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El presidente de la Comisión Especial de Energía del Senado, Larry Seilhamer, enfatizó que los contratos con la AEE tendrán que cumplir con el marco regulatorio y la política pública que legislarán en un proyecto aparte. (GFR Media)

La aprobación de los contratos para la concesión y venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dependerá de que la Comisión de Energía los certifique, según una de las enmiendas que incluirá el Senado al proyecto de privatización.

El vicepresidente senatorial, Larry Seilhamer, adelantó ayer en una entrevista con El Nuevo Día que este es uno de varios cambios que incorporarán a la versión de la medida aprobada por la Cámara de Representantes.

La medida avalada por la Cámara de Representantes autoriza a la AEE a llevar a cabo las transacciones “sin tener que cumplir con cualquier proceso, requisito, aprobación o revisión de la Comisión” y limita las funciones de este organismo a “proveer ayuda técnica, pericial, financiera y de recursos humanos que la Autoridad solicite” una vez se hayan elegido las transacciones a realizarse.

“En ese contrato de alianza o venta, tiene que mediar una certificación de la Comisión de Energía que establece que ese contrato cumple con el marco regulatorio y la política pública energética, así que sí, va a a estar integrada al proceso de negociación”, sostuvo Seilhamer.

Dijo que, además, especificarán que la venta de activos está limitada a la generación. Mientras, todas las concesiones, incluso aquellas fuera de la transmisión y generación de energía, como podría ser la facturación o medición, se realizarán a través del mecanismo de Alianza Pública Privada (APP), fijado por la Ley 29-2009.

“Las conversaciones con el gobernador y con los representantes del gobernador han sido bien productivas. Ya estamos a ley de terminar todas las enmiendas para sometérselas al presidente (del Senado, Thomas Rivera Schatz”, señaló.

Las guías

Sobre el marco regulatorio y la política pública energética, dijo que se establecerá en una medida aparte para la cual disponen de un término de 180 días para su redacción, según el proyecto cameral aprobado.

Su diseño estará en manos de un grupo de trabajo integrado por miembros de Cámara, Senado y el Ejecutivo.

Enfatizó, sin embargo, que ningún contrato de APP o venta de activos podrá ser adjudicado “hasta tanto esté terminado eso”. “Tiene que cumplir con el marco regulatorio y la política pública energética”, sostuvo el también presidente de la Comisión Especial de Energía del Senado.

Sobre la posibilidad de establecer una escala sobre el precio del kilovatio-hora que pagarán los consumidores, Seilhamer indicó que se fijará en el marco regulatorio, donde también definirán cómo manejar los subsidios, las microrredes, la medición neta de la generación de energía renovable de manera individual y las fuentes de energía renovables.

Al diseño del marco regulatorio se integrará también la Southern State Energy Board, organismo contratadopor el Departamento de Energía federal para asistir al gobierno y a la Asamblea Legislativa en la confección del documento.

“Conceptualmente, todas las enmiendas fueron recibidas y acogidas. Lo único que queda por aprobar es el lenguaje. Ese lenguaje ya nosotros lo tenemos plasmado en un entirillado que debe estar ante la consideración del presidente del Senado para una última revisión”, señaló.

Seilhamer agregó que la medida debe estar ante la consideración del pleno entre martes y miércoles, y que el lunes se reunirán para ultimar detalles.


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