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La Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Tras demandar a cerca de 250 suplidores del gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que  establecerá un proceso fuera del tribunal para que estos empresarios afectados evidencien que sus contratos con el gobierno son legales bajo los estatutos de quiebra vigentes, incluyendo la Ley Promesa.

Este intercambio de evidencia fuera de la corte, alegó ayer la Junta, es para evitar que este proceso de reclamación de dinero por parte del organismo fiscal implique una enorme inversión en gastos legales.

“El propósito es proveer un proceso que sea eficiente, accesible, expedito y que no requiera altos costos de litigación”, estableció el Comité Especial de Reclamaciones de la JSF en una comunicación escrita. 

El protocolo iniciará el 31 de mayo  y conlleva, en primera instancia, un intercambio de información entre las partes. Los comerciantes demandados no necesitan la asistencia de un abogado en el proceso, aunque pudieran contratar uno si así lo desean, se informó.

Los asesores financieros del Comité, revisarán la información intercambiada para determinar si los pagos que recibieron los suplidores se justifican. Si ese fuera el caso, la Junta retiraría las demandas.

Por otro lado, si no se encuentra justificación suficiente, se procederá a buscar un acuerdo mutuo o se podrá proceder a litigar el caso en los tribunales.

Entre los documentos que solicitará el Comité de la JSF están los contratos que se estiman inválidos, las facturas emitidas y las órdenes de compras asociadas al servicio provisto, entre otros.

Mientras este intercambio de información se lleva a cabo, la Junta y el Comité Oficial de los Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) favorecerán en corte la suspensión de las acciones legales de modo que la controversia pueda solucionarse mediante un acuerdo mutuo.

La Junta informó que los asesores financieros del Comité de la Junta mantendrán una base de datos para darle seguimiento a la información y los documentos recibidos de parte de los suplidores.

Las demandas de cobro de dinero contra suplidores del gobierno afecta a empresarios que tuvieron negocios con el gobierno central, la Autoridad de Carretera y Transportación, y la Administración de los Sistemas de Retiro.


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