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Las juezas Maite Oronoz (a la derecha) y Gina Méndez Miró están casadas y sus gemelos nacerán dentro de esa unión legal que las cobija. (archivo/ [email protected])

Cuando el 12 de febrero de 2016 Maite Oronoz fue nombrada a la posición más alta de poder en la rama judicial, sin duda alguna hizo historia: es mujer y es lesbiana. Casi dos años después, vuelve a romper esquemas y abrir caminos al anunciar que ella y su esposa, la jueza del Apelativo Gina Méndez, se convertirán en madres con la llegada de gemelos.

Con una escueta cita en la que confirma su embarazo y lo feliz que están en su familia, Oronoz marca con paso firme la lucha que por décadas han llevado grupos Lgbtt para que la ley les reconozca los mismos derechos que a las parejas heterosexuales.

“Para toda familia el nacimiento de un hijo es un momento extraordinario. El nacimiento de dos es una doble bendición. Agradecemos a todos aquellos que nos desean bien”, dijo ayer Oronoz.

En junio de 2015 y en lo que constituyó una sentencia histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Con la resolución del más alto foro judicial a nivel federal en el caso Obergefell vs. Hodges, debían caer como piezas de dominó los discrímenes que se habían perpetuado con las parejas del mismo sexo y alterarse toda protección jurídica que hasta ese momento se limitaba a los matrimonios heterosexuales: derechos, deberes, deudas, herencias y, por supuesto, hijos engendrados dentro de esa figura jurídica.

De inmediato, los matrimonios entre personas del mismo sexo florecieron en Puerto Rico y seis meses después del histórico dictamen, el largo camino de Ángeles Judith Acosta para lograr la adopción de la hija de su pareja, Carmen Milagros Vélez, terminó. Fueron 10 años de litigios hasta que la jueza Ladi Buono ordenó al Registro Demográfico inscribir a la quinceañera Juliana María con los apellidos de sus madres.

Oronoz y Méndez están casadas y sus hijos nacerán dentro de esa unión legal que las cobija.

Pero en el camino no todo ha sido miel sobre hojuelas. El estado de derecho se ha ido puliendo a pulso con casos que han requerido la intervención de los tribunales para hacer valer derechos que surgen por virtud de la decisión del Supremo del 2015, como el reconocimiento de que un hijo nacido en un matrimonio de una pareja del mismo sexo debe inscribirse con los apellidos de los que componen esa unión legal.

Orvaldo Burgos, exdirector ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, lo sabe muy bien. Hace poco representó a una pareja de mujeres a las que el Registro Demográfico se negaba a inscribir al hijo nacido bajo el matrimonio.

“Luego del caso Obergefell vs. Hodges de 2015, los estados tienen la obligación de reconocer los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales a las homosexuales y eso incluye la filiación. Bajo la ley del Registro Demográfico, eso no puede ser distinto para parejas homosexuales”, resaltó Burgos.

¿Qué está pasando en el Registro Demográfico?

—No los quieren inscribir. Pedir que adopten a los hijos es ilegal, inconstitucional... La figura del matrimonio no es meramente la relación entre adultos, hay derechos incluyendo la de los hijos.

Burgos, quien también es uno de los portavoces del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), reconoció la decisión del juez superior Anthony Cuevas Ramos de ordenar al Registro Demográfico inscribir el hijo de la pareja que él representó legalmente. Fue tan reciente como el 20 de abril de 2017.

En este caso, las madres del menor reclamaban que el Registro Demográfico discriminaba contra su hijo, que le negaban igual protección de las leyes y que por virtud de la decisión del Supremo del 2015, estaban obligados a reconocerle ese derecho al menor.

“La parte demandante argumenta que el Registro con su actuación le ha negado la igual protección de las leyes, atentando contra su dignidad, privándola de la legitimidad, seguridad, sustento y protecciones que están disponibles para las parejas casadas de sexo diferente”, dice el documento del Tribunal Superior.

El Departamento de Salud y el Registro Demográfico ripostaron pidiendo la desestimación. Los abogados del gobierno alegaron que no existe disposición legal que les imponga el deber de inscribir a un menor como hijo de dos madres y que, aunque reconocen la existencia del caso de Obergefell v. Hodges, la Legislatura de la isla no había “revocado” sus requisitos.

“La Legislatura en Puerto Rico no ha realizado legislación conducente a enmendar y/o revocar los requisitos y disposiciones de la Ley del Registro Demográfico para que autorice... realizar una inscripción de un menor como hijo de una pareja del mismo sexo”, argumentó el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, y la directora ejecutiva del registro, Wanda Llovet, a través de sus abogados.

“Resolvemos que el Registro deberá atemperar sus formularios y procedimientos a tenor con lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal en Obergefell v. Hodges”, ordena la sentencia del juez Cuevas Ramos, tras catalogar de “discriminatoria” la postura asumida por el Registro Demográfico.

Burgos dijo que el 26 de junio de 2017, el Supremo de Estados Unidos también revocó al Tribunal Supremo de Arkansas en el caso Pavan vs. Smith, similar al que se resolvió en la isla. “En este caso, el Supremo de Estados Unidos resolvió que no le pueden reconocer menos derechos a matrimonios homosexual”, dijo Burgos.


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