José Román, presidente de la Comisión de Energía. (horizontal-x3)
José Román, presidente de la Comisión de Energía. (Ramón Tonito Zayas)

La Comisión de Energía de Puerto Rico  se defendió hoy, lunes, de las alegaciones contenidas en su contra en el plan fiscal presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la Junta de Supervisión Fiscal.

El presidente de la Comisión de Energía, José Román, citó a una conferencia de prensa hoy para aclarar las referencias que hizo la AEE sobre el ente en el documento que preparó para la Junta, entidad que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico.

En gran medida, la defensa de Román se concentró en la decisión de la comisión para rechazar la propuesta de la AEE sobre la reforma tarifaria.

Explicó que la AEE propuso un modelo que le permitía entrar en gastos que luego se cobrarían a los clientes, mientras que la comisión optó por un mecanismo que les requiere primero informar cuáles gastos realizarán para que el ente regulador determine si son razonables.

“Rechazamos rotundamente la expresión o la manera en que se han tergiversado los hechos sobre la revisión tarifaria llevada a cabo en la Comisión de Energía”, sostuvo Román.

Román reseñó que el plan fiscal de la AEE alude que la comisión rechazó la propuesta de la Autoridad para un “Formula Rate Mechanism” (FRM), “adoptando un plan que no estaba atado al Plan Fiscal aprobado y en contravención de PROMESA y otras leyes aplicables, que intentan inapropiadamente que la Comisión tome control de las operaciones, presupuestos y prioridades de la AEE”.

Agregó que, según el mismo Plan Fiscal, “la Comisión consistentemente trata de ejercer control directo y excesivo sobre Autoridad, más allá de la revisión tradicional del PIR (Plan Integral de Recursos) y las tarifas, incluyendo áreas donde la Autoridad está implementando política pública gubernamental”.

Según Román, también se alega que “la Autoridad propuso una fórmula de ajuste para implementar un proceso de reconciliación automática, para atender los posibles cambios en presupuestos, costos y ventas. En vez, la comisión aprobó un proceso para ajustes que requiere acciones extraordinarias o permisos de la comisión, prolongando los procesos y términos”.

Ante estos señalamientos, Román aceptó que la comisión rechazó la propuesta de FRM, pero detalló cómo fue que llegaron a la determinación.

“Durante el procedimiento… se encontró evidencia de apagones excesivos, sistema deteriorado, envolvimiento político poco productivo en la gobernanza, finanzas y tarifas y la falta de disciplina en presupuestos y gastos”, precisó Román,

“Para que la tarifa sea justa y razonable, los gastos asociados a la misma tienen que ser razonables”, añadió.

Entonces,dijo que la comisión encontró que “era un riesgo muy grande autorizar el recobro de $3,400 millones de la tarifa de los consumidores cuando no había una disciplina en desarrollo de presupuesto ni una disciplina fiscal en la AEE”.

“Por lo tanto, la propuesta de FRM de la Autoridad lo que significa es: ‘nosotros gastamos el dinero, luego se lo decimos a la Comisión y la Comisión fuerza a los consumidores a pagarlos”, afirmó. “La comisión no acepta ese tipo de falta de responsabilidad en la autoridad. Por lo tanto, estableció otro mecanismo, de supervisar los presupuestos, antes de que se incurriera en los gastos, para asegurar que son razonables y así garantizar una tarifa justa y razonable”.

Igualmente, rechazó que la comisión afecte el cumplimiento de la AEE con los requerimientos de la JSF, pues aseguró que le pidió realizar un calendario en conjunto para la elaboración del plan fiscal, pero no lo hizo.

Román también dijo que necesaria la existencia de una entidad reguladora si se concreta la privatización de la AEE, para velar que el comportamiento de tarifas responde al interés público, sea con la Comisión actual u otra.

De hecho, considera que ante empresas privadas con accionistas tendría mayores garras para proteger a los abonados de decisiones que impacten las tarifas.

De concretarse también la fusión de agencias y la comisión quedaría debajo de una agencia “sombrilla”, Román entiende que no necesariamente perdería sus poderes de regulación, aunque dependerá del lenguaje de la legislación.

Pero en el plan, la AEE sugiere los cambios que tendri´an que darse en esa nueva entidad que le supervisari´a, indicando que “la AEE y los futuros duen~os privados requerira´n un proceso regulatorio razonable”.

Para Román, esa posición es típica de una compañía de utilidad que vende energía eléctrica, que busca zafarse de los controles que ha establecido la Comisión.

“El ente regulado no debe regular al regulador”, afirmó.

Reacciona La Fortaleza

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón L. Rosario Cortés,  rechazó las expresiones del presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, José Román, sobre la eliminación del ente regulador de energía.

“Invito al comisionado a que lea con detenimiento del Plan de Reorganización presentado por el gobernador y ponga los intereses de Puerto Rico sobre sus intereses personales. Actualmente, la Comisión de Energía se compone por tres comisionados y otros tres directores y administradores. Solamente los comisionados tienen un sueldo anual de $105,000 anuales”, sostuvo Rosario Cortés en declaraciones escritas, en las que no abordó los señalamientos de Román sobre la insistencia de la AEE en el método de FRM que frenó la Comisión.

Rosario Cortés agregó que “la política del gobernador es consolidar agencias para lograr eficiencias y ahorros en tiempos de grandes retos fiscales. Esto nos permitirá tener recursos para pagar los salarios de nuestros empleados públicos y la pensión de nuestros retirados”.

Asimismo, señaló que la medida que presentó el gobernador ante la Asamblea Legislativa no elimina la Comisión ni la regulación de este ente especializado.

“Por el contrario, el Plan de Reorganización presentado agrupa las tres entidades reguladoras del servicio público para que compartan servicios y sean más efectivas cada una con su estructura individualizada, a saber, Telecomunicaciones, Energía y Servicio Público. La legislación de la Comisión de Energía y sus facultades se mantienen intactas el Plan de Reorganización presentado”, explicó el portavoz de La Fortaleza.

Para concluir, Rosario Cortés indicó que la política energética del Gobierno y la transformación de la AEE serán determinadas por los funcionarios públicos que recibieron un mandato democrático del Pueblo.

“La política del gobernador es privatizar la generación de energía y conceder a término fijo su transmisión y distribución. En esa dirección es que trabajará el Gobierno. Si el señor Román Morales quiere imponer política pública, debe postularse para las elecciones del año 2020", puntualizó.


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