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El presidente del Senado,  Thomas Rivera Schatz, y sus correligionarios durante el caucus en que se discutió la propuesta del senador Miguel Romero. (horizontal-x3)
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y sus correligionarios durante el caucus en que se discutió la propuesta del senador Miguel Romero. (Xavier J. Araújo Berríos)

Al ponerle punto final ayer al debate sobre la Ley de despido injustificado (Ley 80-1976), el Senado no solo abrió la puerta para que se anule el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al presupuesto, sino que intensificó el clima de confrontación entre el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz; el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el ente que controla las finanzas públicas.

Tan pronto Rosselló Nevares supo que el liderato senatorial no apoyó derogar la Ley 80, como exigía la JSF, el primer ejecutivo la emprendió contra Rivera Schatz, a quien acusó de actuar en detrimento del país y motivado por razones políticas.

Al mismo tiempo, el presidente de la JSF, José Carrión, quien al igual que el mandatario se encontraba ayer en Washington D.C., advirtió que mantener vigente el estatuto laboral implicaría revertir al plan fiscal certificado, que contempla recortes en las licencias por vacaciones, días de enfermedad y el bono de Navidad.

“Hay un plan certificado. Si no (la derogan), revertimos al plan fiscal”, afirmó Carrión tras participar en un foro en la conservadora Fundación Heritage, en la que, junto al también integrante del ente federal Andrew Biggs, defendió las reformas estructurales que quieren imponer en la isla.

Revertir al plan fiscal certificado significaría, por lo menos, más de $300 millones en recortes presupuestarios durante los próximos cinco años.

Carrión sostuvo que las reformas estructurales buscan “generar crecimiento económico”. “Tenemos limitados poderes (para tomar decisiones que potencien el crecimiento económico), pero una de ellas es el área laboral”, enfatizó al responder a periodistas.

Los miembros de la JSF se reunirán el viernes de la semana entrante para discutir el presupuesto del próximo año fiscal, que entraría en vigor el 1 de julio.

Señala a Rivera Schatz

Al censurar el proceder de Rivera Schatz, Rosselló Nevares dijo que el líder de la Cámara alta optó por “obstaculizar” su gestión, y lo responsabilizó por los recortes millonarios que puedan sufrir los municipios y otras entidades gubernamentales al quebrantarse el pacto que alcanzó con la JSF.

“Puerto Rico acaba de ver cómo se hace política y no cómo se debe hacer un gobierno de futuro en momentos de retos y dificultad, con esta decisión lamentable del presidente del Senado. Seguiremos el camino del cambio y transformación que hemos forjado. Sin embargo, este era el momento de unirnos y juntos lograr salir del pasado vergonzoso que heredamos. Optó por obstaculizar, optó por seguir las mañas del pasado que nos han metido en esta situación”, aseveró el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

“El riesgo de la pérdida de miles de millones de dólares para Puerto Rico por concepto de reestructuración de la deuda recae sobre esta acción. De igual forma, la pérdida de millones de dólares en asignaciones para los gobiernos municipales que habíamos logrado recae también sobre el presidente del Senado”, abundó.

Reto en los tribunales

Rivera Schatz, por su parte, anticipó que acudiría ante el foro judicial para retar los poderes de la JSF para alterar el presupuesto.

“El Senado da por terminado el asunto de la Ley 80. No se va a derogar la Ley 80”, dijo Rivera Schatz. “Si nos correspondiera ir a los tribunales para litigar contra la Junta, les adelanto que ya conversé con los abogados para así hacerlo”, agregó en un aparte con periodistas al finalizar el encuentro de ayer en el que participaron representantes del Ejecutivo.

La derogación de la Ley 80 era una condición específica que presentó la JSF a cambio de desembolsar dinero adicional para los municipios, la Universidad de Puerto Rico, garantizar las licencias de vacaciones y días de enfermedad de los empleados del sector privado.

Durante la reunión del caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), la propuesta del senador Miguel Romero para adscribirle a la Ley contra el discrimen en el empleo (Ley 100-1959) algunos remedios de la Ley 80 fue derrotada en votación 15-5. Al tomar la decisión, la mayoría parlamentaria optó por no atender el asunto durante la presente sesión. El último día para aprobar medidas es el lunes.

Romero propuso crear un sistema de pagos fijos por despidos que violen únicamente la Ley 100 antidiscrimen, pero insistía en derogar la Ley 80, que atiende otro ámbito del derecho laboral al disponer remedios para las cesantías sin justa causa.

Los elementos de la propuesta de Romero que chocaran con la versión del proyecto para derogar la Ley 80 avalado por la Cámara serían armonizados, pero se protegería el fondo especial ideado por los representantes del PNP para compensar, con fondos públicos, a los trabajadores del sector privado que fueran despedidos.

Rivera Schatz se mostró sorprendido ante la insistencia de La Fortaleza por mantener un fondo especial de $100 millones de dinero público para pagar las mesadas de aquellos empleados con 15 años o menos de servicio que fueran despedidos desde el 1 de enero de 2019.

“Eso cambió la opinión de algunos de los compañeros”, dijo un senador bajo condición de anonimato al señalar que esa insistencia provocó que se debilitara la propuesta de Romero.

El Nuevo Día supo que la senadora Migdalia Padilla planteó en el caucus que los $100 millones eran necesarios para atender otras necesidades.

Rivera Schatz explicó que se opuso a la propuesta de Romero porque derogaba la Ley 80. Recordó que la JSF nunca defendió su proyecto de reforma laboral en vistas públicas, y que ningún perito pudo demostrar que eliminar ese estatutoredundaría en beneficio económico.

“Hay un grupo (los despedidos sin justa causa) que, si no tienen forma de establecer una causa de discrimen, quedaría desprovisto si el despido es injustificado”,indicó Rivera Schatz en alusión a la propuesta de Romero, exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos.

En la votación sobre la propuesta de Romero, participaron todos los miembros de la mayoría, excepto Carmelo Ríos, quien está de viaje. Solo favorecieron la iniciativa Romero, Itzamar Peña, Margarita Nolasco, Nelson Cruz Santiago y Abel Nazario, a quienes reconoció el gobernador, pues “a pesar de las presiones, trataron de evitar los males que hoy enfrentamos”.

Se distancia la Cámara

La Cámara de Representantes manejará la relación con la JSF de manera distinta. El presidente, Carlos “Johnny” Méndez, dijo ayer que tiene que estudiar cuál es la probabilidad de que prevalezca en un pleito con la JSF en defensa de las partidas del presupuesto. Agregó que considera la controversia sobre la Ley 80 terminada.

Cuando se le preguntó si la Cámara se uniría a un pleito que inicie el Senado para combatir los recortes que aplique la JSF, Méndez contestó: “Nos tenemos que sentar para ver cuáles son los argumentos y tomar una decisión”.

“La ley Promesa tiene supremacía sobre todo. No permite incluso que podamos demandar a la JSF. Tenemos que ver cuáles son los argumentos, la base jurídica para tomar una decisión. No va a ser un ejercicio fútil. Si tenemos más de un 50% de probabilidad de prevalecer, claro que vamos a estar ahí”, sentenció.

Estimó que, si opta por el litigio, retaría la capacidad de la JSF de establecer política pública.

Al reaccionar a la decisión del caucus del Senado, el secretario de Estado y gobernador interino, Luis Gerardo Rivera Marín, quien participó en el encuentro, advirtió que cada senador “habrá de asumir su responsabilidad”.

“Cada uno habrá de asumir su responsabilidad de cara a las consecuencias que el gobernador claramente expresó de no lograrse completar el acuerdo que se había llegado con la JSF”, señaló Rivera Marín.

“Ellos (la JSF) cursaron una comunicación con las consecuencias. Los empleados públicos no van a recibir su bono de Navidad”, añadió el secretario de Estado.

Se había indicado que Rosselló Nevares, quien cabildeó directamente con varios senadores previamente, participaría vía telefónica en el caucus, pero no fue así.

Rivera Schatz también rechazó una solicitud de los senadores Henry Neumann y Cruz Santiago para que el caucus se reuniera luego de la votación sobre la enmienda de Romero, pero sin los funcionarios.

También estuvieron presentes el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés; Christian Sobrino, representante del gobernador en la JSF; y el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra.

Ninguno de losfuncionarios adelantó qué paso tomaría ahora el Ejecutivo ante la decisión del Senado.


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