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El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, ha señalado que obtuvo información sobre supuestas irregularidades bajo la incumbencia de Julia Keleher en el Departamento de Educación. (Vanessa Serra Díaz)

Mientras el Departamento de Educación federal ha expresado interés en conocer detalles sobre la información que ha recibido la Cámara de Representantes en torno a las presuntas irregularidades en el Departamento de Educación, ese cuerpo legislativo formalizó ayer la investigación sobre ese asunto.

La Oficina del Inspector General de la agencia federal envió un correo electrónico a la oficina del representante Guillermo Miranda, en el que comunicó su deseo de reunirse con él como presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura y con los encargados de la pesquisa legislativa.

La misiva, firmada por el auditor senior Juan E. Santiago Díaz, señala que en la reunión participaría personal de auditoría y de investigaciones.

“Si el gobierno federal está haciendo a la Cámara un acercamiento en cuanto a la investigación de mal manejo de fondos federales, creo que, como país, nos tiene que levantar alta preocupación”, opinó la representante Brenda López de Arrarás, portavoz popular en la Comisión de Educación.

Mientras, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, cursó una carta al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, para solicitar la participación de López de Arrarás en el encuentro con los representantes de la Oficina del Inspector General de Educación federal, señalada para el 23 de abril.

La Resolución de la Cámara 1351 fue enmendada con la intención de ampliar su marco investigativo. Originalmente, se limitaba a examinar el otorgamiento del contrato de asesoría a Julia Keleher por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y ahora se extiende a “todo contrato y nombramiento” concedido por la exsecretaria mientras estuvo al frente de Educación.

La exposición de motivos de la medida alude a cómo, tras la renuncia de Keleher la semana pasada, “ha salido a la luz pública información sobre todo el proceso de contratación en el Departamento de Educación, así como nombramientos de funcionarios, acuerdos con entidades privadas, y otra serie de eventos, que aparentan estar siendo investigados por autoridades de ley y orden del gobierno de Estados Unidos”.

El representante independentista, Denis Márquez, no tuvo éxito ayer al tratar de ampliar aún más el alcance de la resolución para incluir otros temas, como el otorgamiento de contratos sobre el cierre de escuelas.

Defiende a su hermano

De otra parte, ayer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares abundó sobre las labores que realiza su hermano Jay Rosselló Nevares como socio del bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose, LTD (HNBR), que tuvo contratos con Educación.

Durante una conferencia de prensa, en La Fortaleza, en la que firmó la nueva ley de política pública energética, el mandatario indicó que, con la experiencia de más de 20 años que tiene su hermano en asuntos relacionados con educación, no se puede impedir sudesarrollo profesional en reformas de esta envergadura.

“Mi hermano Jay, como cualquier persona en el sector privado, tiene el derecho de buscar cómo crecer profesionalmente… El que mi hermano quiera trabajar con (escuelas) chárter es como si mi hermano tuviese experiencia en asuntos energéticos por 20 años y, porque acá se esté haciendo una reforma (energética), se discute que se va a beneficiar de alguna manera”, dijo el primer ejecutivo.

Anteriormente, Rosselló Nevares se había reservado detalles sobre la trayectoria de su hermano, y había dejado entrever que hacía labores de traducción por ser el único abogado bilingüe en la firma, mientras intentó desvincularlo de la contratación con Educación.

“Ha trabajado en esta firma como lo que se llama ‘back office’ de un sinnúmero de iniciativas para poder traducir lo que son documentos en inglés al español y viceversa. Es el único abogado bilingüe en esa firma, y por eso en sí ha facturado a la firma esos trabajos”, dijo entonces.

Sin embargo, Jay Rosselló Nevares publicó un comentario en el blog de la compañía, en el cual se puso a disposición de las empresas interesadas en administrar escuelas públicas en la isla.

Además, en una propuesta que sometió el bufete a la Universidad de Nuevo México, se evidencia que cobra una tarifa de $500 por hora, al igual que los accionistas y demás socios.

Para el gobernador, cualquier insinuación en contra de su hermano es un ataque político bajuno. “A mi familia, la dejan aparte de eso, por favor”, aseveró.

Pese a sus expresiones, una fuente de El Nuevo Día aseguró que ambos hermanos se reunieron en La Fortaleza, junto a Keleher, para discutir asuntos relacionados con las escuelas chárter. La reunión celebrada el 10 de diciembre de 2018, fue coordinada por Vanessa Milagros González Mayol, una consultora contratada por la exsecretaria.

De acuerdo a la fuente, tras la reunión, hubo un intento de visitar dos escuelas en San Juan, pero eso no se concretó.

Este diario solicitó a La Fortaleza una reacción sobre la reunión de diciembre, pero hasta ayer, no se había recibido una respuesta.

En esta historia colaboraron los reporteros David Cordero Mercado y Laura M. Quintero.


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