Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (semisquare-x3)
Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dieron la bienvenida este martes a la decisión del presidente Donald J. Trump de nominarles nuevamente como integrantes del organismo federal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

En un parte de prensa circulado este martes, agradecieron a Trump que les permita terminar su mandato a tres años y que concluye en agosto próximo.

“Los miembros (de la JSF) tienen un mandato importante: ayudar a Puerto Rico a recuperarse del peso de una deuda insostenible y décadas de mal manejo fiscal”, sostuvo el organismo fiscal al agregar que está confiado en que pueda alcanzar “pronto” otros acuerdos de reestructuración con los acreedores.

La decisión del presidente no es un endoso a la JSF

De inmediato, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony O. Maceira, expresó que el nombramiento busca “subsanar la incertidumbre jurídica” que se produjo tras el fallo del Primer Circuito de Apelaciones, pero este no es “un endoso” a las múltiples ocasiones en que la JSF habría tenido “un manejo errado de la Ley Promesa”.

Maceira pidió a la JSF a que no utilice fondos públicos para pagar a cabilderos que aboguen por la confirmación de los nominados presidenciales y dijo que de ser el caso, ello “sería un malgasto de fondos públicos”.

Anoche, el presidente Trump envió al Senado -controlado por la delegación de su partido- los nombramientos de José Carrión, Carlos M. García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos, José Ramón González y Arthur González, para que estos sean evaluados por esa cámara federal estadounidense. Ello, serviría para perfeccionar las designaciones que hace casi tres años hizo el presidente Barack Obama, cuando se aprobó y entró en vigor la ley federal Promesa.

Trump hizo las designaciones al tiempo que indicó que Puerto Rico continúa siendo pésimamente administrado por sus oficiales electos.

La decisión del presidente Trump convertiría en académica el pedido de moratoria que la semana pasada, presentó la JSF ante el Primer Circuito de Apelaciones y podría hacer innecesario que la Corte Suprema revise el estatuto que estableció un organismo por encima del gobierno electo del territorio estadounidense. Ayer, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la firma Aurelius Investment, entidades que levantaron con éxito la inconstitucionalidad de la JSF, se opusieron a que el foro federal intermedio extendiera el plazo de 90 días dado a Trump para perfeccionar los nombramientos en la JSF.

Empero, el proceso de confirmación en el Senado que ahora comienza podría abrir otras puertas en torno al alcance del estatuto federal.

Al emitir su decisión acerca de los nombramientos de los integrantes del organismo fiscal, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que los integrantes de la JSF son oficiales principales del gobierno federal de Estados Unidos.

En ese sentido, el reconocimiento de ese nivel jerárquico podría incidir en otros procesos judiciales en curso y en la forma en que se administra y opera la JSF.

Los fondos federales y la reclamación contra el gobierno de EE.UU.

Promesa establece que la JSF es una entidad del gobierno territorial de Puerto Rico y que por ende, su presupuesto es pagado con fondos del erario de la isla, lo que ahora podría cuestionarse. Una consideración similar podría aplicar en la asignación de fondos federales al gobierno de la isla, transferencias sobre las cuales, la JSF no tiene inherencia.

Durante meses se ha discutido en la capital federal la posibilidad de que el organismo fiscal tenga alcance para supervisar el uso de fondos federales a Puerto Rico.

De otra parte, la movida de Trump para perfeccionar los nombramientos de la JSF ahora sienta las bases para que continúe su curso una reclamación de varios fondos de inversiones encabezados -entre estos, Glendon Capital y Oaktree Capital Management- y que aspira a que el gobierno de Estados Unidos responda por el impago de la deuda del territorio puertorriqueño.

En julio del año pasado, la jueza Susan Braden, se negó a desestimar la demanda que los bonistas habían radicado contra el gobierno de Estados Unidos, por entender -tal y como concluyó el Primer Circuito de Apelaciones- que los integrantes de la JSF y ese organismo eran oficiales y una entidad del gobierno federal estadounidense.

Braden dejó en suspenso la resolución definitiva del caso ante su consideración hasta que se dilucidara la constitucionalidad de la JSF.


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