La magistrada Dein atendió mociones dirigidas a que la JSF, la ASR, la Aafaf y los acreedores produzcan información, sobre el monto del colateral de unos $3,000 millones en Bonos de Obligaciones de Pensiones. (horizontal-x3)
La magistrada Dein atendió mociones dirigidas a que la JSF, la ASR, la Aafaf y los acreedores produzcan información, sobre el monto del colateral de unos $3,000 millones en Bonos de Obligaciones de Pensiones. (Gerald López Cepero)

La magistrada Judith Dein indicó ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que debe responder al requerimiento de información que hicieron ciertos bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), mientras pidió a las partes que dialoguen y que el viernes próximo presenten un informe que permita completar el descubrimiento de prueba relacionado con la designación de un síndico en ese plan de pensiones.

En una vista de unas dos horas y media celebrada en Boston y en la que la magistrada dejó entrever su molestia por la poca precisión de los abogados, Dein atendió siete mociones dirigidas a que la JSF, la ASR, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y los acreedores produzcan información, presenten testigos o contesten a los interrogatorios en torno a cuál es, dónde se encuentra y cuál es el monto del colateral de unos $3,000 millones en Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés).

Las mociones tienen su génesis en un fallo del Primer Circuito de Apelaciones, foro que el año pasado determinó que los bonistas de la ASR sí poseen una deuda asegurada y que el colateral de los POBs, aunque necesitaría mayor claridad, serían las aportaciones que el gobierno hacía como patrono al plan de pensiones de sus empleados.

“Yo no sé qué hacer con su moción”, dijo Dein al abogado de la JSF, William D. Dalsen, al señalarle de entrada, que la objeción que había presentado en nombre de la JSF era general (“boilerplate”) y que con sus declaraciones ofrecía una respuesta vaga u ofrecía información que “no era cierta” a la corte.

Las expresiones de la magistrada se produjeron luego que Dalsen, de la firma Proskauer Rose, dijera a Dein que la JSF no tenía por qué contestar los reclamos de información de los bonistas de la ASR. Ello porque la JSF es solo un tercero y el pedido de los bonistas de la ASR era hacia el gobierno propiamente y porque él desconocía si su cliente había tenido algún rol en la aprobación de la Ley 106 de 2017 y la resolución conjunta 188 de ese año.

La resolución conjunta 188 de 2017 transfirió al Fondo General unos $390 millones en activos de la ASR, el Sistema de Retiro para Maestros y la Judicatura para pagar las pensiones de sus participantes. Mientras, la Ley 106 estableció el sistema “PayGo” y eliminó la transferencia de las aportaciones patronales a la ASR, las que, a su vez, se transferían al fiduciario de los POBs, para el pago a los bonistas.

Desde la perspectiva de los bonistas, ambas legislaciones minimizaron o eliminaron el colateral de los bonos POBs, afectando sus derechos. Tras el fallo del Primer Circuito a su favor, los bonistas solicitaron a la jueza Laura Taylor Swain que levante la suspensión automática de litigios provista en Promesa y se permita nombrar un síndico en la ASR. La vista procesal que Dein encabezaba ayer sería la zapata para ventilar ese pedido.

Sin embargo, minutos antes de las declaraciones de Dalsen, había quedado establecido que la JSF, la ASR y la Aafaf fueron participantes activos en el proceso que llevó a la aprobación de la resolución 188 y del sistema “PayGo”, uno de los argumentos que los abogados de los bonistas, Geoffrey S. Stewart, Matthew E. Papez, Sparkle L. Sooknanan y Cheryl Tedeschi Sloane, todos del bufete Jones Day, llevaron con éxito.

En la audiencia, el gobierno tampoco salió bien parado. El abogado de la Aafaf, William J. Sushon, dijo a Dein que el pedido de los bonistas -que incluye cualquier documento, recomendación o análisis que dio paso al sistema “PayGo”- sería complejo y oneroso. Sushon, de O’Melveny Myers, incluso dijo que era “muy difícil” que el gobierno pudiera proveer información o documentos previos a la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

Las leyes vigentes de Puerto Rico prohíben la destrucción de documentos y los estatutos vinculados a un cambio de gobierno, lo que se conoce como “proceso de transición de gobierno”, requieren la protección de documentos.

Dein estableció que el gobierno deberá proveer toda la información en su poder desde el 1 de enero de 2017 hasta octubre de ese año y que era deber del gobierno definir con más exactitud cuáles de esos documentos serían privilegiados.

Protestan en Boston

La vista procesal avanzaba en la corte federal en Boston mientras en las afueras de ese foro, los grupos Dignidad Comunitaria y Vamos4PuertoRico protestaban, señalando que los bancos de inversión que vendieron los POBs, no deberían recibir el dinero que corresponde a los jubilados.

La protesta recibió el endoso de la senadora demócrata y precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Elizabeth Warren, quien indicó que “Puerto Rico ha luchado por liberarse del peso aplastante de la deuda”, pero el Congreso “no ha proporcionado un alivio verdadero”.

“En cambio, el Congreso y la (JSF) que instaló han permitido a Wall Street saquear los recursos que los puertorriqueños necesitan para sobrevivir y recuperarse”, dijo Warren, quien radicó legislación el año pasado para cancelar la deuda de la isla.

Por su parte, un grupo de 17 congresistas encabezado por Nydia Velázquez (D-Nueva York) escribió a la JSF para que recupere las comisiones y pagos que recibieron los bancos de inversiones que habrían vendido casi $10,000 millones en deuda que se considera ilegítima.


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