La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, detallas las iniciativas que se tomarán para luchar contra el tráfico de armas que llegan a Puerto Rico.

Ante el volumen de casos que han proliferado hace varios años, la fiscalía federal estableció un nuevo equipo de investigación para enfrentar el tráfico de armas ilegales hacia Puerto Rico.

La creación de la Unidad de Armas también busca atender los complicados retos que plantea este tipo de contrabando, como los casos de personas que se dedican a ensamblar armas de fuego en sus casas para la venta ilegal.

En entrevista con El Nuevo Día, la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, precisó que asignó cinco fiscales para investigar y procesar los esquemas empleados por individuos y organizaciones criminales para traer armas a Puerto Rico.

Antes de que se estableciera este grupo, los casos de tráfico de armas eran investigados por la División Criminal de la fiscalía federal, que también pesquisa otro tipo de delitos.

Rodríguez, además, adelantó que la iniciativa se sumará a nuevas estrategias en desarrollo con otras agencias para ajustar los esfuerzos a las características propias del tráfico de armas ilegales.

“El tráfico de armas es una grave amenaza”, afirmó Rodríguez. “Vamos a atacar a los que están enviando esas armas y los que están recibiéndolas para entrarlas al mercado subterráneo de Puerto Rico”.

Al igual que otros funcionarios y exoficiales federales, Rodríguez y el fiscal Víctor Acevedo,  quien está a cargo de la nueva unidad, destacaron que este contrabando presenta complejidades diferentes al tráfico de narcóticos. 

El primer escollo que reconocen es que, al momento, no hay manera de estimar cuántas armas son introducidas de forma ilegal a Puerto Rico. Sin embargo, no dudan que lleguen en grandes cantidades.

“Yo diría que es casi tan activo como el trasiego de drogas porque ese es el instrumento de los narcotraficantes”, manifestó Pedro Janer, quien trabajó en la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por más de 20 años.

Mencionó que, según investigaciones sobre el narcotráfico, desde Colombia salen hacia Estados Unidos 700,000 kilogramos de cocaína al año. “De los 140,000 kilogramos que entran por el Caribe, el 20% se queda en Puerto Rico y el 80% sigue hacia Estados Unidos”, detalló Janer.

En cambio, en el caso de las armas ilegales, las autoridades buscan levantar más información que permita identificar y estimar mejor el flujo hacia la isla. Por el momento, las referencias más cercanas con las que cuentan son las armas ocupadas en intervenciones.

El director del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para la región que incluye a Puerto Rico, Ari Shapira, indicó que, “en promedio, se ocupan de 3,000 a 3,500 armas ilegales en Puerto Rico, mayormente por la Policía” estatal.

Y, para las autoridades federales, no cabe duda de  que las armas enviadas ilegalmente hacia Puerto Rico sonlas que utilizan los criminales en incidentes violentos, como el asesinato captado en cámara por varios ciudadanos y que causó revuelo el pasado Día de Reyes, en Isla Verde.

“Hemos visto que el 95% de los asesinatos en Puerto Rico se cometen con armas ilegales”, resaltó Jenifer Hernández, directora de la Unidad de Crímenes Violentos y Crimen Organizado, de la fiscalía federal en la isla.

Una muestra del problema

Para tener una idea de la magnitud de este contrabando, se podría utilizar como muestra la discusión que tuvo lugar durante una vista de  sentencia en uno de los muchos casos de tráfico de armas registrados los pasados años, lo que dio pie a la creación de la Unidad de Armas.

Mirando hacia la calle a través de un ventanal desde el estrado, el juez federal Jay García Gregory aseveró: “Puerto Rico está sufriendo una terrible violencia que tiene que ver con el tráfico de armas”.

Tenía de frente a Erick Cotto, quien se había declarado culpable por participar en un esquema -con otros dos acusados- para la venta de armas que trajeron ilegalmente desde Florida en 2017. Su defensa intentaba persuadir al juez para que redujera la pena lo más posible.

“Usted se involucró con (la venta ilegal de hasta) 28 armas de fuego… Le voy a dar 37 meses (de prisión) para que tome en cuenta lo que hizo”, sentenció el juez federal.

Entre las armas que vendió, había poderosos rifles modelo AK-63D, ST15, PAP M85, AKMS y AM-15, entre otros.

“Sus ofensas son bien serias y el tráfico es algo bien grave, dada las circunstancias que estamos viviendo”, puntualizó García Gregory. “Quién sabe cómo se iban a usar esas armas que usted trajo. Roguemos que no haya sido para terminar una vida”.

Esquema de compra

La mayoría de las armas ilegales en Puerto Rico provienen del estado de Florida, según refleja el rastreo de las que han sido ocupadas por las autoridades en la isla. Otras de las áreas de mayor procedencia son Texas y Georgia, según datos de la ATF.

“De las que vienen de Florida, entre el 80% y 90% son del área de Orlando”, comentó Shapira, quien hizo referencia a los rastreos de las armas ocupadas.

Según el fiscal Acevedo, no se trata de carteles grandes, sino de “grupos pequeños” que las compran en Florida “porque hacen ‘gun shows’ (ferias de armas) y porque hay un mercado secundario en el que alguien le puede vender un arma a otro con muy poca rigurosidad”.

De acuerdo con la inteligencia obtenida por las autoridades, esos grupos utilizan “compradores ficticios”, que son personas -preferiblemente sin expediente criminal- que compran una o varias armas utilizando tan solo una identificación, como una licencia de conducir.

A diferencia de las leyes de Puerto Rico, Florida es una de las jurisdicciones en Estados Unidos que no requiere una licencia especial para comprar armas de fuego ni hay que registrarlas.

“En una operación típica, un líder puede enviar hasta cinco personas que compran varias armas para llevárselas y él les paga por eso”, explicó Shapira.

El envío

Para lograr que lleguen a Puerto Rico, suelen esconder las armas en cajas con otros objetos, como computadoras, y las envían por el Servicio Postal de Estados Unidos o a través de compañías privadas de correo, según Shapira.

El fiscal Acevedo recalcó que la “inmensa mayoría” de las armas ilegales entra a Puerto Rico por el correo. Precisó que no solo llegan enteras, sino también “desmanteladas” o por piezas separadas porque es más fácil esconderlas.

Las partes de algunas armas están hechas en plástico, lo que complica aún más que sean detectadas.

Shapira indicó que igualmente llegan en las maletas de pasajeros en vuelos comerciales, pues las aerolíneas lo permiten siempre que estén bien guardadas.

“Algunas te dejan llevar hasta cinco armas”, comentó el director de ATF para la región que abarca a la isla.

Como las leyes en Puerto Rico son más rigurosas, cuando los pasajeros aterrizan en la isla con armas de fuego, tienen que comunicárselo a la Policía, pero eso no siempre sucede.

Mientras, las aerolíneas no están obligadas por ley a informarlo a las autoridades.

“Eso es algo que hemos tratado de atender por años”, dijo Rodríguez, al comentar que ha planteado el asunto al gobierno estatal durante varios cuatrienios, pero no ha tenido éxito.

“A las aerolíneas, les crea un problema con los pasajeros porque los incomoda. Por lo menos, no vemos que la mayoría de las armas de fuego vengan en maletas”.

Por su parte, Janer señaló que ha habido casos de armas que llegan por la vía marítima, en contenedores, desde otros países. 

“Hoy los (rifles) AK-47 no son rusos, son chinos”, comentó. “Es humanamente imposible ver cada contenedor… Tendrías contenedores detenidos por meses… Mi estimado es que de cada 10, tres son inspeccionados”.

Cuando llegan a la isla

Aunque en Puerto Rico no hay fábricas de armas de fuego, sí hay operaciones delictivas que se pueden considerar como actos de ensamblaje.

“Les llaman armeros de los narcotraficantes”, comentó Acevedo. “Se dedican a ensamblar armas para venderlas”.

Tan reciente como en octubre pasado, fue acusado un joven de 19 años que había ganado miles de dólares ensamblando armas de fuego en San Juan.

Según la declaración jurada de un agente de ATF a cargo de la investigación, el hombre ordenaba por internet las piezas de las armas de fuego, que llegaban a su casa, donde las preparaba para la venta. También alteraba armas para que disparen en ráfagas, lo que también es un delito federal.

Durante un allanamiento, los agentes recopilaron abundante evidencia en su taller. Tras arrestarlo, el imputado confesó haber vendido armas ensambladas a compradores en dos residenciales públicos, además de haber saldado deudas que tenía e intercambiado algunas por drogas.

Quienes reciben las armas ilegales enteras usualmente las almacenan para luego llevarlas a los compradores que las habían ordenado.

“Recuerdo el año pasado una muchacha de Cleveland que llevó cinco armas a Puerto Rico para conectar con una persona en un hotel en Isla Verde, donde la arrestamos”, dijo Shapira.

Otra modalidad es que se quedan con ellas para alquilarlas a otros criminales por un periodo determinado.

Acevedo dijo que no tienen información respecto a que, desde Puerto Rico, se exporten armas ilegales. Pero sí se ha documentado que, desde Estados Unidos, se exportan armas ilegales hacia otros países, a través de la frontera con México y hacia otros países en el Caribe.

Tan reciente como el 1 de febrero, un jurado encontró culpable al dueño de una armería en Orlando por exportar 166 rifles semiautomáticos y 30,000 municiones hacia Haití.

El dilema de las balas

Otro dolor de cabeza para las autoridades es detener la forma en que los criminales logran acceso a las municiones porque, más allá de conseguir las armas ilegales, necesitan balas para hacerlas funcionar.

“Sí”, contestó Rodríguez, cuando se le preguntó si había “tráfico de balas”.

Según el primer fiscal auxiliar de la fiscalía federal en Puerto Rico, Timothy Henwood, han observado que “hay personas que registran a su nombre armas de distintos calibre y salen de ellas sin informarlo, pero se quedan con el derecho de seguir comprando todas las balas que quieran para todas esas armas”.

“Vas a ver gente comprando cientos de miles de balas, diciendo que van a ir a disparar en un campo de tiro, pero en realidad las venden a organizaciones”, señaló Henwood. “Las compran legalmente, pero las venden para adelante a criminales”.

¿Negocio lucrativo?

A diferencia del narcotráfico, para el que existen estimados de las ganancias de las organizaciones criminales, las autoridades aún no tienen cifras aproximadas sobre cuánto dinero genera el contrabando de armas ilegales.

No obstante, por los casos investigados, conocen sobre el aumento del precio de venta en el mercado clandestino.

“Una pistola que vale $500 en Florida, te la venden ilegalmente en Puerto Rico por más de $1,100”, destacó Acevedo.

Según la declaración jurada en el caso del joven de 19 años, ATF logró detectar que el acusado había generado, por lo menos, $33,000 en ingresos en menos de un año.

En el caso de Cotto, admitió culpa por transacciones individuales que fluctuaban entre $2,000 y $9,000 por cada rifle ilegal.

Durante más de dos décadas en la DEA, Janer observó cómo los narcotraficantes no escatiman al invertir sus ganancias en la venta de drogas para financiar constantemente la actualización de su arsenal como medio de supervivencia.

“La relación del narcotráfico con el tráfico de armas ilegales es que es su medio para defender su imperio”,subrayó Janer. “Mientras más y mejor armamento tiene una ganga, más podrá proteger su imperio porque tiene ventaja, no solamente sobre las demás organizaciones, sino también sobre la Policía”.

“Yo digo que aquí tenemos narcoguerrillas porque están muy bien organizados. Ellos hacen su inteligencia, invierten mucho dinero en fuentes de información, vigilan los cuarteles, saben a la hora que cambia el turno, los policías que están en un cuartel en particular y la ronda que dan”, expuso el exdirector de la DEA en Puerto Rico.

Janer sostuvo que, en ocasiones, los agentes en la isla desconocen el alcance de estas movidas de los criminales.

“Quizás, el policía que patrulla en la calle no está adiestrado para saber lo que pasa detrás de él y solamente ve lo que tienen en la periferia, sin saber que lo están siguiendo o vigilando”, abundó. “Entonces, saben cuánto se va a tardar en responder la Policía a un tiroteo, y ahí es que vemos lo que ha pasado recientemente, con tiroteos a cualquier hora y abiertamente”.

Ofensiva interagencial

Ante ese escenario tan complejo, la fiscalía federal en Puerto Rico también ha entrado en nuevas coordinaciones con agencias como la Oficina del Inspector General del Servicio Postal, que realiza investigaciones criminales.

Entre ambas entidades, ya desarrollan la iniciativa denominada “Firearms by mail” (Armas de fuego por correo).

“Se van a destinar más recursos para detectar por dónde vienen las armas. Habrá más recursos, por ejemplo, en Orlando y más recursos para cuando llega el paquete y ver quién lo va a buscar”, explicó el fiscal Acevedo.

Otra iniciativa consiste en una mayor coordinación de la fiscalía federal en la isla, no solo con la oficina de ATF en Miami, que cubre a Puerto Rico, sino con las oficinas de esa agencia en los distritos desde donde se sospecha que se origina el tráfico de armas hacia la isla.

En particular, el esfuerzo más significativo ha sido una mayor comunicación con la división de ATF en Tampa, que no cubre a Puerto Rico, pero tiene bajo su jurisdicción la región de Orlando.

“Hemos mejorado mucho la comunicación”, dijo Shapira. “Nosotros no estábamos en Orlando y ellos no tienen agentes en Puerto Rico, y nosotros tenemos tres grupos que el año pasado hicieron 50 arrestos, además de otras acusaciones que están pendientes”.

Por su parte, la jefa de la fiscalía federal en la isla dijo que continuarán buscando vías para detener el envío de armas desde Florida, pues no está en su poder aumentar las restricciones legales para la compra de armas en ese estado. “Florida se convirtió en un talón de Aquiles hace muchos años. Cuando comencé aquí, estábamos tratando de determinar cómo atender ese problema, y los resultados los estamos viendo ahora”, expresó.

Las autoridades también confían en que consolidar más la Red Nacional de Información Balística Integrada (NIBIN, por sus siglas en inglés) podría ayudar en las investigaciones en Puerto Rico. Este recurso consiste de una base de datos que sirve para comparar la información captada de los casquillos de balas y armas ocupadas en escenas de crímenes en todas las jurisdicciones de Estados Unidos.

“De las más de 3,000 armas rastreadas el año pasado, desde octubre hasta ahora, se han logrado 35 vínculos entre escenas, disparos y los cartuchos…  Eso es más que los cinco años anteriores porque antes se enviaban los cartuchos a Estados Unidos. Ahora, se puede hacer en Puerto Rico”, resaltó Shapira.

Con estas y otras iniciativas en agenda, Rodríguez dijo que espera agilizar las investigaciones y las intervenciones que reduzcan la cantidad de criminales armados en la isla.

“Lo único que nos interesa es el número de armas que sacamos de la calle. La iniciativa de (procesar en la esfera federal los delitos de) armas ha reducido la cantidad de asesinatos por año desde el 2011, cuando hubo más mil”, afirmó. “Ahora, tenemos un nuevo complemento a las otras iniciativas que esperamos que tenga un impacto significativo”.


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