La sindicalista también destacó que otra de las expresiones hace la advertencia de que las escuelas charters no pueden implantarse violándole los derechos al magisterio. (horizontal-x3)
La sindicalista también destacó que otra de las expresiones hace la advertencia de que las escuelas charters no pueden implantarse violándole los derechos al magisterio. (GFR Media)

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, se expresó hoy confiada ante la resolución del Tribunal Supremo en el caso de las escuelas charter, que detuvo la decisión de inconstitucionalidad emitida por elTribunal de Primera Instancia y dijo estar lista para someter los alegatos.

A su vez, recordó, en un comunicado, las "contundentes expresiones del juez asociado Estrella Martínez quien declaró sobre la plenitud del derecho fundamental a la educación que tienen los estudiantes. Una de las expresiones catalogó de irregular el proceso realizado por el Departamento de Educación en el cierre de las escuelas".

En este sentido, citó las palabras del juez: "Claro está, al igual que la controversia de los cierres de escuelas públicas, la búsqueda de esa ruta no puede afectar garantías individuales y principios constitucionales".

"En ese ámbito, están en peligro garantías de padres, madres y estudiantes de escuelas cerradas en un proceso irregular", explicó Díaz.

La sindicalista también destacó que otra de las expresiones hace la advertencia de que las escuelas charters no pueden implantarse violándole los derechos al magisterio.

"Las advertencias son claras cuando dicen: 'en el eventual camino de la implantación no pueden afectarse los derechos de las escuelas públicas existentes que sean certificadas como Escuelas Públicas Alianzas. El balance de intereses así lo exige'", dijo.

"Además, más adelante en la sentencia, recuerda que la entidad privada tendría que administrar la escuela como pública y no como privada y anticipa nuevas controversias si se violan esos requisitos operacionales. En cuanto a los empleados públicos de esas escuelas 'heredadas' establece que no pueden estar expuestos a perder su interés propietario en sus empleos públicos y convertirse en empleados privados de esa entidad", subrayó.

Díaz y los abogados de la AMPR se mantienen en su posición de que el modelo charter establecido en la Ley 85 viola el derecho fundamental a la educación de nuestros estudiantes consignado en la Constitución y "haremos todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que es inconstitucional".

Sobre los tantos casos de fraude que se han visto en Estados Unidos por administradores de escuelas charters, la presidenta de la AMPR hizo un llamado a la secretaria de Educación, Julia Keleher, para que diga de una vez las empresas que podrían estar a cargo de las escuelas alianzas.

"Aprovechamos la oportunidad para insistir en que la secretaria Keleher deje de esconderle al país los nombres de las entidades privadas a quienes le quiere entregar los fondos públicos de la educación de los niños. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son esos mercaderes que quieren lucrarse a costa del sufrimiento de los niños", concluyó.


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