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La AEP es dueña de gran parte de las instalaciones gubernamentales, incluidas las torres de Minillas. (GFR Media)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) no está asumiendo, por el momento, una postura en torno a la demanda presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionando la validez de los contratos de arrendamiento en la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

La deuda de la AEP, que alcanza los $4,000 millones, está garantizada por las rentas que esta corporación pública les cobra a sus inquilinos, que en su mayoría son otras agencias o instrumentalidades del propio gobierno.

La acción legal de la JSF cuestiona la validez de esos contratos de arrendamientos y sugiere que, en realidad, son acuerdos diseñados específicamente para cubrir los préstamos o financiamientos de la AEP. Esto podría implicar que estos arrendamientos no son válidos como garantía de repago, como el gobierno representó ante los bonistas.

“Esto parece una forma de crear presión para que los bonistas de Edificios Públicos se sienten a negociar... Después de la negociación (de la deuda) del BGF (Banco Gubernamental de Fomento) y Cofina (Corporación del Interés Apremiante) las negociaciones con los bonistas se estancaron”, dijo a El Nuevo Día una persona cercana al proceso que prefirió que no se le identificara porque asesora a una de las partes en el conflicto.

Ayer, La Fortaleza evitó emitir declaraciones sobre la controversia y remitió cualquier cuestionamiento a la Aafaf. El director ejecutivo de esta dependencia, Christian Sobrino Vega. indicó que, por el momento, la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y por consiguiente Aafaf, “estarán observando el desarrollo del caso para asesorar a la AEP, según corresponda”.

El funcionario no respondió a una petición de El Nuevo Día para que definiera con mayor claridad la postura del gobierno. En cambio, sí se mostró interesado en alegar, en declaraciones escritas, que “la Junta no está demandando a la AEP como tal. Más (sic) bien es una acción judicial que se lleva para dilucidar el tratamiento financiero de las rentas”.

Aumenta la presión

Fuentes de El Nuevo Día entienden que todo esto responde a la lentitud con la que se ha movido el proceso de renegociación de los términos de la deuda tras el acuerdo preliminar con los bonistas de Cofina. Este acuerdo actualmente está bajo un proceso de ratificación y podría ser aprobado por la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos de bancarrota del gobierno, durante el primer trimestre del 2019.

La demanda contra la AEP, a la que también se unió el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), está enmarcada en una decisión de la propia jueza en la que se ratificaba que los bonistas de la AEP tienen prioridad sobre las rentas que reciba la corporación pública producto de los contratos de arrendamiento.

Estos contratos, sin embargo, tienen que ser válidos o cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de los casos de bancarrota. Y eso, tal vez, es el talón de Aquiles que lleve a los bonistas a negociar ante una posible pérdida de su prioridad de repago.

Alegaciones en la demanda

Entre las alegaciones levantadas por la JSF y la UCC se establece que los contratos eran una pantalla para evadir restricciones de modo que la AEP pudiera endeudarse.

En la demanda se alega que los contratos de arrendamiento establecen que la renta se fijaría para asegurar el pago de principal y los intereses de la deuda incurrida.

Resaltan que los contratos de alquiler tienen la misma duración que el período de repago de los bonos emitidos por la AEP y, en algunos casos, los acuerdos establecen que la agencia que alquila el inmueble también pagaría por las comisiones y gastos de estructurar la deuda de la corporación pública.

“Además, cada arrendamiento contiene una provisión ‘absoluta e incondicional’ que requiere al arrendatario pagar ‘renta’ en su totalidad en todo momento y bajo toda circunstancia por el resto del término del alquiler, aun si la propiedad ha sido vendida o destruida”, reza la demanda de la JSF y el UCC.

El asunto no se queda ahí. Algunos de los edificios que la AEP alquila a agencias hermanas en realidad pertenecen al gobierno central. Según la demanda, como parte de los acuerdos, el gobierno central le arrendó edificios a la AEP para que luego la agencia se los alquilara (al gobierno central).

En esencia, el gobierno central era arrendador y arrendatario de una misma propiedad. Con las transacciones, la AEP cobraba lo suficiente para pagar el principal y los bonos de la corporación pública. La AEP firmó dos contratos de este tipo en los meses de agosto y diciembre de 2011 con el Departamento de Educación.


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