'¡Gobierno, regúlame!", solicita Félix Rivera, presidente de Adome. Escucha su propuesta.

Mientras hoy, la Legislatura daría paso al proyecto de reforma contributiva, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está inclinada a rechazar la medida, pues prevalecen las dudas acerca del impacto que tendría en el fisco legalizar miles de tragamonedas que operan fuera de casinos, lo que a su vez podría dar al traste con el plan fiscal, supo El Nuevo Día.

De acuerdo con fuentes de este diario, el organismo federal ha comunicado al gobierno y a la Legislatura su rechazo al lenguaje que surgió hace unas tres semanas desde la Casa de las Leyes mientras se discutía el proyecto de reforma contributiva sometido por el gobierno.

Entonces, de manera sorpresiva, se incorporó al proyecto de administración autorizar el establecimiento de unas 25,000 tragamonedas existentes que operan fuera de casinos, universo que a futuro podría aumentar hasta 45,000 unidades. Ello, a pesar de que un estudio de hace unos tres años y comisionado por el propio gobierno concluyó que autorizar la operación de tragamonedas fuera de casinos reduciría los ingresos por unos $56 millones al año.

“Hasta tanto la JSF pueda convencerse con datos y estudios que demuestren que la propuesta de videolotería no canibalizará los ingresos existentes del plan fiscal, la perspectiva de la Junta es que esta porción del proyecto de ley no tiene un efecto neutro sobre los ingresos y sigue siendo inconsistente con el plan fiscal”, indicó ayer, en declaraciones escritas, la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko.

Según Jaresko, la JSF no ha recibido información de la Legislatura que justifique la nueva política pública en materia de tragamonedas. Acto seguido, Jaresko sostuvo que de implementarse, el gobierno debe considerar que sean los operadores de estas terminales quienes asuman el costo de implementación y no el fisco.

Hasta anoche, empero, el comité de conferencia que atendía la legislación tenía la intención de pactar un acuerdo sobre las enmiendas a fin de bajar el proyecto a votación. Y eso incluía aprobar la videolotería.

La videolotería va

Ayer, el portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, reconoció a El Nuevo Día que el potencial impacto de la legalización de tragamonedas sobre los recaudos del gobierno les mantenía atrasados con las enmiendas que se negociaban en el comité de conferencia.

“Ellos (los miembros de la JSF) lo que están mirando son recaudos. Aquí hay un grupo que dice que van a recoger una cantidad bien grande y otros que dicen que no”, subrayó.

Ante las advertencias de la JSF, El Nuevo Día preguntó si la Legislatura estaría dispuesta a sacar del proyecto el lenguaje sobre las tragamonedas.

“Esto es un acuerdo entre Cámara, Senado y el gobernador. El acuerdo es que estaba incluido. Nosotros en el Senado hemos sido bien claros de que nosotros queremos una reforma contributiva, pero queremos que sea lo que acordó Fortaleza, Cámara y Senado. Hemos estado disponibles a variar asuntos… pero insertar y sacar cosas para las que ya teníamos acuerdos no es lo que estamos buscando”, dijo Ríos.

O sea, ¿las tragamonedas van?

—Es parte del acuerdo.

¿Ya se acordaron enmiendas?

—Están bien, bien adelantadas. Yo espero sacarlo mañana (hoy) antes de las 3:00 p.m.

Para 2019, la baja del IVU

El riesgo que supone la legalización de las tragamonedas al fisco no es el único factor de riesgo que preocupa a la Junta

Ayer, El Nuevo Día reveló que en aras de que la JSF dé su aval a la reforma contributiva, Legislatura y gobierno central negociaban con el organismo fiscal posponer la reducción del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre las comidas en restaurantes y alimentos preparados hasta octubre de 2019. El gobierno prometió reducir dicho impuesto de 11.5% a 7%.

La movida del gobierno en torno al IVU aparece detallada en un correo electrónico del asesor del organismo federal, Adam Chepenik, acerca de las fuentes de recaudos para financiar la reforma contributiva.

Según el correo electrónico examinado por El Nuevo Día, Chepenik escribió a unas 19 personas, entre ellas, una persona de nombre “Natalie”, quien pudiera ser la directora ejecutiva de la JSF, acerca de los mecanismos para financiar la reforma contributiva. En el correo electrónico, Chepenik señala que si el gobierno considera dilatar la rebaja en el IVU, la JSF no se opondría a esa propuesta, en especial, si se retrasa la reducción del IVU hasta octubre de 2019, pues ello cumpliría con los criterios de la JSF.

“No haremos comentarios sobre el correo electrónico”, indicó la JSF a este diario cuando se le preguntó acerca de la autenticidad del escrito de Chepenik.

El pasado 2 de noviembre, Jaresko escribió a los líderes legislativos cuestionando no solo el impacto adverso que podría tener la legalización de las tragamonedas. Entonces, también se advirtió que el proyecto de reforma contributiva complica la administración tributaria y puso en duda los objetivos de recaudos asociados a fiscalización contributiva.


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