Los conductores deben obtener la “certificación de orientación sobre la instalación adecuada de asientos protectores” para no recibir una multa de $100.

La discusión sobre las multas por no certificar la instalación de asientos protectores para menores en los vehículos regresó nuevamente a la Legislatura hoy, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley dirigido a eliminar estas sanciones monetarias.

La pieza legislativa -que fue propuesta por el Ejecutivo- elimina el requisito de que los conductores tengan que conseguir obligatoriamente una certificación del Negociado de Bomberos para transportar a menores en asientos protectores, así como la multa de $100 que recibirían de no poseerla.

“La implementación de este requisito ha provocado dudas y preocupación en la ciudadanía sobre la forma y manera en que se fiscalizará esta certificación. Por otro lado, el proceso de certificación (de) los técnicos conllevan 40 horas de entrenamiento y una inversión sustancial de parte del Estado. Al presente, los técnicos certificados no han sido suficientes para atender las miles de personas que deben cumplir con este requisito”, lee la exposición de motivos del proyecto de ley.

La medida dispone que los conductores podrán acudir a las estaciones de Bomberos para recibir orientraciones de técnicos sobre cómo instalar los asientos protectores. El representante popular Roberto Rivera Ruiz de Porras presentó una enmienda para que las orientaciones también se ofrezcan en las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias (OMME).

El Senado aprobó a principios del mes su versión del mismo proyecto, por lo que ahora ambos cuerpos deberán ponerse de acuerdo sobre la versión final.

Asimismo, la Cámara baja aprobó un proyecto de ley que le permitiría al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) negarse a atender o recibir cadáveres por “muertes naturales no sospechosas” que sean remitidos por hospitales o clínicas, entre otros.

De acuerdo con el informe de las Comisiones de Salud y Seguridad Pública, la acumulación de cuerpos que se registró desde el año pasado en el NCF se debe, en parte, a desconocimiento de las instituciones de salud sobre las instancias bajos las cuales una muerte se cataloga como sospechosa y debe ser referida a la agencia para una autopsia e investigación.


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