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Los gastos de recuperación luego de una emergencia van desde asistencia a familias o individuos hasta la remoción de escombros y la reparación de la infraestructura pública. (GFR Media/Archivo)

Por ocho años consecutivos, el gobierno de Puerto Rico no aportó un solo centavo al Fondo de Emergencia, que dependió de una línea de crédito en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que nunca se saldó.

La insolvencia del BGF llevó a que el año pasado, la administración de Alejandro García Padilla reanudara las aportaciones al Fondo de Emergencia con una asignación de $20 millones, ya que la línea de crédito de la que se dependía era inoperante. 

En el presupuesto vigente, se consignó una aportación de $15 millones adicionales.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha estimado que, actualmente, en el Fondo de Emergencia hay $34 millones para financiar los gastos asociados con la recuperación de la isla tras el cercano paso del huracán Irma.

Se trata de una cifra muy baja si se toma en cuenta que, para las inundaciones del 2008, provocadas por una vaguada estacionaria, se gastaron cerca de $58 millones en reparaciones a la infraestructura gubernamental y en asistencia a familias, según datos de la Agencia para el Manejo de Emergencias estadounidense (FEMA, por sus siglas en inglés).

José Iván Marrero Rosado, jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, precisó en una rueda de prensa el martes que el gobierno comenzará a sacar dinero del Fondo de Emergencia en la medida en que las agencias pidan un reembolso de los gastos asociados con el huracán.

“Hasta ahora, todo se ve bien. Las agencias han sido bien responsables en términos de documentar las reclamaciones”, agregó.

Esta sería parte de la documentación que necesitaría el gobierno para presentarle al gobierno federal para recibir, a su vez, reembolsos de FEMA.

En esencia, el Fondo de Emergencia sirve como una fuente de dinero en efectivo que mantiene las operaciones de recuperación en lo que el gobierno federal reembolsa una buena parte de los gastos en el proceso, que puede demorar meses.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, explicó que, en el peor de los casos, si el gobierno se queda sin dinero en el Fondo de Emergencia, puede utilizar el Fondo Presupuestario, que normalmente se utiliza para atender deficiencias presupuestarias, o la reserva que separó la Junta de Supervisión Fiscal, de $190 millones.

“Yo, sinceramente, no creo que esto (el huracán) afecte mucho el flujo de efectivo”, dijo Soto.

El deterioro del Fondo de Emergencia comenzó en el 2003 cuando se legisló para que el dinero en esta cuenta del gobierno no pasara los $150 millones. Previo a esto, lo más que podía tener esta cuenta era lo equivalente al 5% de las rentas netas de Hacienda.

En el 2006, el primer presupuesto aprobado por el gobierno compartido entre el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista, se legisló para que no se tuviera que hacer esa asignación al Fondo General. A partir de ese momento, se dependió principalmente del BGF para atender las emergencias.

De hecho, cuando el BGF comenzó a tener problemas serios de liquidez se separaba una partida de $500 millones correspondiente a la línea de crédito de emergencias.

Previo al año fiscal 2017, la última aportación al Fondo de Emergencias que aparece en los presupuestos se registró en el año fiscal 2008 y fue de unos $8 millones, según datos de la OGP.

Básicamente fueron ocho años en los que se suponía que se enviara el equivalente al 1% de las rentas netas del gobierno a este pote, pero nunca la cuenta recibió el dinero.

Para el año fiscal 2007, tras la insolvencia del BGF, se reestablecen las aportaciones al Fondo de Emergencia, pero se estipula que, a partir del 2018, el monto sería el 0.5% de las rentas netas estimadas por el Departamento de Hacienda para el año fiscal.


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