La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, está muy preocupada con la incertidumbre y falta de comunicación con el departamento de Educación y su secretaria, Julia Keleher.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) anunció hoy que someterá una petición ante el Tribunal Supremo para que reconsidere su sentencia a favor del cierre de seis escuelas en la región de Arecibo y tres en el municipio de Morovis.

La presidenta de la AMPR, Aida Díaz, dijo que la solicitud se amparará en “datos que surgieron ayer”, al indicar que el Departamento de Educación anunció una matrícula mayor a la usada para proyectar el cierre de los planteles, y a los señalamientos contenidos en un informe de la Comisión de Derechos Civiles en contra del proceso de los cierres.

“La decisión del Tribunal Supremo lamentablemente se basa en razones económicas, que son los motivos que obligan ahora todas las decisiones de nuestro nuevo Puerto Rico”, indicó Díaz.

El mes pasado, un juez del Tribunal de Arecibo ordenó paralizar el cierre de las nueve escuelas en la demanda por concluir que Educación violentó el derecho constitucional de padres y estudiantes al debido proceso de ley ya que la agencia no demostró que había completado un estudio “holístico, comprensivo y equitativo” para ordenar el cierre de escuelas ni había establecido un protocolo para apelar las directrices de la secretaria de Educación.

El Supremó emitió una sentencia en la cual ordena revocar la paralizar de los cierres de estos planteles. Tanto la jueza presidenta, Maite Oronoz, como el juez asociado Luis Estrella emitieron opiniones disidentes por no estar de acuerdo con el fallo de la mayoría.

“El juez (Luis) Estrella reconoce que con esta norma se le está dando una autoridad plenaria, absoluta, a la secretaria de Educación (Julia Keleher) para disponer de las escuelas, lo que claramente es un error. Sentimos temor de que los procesos democráticos puedan trastocarse”, agregó.

El gremio insistió en que el Departamento de Educación declare una moratoria de un año para darle “participación a los padres, a la comunidad escolar, para conversar con los funcionarios” de la agencia “sobre cómo llevar a cabo los cierres de escuela”. Esta fue una de las recomendaciones divulgadas ayer en el informe de la Comisión de Derechos Civiles.

“Estamos claros que hay planteles que tienen que cerrar, pero hay muchos que cuentan con matrícula y su infraestructura está en buenas condiciones a diferencia de muchas receptoras”, afirmó.

Por su parte, el Departamento de Educación informó que no emitirá expresiones adicionales en torno a la sentencia del Supremo, más allá de unas declaraciones escritas que enviaron ayer en la noche.

“El Tribunal Supremo validó la autorización concedida por ley al Departamento de Educación para consolidar planteles escolares. El proceso de consolidación de planteles no fue uno fácil, pero se hizo siguiendo las guías establecidas y garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes. Esta decisión nos permite continuar con la transformación de nuestro sistema educativo, cuyo norte es ofrecerle mayores beneficios y mejores oportunidades a nuestro estudiantado”, expresó Educación.


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