electa boricua más conocida en EE.UU.


💬Ver 0 comentarios