El FBI allanó la Torre Municipal de San Juan como parte de una pesquisa por obstrucción a la justicia y destrucción de documentos. (GFR Media) (semisquare-x3)
El FBI allanó la Torre Municipal de San Juan como parte de una pesquisa por obstrucción a la justicia y destrucción de documentos. (GFR Media)

La contralora Yesmín Valdivieso confirmó ayer que su oficina investiga -desde el año pasado- sospechas de irregularidades en el manejo de documentos en la División de Compras del Municipio de San Juan.

Valdivieso precisó que no solo buscan corroborar las alegaciones de movidas para favorecer a ciertas compañías en órdenes de compra, sino también la intervención con documentos.

“Desde el verano del año pasado, sabíamos que había ocurrido algo mal”, sostuvo Valdivieso, dos días después de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanara la Torre Municipal de San Juan.

“Entendemos que hay irregularidades con documentos y favoritismo en la selección de suplidores. Lo que no puedo confirmar todavía es que haya destrucción o falsificación de documentos. Eso es parte del trabajo que va a estar haciendo el FBI”, agregó.

Reiteró que la auditoría de su oficina sigue en curso, y que no puede entrar en más detalles “hasta que no salga el informe final” porque “tengo que ver que la evidencia es suficiente y preponderante”.

En entrevista con El Nuevo Día, Valdivieso precisó que la pesquisa está abierta desde que su personal allanó la Torre Municipal de San Juan en julio del año pasado, tras recibir confidencias de una empleada municipal.

“La persona que después demandó (al Municipio de San Juan) había ido a nuestras oficinas y había radicado una querella. Había tratado por todos los medios de hacer algo”, agregó. “Ya nosotros estábamos viendo el área de Compras (municipal), pero es mejor cuando las mismas personas que son testigos se nos acercan”.

Valdivieso se refirió a la licenciada Yadira Molina, quien trabajaba en la División de Compras de la alcaldía capitalina.

Molina demandó, en febrero pasado, al Municipio de San Juan alegando que sufrió represalias luego de advertir sobre irregularidades. Molina denunció que el entonces secretario municipal Magdiel Pérez Ortiz tomaba medidas para que las compras de la alcaldía favorecieran a la empresa BR Solutions, cuyo propietario es Leonel Pereira O’Neill.

En una entrevista con este diario, el 13 de julio del año pasado, un empleado de la División de Compras del Municipio de San Juan detalló también cómo Pereira O’Neill comenzó a licitar en el municipio a través de BR Solutions con la ayuda de Pérez Ortiz.

“De buenas a primeras, Magdiel Pérez le comienza a dar órdenes de compra de todo. A él le compraban desde camisetas hasta material de construcción. Las órdenes de compra a BR Solutions eran órdenes grandes”, afirmó la fuente en esa entrevista.

La fuente enumeró irregularidades en los procesos de subasta y en las compras a última hora.

Señaló, por ejemplo, que entre la evidencia con la que cuenta la Oficina del Contralor figura una orden de compra por $90,000 adjudicada a BR Solutions para la instalación de ventanas en las escuelas públicas adoptadas por el municipio.

De acuerdo con su versión, de las cuatro cotizaciones que se realizaron para esa compra, la de BR Solutions fue la más costosa, pero el secretario municipal mandó a adjudicarla -de todas formas- porque daba “el mejor servicio”.

Explicó que en esa orden de compras quedó inscrita una nota del equipo de compradores: “Por instrucciones de Magdiel Pérez, se le está comprando a BR Solutions, aunque es el postor más caro”.

Las computadoras de estos compradores fueron las que presuntamente se entregaron al personal de la Oficina del Contralor en el allanamiento del año pasado.

Por último, la fuente indicó entonces que, a raíz de la situación, se desaparecieron “todos los documentos que tienen que ver con BR Solutions”, incluyendo las copias originales de las órdenes de compra, las cotizaciones, los contratos y las facturas de Finanzas.

El martes, el jefe del FBI, Douglas Leff, dijo que pudieron conseguir suficiente evidencia de que sigue la intervención con documentos como para obtener la orden de allanamiento.

“Puede ser que un papel no esté y decimos que es un hallazgo administrativo”, dijo Valdivieso, “pero cuando empiezas a crear documentos que no son reales y a poner fechas anteriores, ya eso se convierte en falsedad ideológica, y lo convertiste en delito”.

“Si lo estaban haciendo mal, para mí lo empeoraron”, agregó.

Cuando se le preguntó si su investigación reflejaba que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz tenía conocimiento de lo que sucedía, Valdivieso indicó que “en este momento no tenemos evidencia de que esto (el esquema) haya salido del área de Compras”.

Destacó, no obstante, que todavía no ha recibido la auditoría independiente que Cruz dijo haber ordenado el año pasado.

El Nuevo Día volvió a solicitar ayer una entrevista con la alcaldesa, pero el pedido fue rechazado.

Mientras, la contralora indicó que su personal ha encontrado situaciones similares en oficinas de Compras de otras dependencias.

“No exactamente el mismo esquema, pero sí hemos referido a Justicia. Hemos encontrado cotizaciones falsas o favoritismos en muchos lugares. Las cotizaciones falsas son rampantes… Vemos de todo”, afirmó.


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