Guerrero advirtió que, ante la avalancha de proyectos que se avecinan como parte de la reconstrucción, es imprescindible cumplir con la regulación aplicable. (horizontal-x3)
Guerrero advirtió que, ante la avalancha de proyectos que se avecinan como parte de la reconstrucción, es imprescindible cumplir con la regulación aplicable. (Gerald López Cepero)

Casi dos meses después que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) determinó que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) impulsó la construcción del terminal de lanchas, en Ceiba, sin el permiso federal requerido, esa corporación pública otorgó un contrato adicional a la empresa que incurrió en la falta señalada por la agencia ambiental.

El contrato de consultoría ambiental fue concedido el 5 de febrero pasado por el entonces director ejecutivo de la ATM, Juan Maldonado, a la empresa SQR Architects & Engineers Consulting para que trabajara un plan de prevención de contaminación de aguas pluviales ante las omisiones en que incidió relacionadas con los permisos.

El contrato por $47,750 está vigente hasta el 30 de junio, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

“La Agencia federal de Protección Ambiental emitió la orden CWA-02-2019-3103 requiriendo la preparación e implementación del plan de prevención de contaminación de aguas pluviales y la radicación del permiso, de conformidad con el ‘Clean Water Act’ (Ley de Agua Limpia) en el Muelle 2 de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads”, indica el contrato.

“No efectuar estos trabajos acarrea el cierre del muelle y, por ende, privaría a la ciudadanía del único servicio de transporte marítimo colectivo entre el este de Puerto Rico y las islas municipios de Vieques y Culebra”, reconoce la ATM como parte del acuerdo.

La directora de la EPA en Puerto Rico, Carmen Guerrero, ha aclarado que no cerrarán el terminal, pero ha enfatizado que la ATM y la empresa deben cumplir con las disposiciones de la Ley de Agua Limpia.

Además, ha recalcado que el terminal se ubica en parte de la bahía Ensenada Honda, hábitat de varias especies en peligro de extinción, como el manatí.

La directora de la ATM, Mara Pérez, no ha respondido a dos pedidos de entrevista de El Nuevo Día para discutir los detalles de este segundo contrato. El primero fue otorgado el 18 de julio de 2018.

Hasta el momento, ningún portavoz de la empresa constructora se ha expresado.

La orden de cumplimiento de la EPA fue emitida en diciembre pasado, luego que la agencia federal determinara que la ATM y la empresa contratada incumplían con las mejores prácticas en la construcción para controlar la erosión, sedimentación y contaminación.

Además, este medio reseñó la semana pasada que el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) fue emitido luego que empezaran las obras en Ceiba. El permiso de uso se concedió meses después que se inaugurara la instalación.

La obtención de ambos permisos estaba consignada en el contrato de julio pasado, suscrito por el entonces director de la ATM, Luis Abreu. Ese acuerdo para impulsar el desarrollo del terminal ascendía a $831,140.

En una de sus cláusulas, el contrato original establece que SQR Architects & Engineers Consulting “se compromete a cumplir todas las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes y aplicables a los servicios objeto” del acuerdo.

Otra cláusula advierte que “la ATM podrá dejar sin efecto el presente contrato en cualquier momento si SQR es negligente, abandona los trabajos o incumple con sus obligaciones bajo este contrato en la ejecución de las tareas”.

El abogado ambientalista Pedro Saadé explicó por separado a este diario que este tipo de empresas de construcción e ingeniería conoce con precisión los permisos que se exigen antes de comenzar cualquier trabajo.

“Son prácticas de ingeniería adecuada que se siguen en todos los proyectos. ¿Por qué razón ahora el Estado tiene que pagar adicionalmente por algo que estaba contratado?”, cuestionó el abogado.

El ingeniero Alejandro Pinto, expresidente del Instituto de Ingenieros Ambientales, dijo que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores ofrece regularmente cursos de educación continua y orientaciones sobre los permisos requeridos por el gobierno y las autoridades federales antes de cualquier obra.

Asimismo, la directora de la EPA en Puerto Rico advirtió que, ante la avalancha de proyectos que se avecinan como parte del proceso de reconstrucción de la isla tras el huracán María, es imprescindible cumplir con las leyes y requisitos, tanto estatales como federales.

“El llamado es a asegurar (que se cumpla) con los requisitos federales y locales. Tanto para el gobierno, el sector privado y otras entidades, es bien importante, con miras al futuro, que todos estos proyectos cumplan con la reglamentación local y federal para la protección del medio ambiente y la salud pública”, puntualizó Guerrero.


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