(semisquare-x3)
La senadora Zoé Laboy. (Teresa Canino )

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Zoé Laboy, le solicitó hoy al gobernador Ricardo Rosselló que le pida a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la reasignación de $3 millones para el análisis de los 2,700 "safe kits" que se encuentran almacenados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

“Me paro aquí junto a los compañeros y compañeras para pedirle al gobierno de Puerto Rico que vea esto como una prioridad, como algo que hay que atender hoy y por eso pido que de las dos opciones… escojamos la del Ejecutivo presentarle la solicitud de reasignación de los $3 millones”, sostuvo la legisladora.

Laboy indicó que ayer, lunes, se reunió con la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko, quien le comunicó que una de las alternativas que tiene el gobierno para atender la emergencia es que el Ejecutivo vaya directamente ante la JSF y solicite la reasignación del dinero al NCF. La otra opción, según Jaresko, es esperar porque la que la Resolución Conjunta del Senado 335 complete el trámite legislativo, reciba la firma del gobernador y reciba la aprobación de la JSF. Esta alternativa, no obstante, tomaría más tiempo.

La Resolución del Senado 335, de la autoría de Laboy, transfiere $3 millones al NCF, dinero que saldría de partidas iguales de $1.5 millones en manos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

“A veces pensamos que son 2,500 safe kits, pero tenemos que materializar y personalizar, estamos hablando de miles de víctimas que se sienten que no se les ha hecho justicia y son miles de agresores que están en la calle buscando una próxima vista”, subrayó Stephanie Figueroa, directora interina del Centro de Ayuda a Víctimas del Crimen (CAVIC).

Laboy ofreció una conferencia de prensa hoy, martes, junto a representantes de organizaciones que atienden a víctimas de agresión sexual, como lo son: el Centro Salud Justicia, Centro de Fortalecimiento Familiar ESCAPE, Coordinadora Paz para la Mujer, CAVIC y la Red por los Derechos de la Niñez.

“Este asunto tiene nada que ver con política partidista. Este asunto tiene todo que ver con hacerle justicia a las víctimas y con sacar de la calle a los agresores”, sostuvo la senadora.

Expresó que la dilación en la examinación de los safe kits abonará a la emergencia. Detalló que en octubre cuando comenzó a investigar el tema surgió que habían 2,500 "safe kits" sin ser analizados, algunos de los cuales están bajo poder del Negociado desde el 2004. Mientras, ahora -tres meses después- el número aumentó a 2,700.

El Safe (Sexual Assault Forensic Exam) Kit colecta la evidencia relacionada a una experiencia de trauma por violencia sexual ocurrida dentro de las últimas 72 horas de acceder a un hospital.

“La realidad es que mi conclusión es que administración tras administración, por alguna razón, hemos ido dejando a un lado este tema de examinar los safe kits y no le hemos dado la importancia que exige”, puntualizó Laboy.

“En algunos casos esta es una evidencia fundamental para identificar a la parte agresora y lograr que se esclarezca el caso en los Tribunales. Entendemos que es una necesidad de carácter urgente el delegar fondos para la investigación inmediata de los SAFE kits. De esta manera estaremos protegiendo y haciéndole justicia a miles de víctimas y sobrevivientes”, expresó Stephanie Figueroa, directora interina de CAVIC.

“No estamos hablando de bolsas plásticas llenas de algo. Estamos hablando de niños y mujeres, en su mayoría, que están esperando allí por justicia” dijo Yadira Pizarro, directora ejecutiva de ESCAPE.

Pizarro señaló que en San Germán hay tres casos de menores -entre los ocho y diez años- que fueron agredidos sexualmente por alguno de sus padres biológicos y ninguno ha llegado a los tribunales ante “el temor de su madre o padrastro de iniciar un proceso sin la evidencia suficiente para que esta que persona sea convicta”.

“El mensaje que se ofrece cuando esto no es investigado es que la violencia queda impune en este país…y el mensaje que nosotros queremos llevar, señor Gobernador, es que, por favor, den un paso al frente por la niñez, por las víctimas del país”, sostuvo Pizarro.

Aleyka Restituyo, coordinadora de Casos de Centro Salud Justicia, añadió al respecto que las estadísticas muestran que las personas que agreden sexualmente tienden a repetir, lo que significa que existe una mayor probabilidad de que el ADN de una persona agresora ya esté almacenado. “La introducción de la información de ADN que se encuentra en estos kits ofrece una mayor posibilidad de que se encuentre o se identifica a una persona, incluso que haya cometido actos en el pasado y posiblemente se prevengan delitos futuros”, expresó.

“Estos safe kits sin analizar representan 2,700 agresores que podrían haber cometido delitos sexuales contra otras mujeres o niñas, pero cuyos crímenes continúan impunes. Los efectos para víctimas son terribles, ya que se les envía el mensaje de que un evento tan violento como una agresión sexual podría quedar impune”, dijo Vilma González, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer.

Laboy indicó que ha sostenido reuniones con personal de Fortaleza sobre el tema, pero la respuesta a su reclamo ha sido que ya hay una petición formal ante la JSF para allegar fondos al aparato de seguridad. Su preocupación con esta alternativa dijo, es el tiempo que tarde esta autorización, así como qué partida -si alguna- sería usada para el análisis de los "safe kits".


💬Ver 0 comentarios