Ana J. Matosantos (derecha) será parte del comité especial. (GFR Media) (semisquare-x3)
Ana J. Matosantos (derecha) será parte del comité especial. (GFR Media)

Justo al cumplirse dos años de existencia, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció este jueves que creará un comité especial para gestionar las reclamaciones que ese organismo federal podría incoar contra las entidades o individuos que con sus acciones pudieron contribuir a la crisis fiscal de la isla.

De acuerdo con una declaración de la JSF, el comité especial fue creado tras recibir el aval unánime de los directivos del organismo federal. El comité tendrá la encomienda de examinar los resultados de la pesquisa en torno a las razones para el colapso financiero del gobierno de Puerto Rico y hacer recomendaciones a la JSF.

El comité especial de reclamaciones estará integrado por Andrew G. Biggs, Arthur J. González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr., quienes llevarán a cabo una audiencia pública sobre el contenido del informe el próximo 18 de septiembre.

Según la ley federal Promesa, la JSF como representante del gobierno de Puerto Rico en los procedimientos del Título III tiene autoridad para radicar reclamaciones a nombre del gobierno puertorriqueño o sus dependencias acogidas el Título III.

La JSF encomendó investigar la deuda de la isla a Kobre & Kim, firma que presta sus servicios al organismo federal desde el año pasado, a razón de entre $573 y $1,062 por hora cuando se trata de abogados y entre $165 y $412 por hora cuando se trata de otros profesionales.

El pasado 20 de agosto, la firma publicó sus hallazgos de la pesquisa en un documento de unas 608 páginas al tiempo que logró el aval de la jueza Laura Taylor Swain -quien preside los casos de Título III- para establecer un procedimiento uniforme que asegure la conservación de los documentos recopilados por esta y el acceso a estos por parte de terceros.

El informe, cuyo contenido será traducido al español, consta de 17 capítulos más apéndices, que a su vez descansa en sobre un centenar de entrevistas y examen de documentos por parte de los investigadores.

El documento ofrece una narrativa de la dinámica que se produjo en varias instancias a la hora de que Puerto Rico colocara deuda en los mercados de capital y ofrece un resumen histórico acerca de la vigencia de la exención contributiva que el Congreso otorgó a Puerto Rico hace una centuria.

El documento presta particular atención a la emisión de Obligaciones Generales de 2014, destaca que no encontró evidencia de que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) buscara evadir el margen establecido en la Constitución para que Puerto Rico tomara prestado, mientras apunta a un posible mal uso de fondos obtenidos mediante deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esto, relación a las representaciones que se hicieron almercado a la hora de tomar prestado.

De igual forma, el informe establece que Puerto Rico engrosó su lista de deudas debido a la existencia de los fondos mutuos locales, una estructura que no es supervisada por la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) estadounidense.

Sin embargo, el informe parece dejar entrever que muchas de las posibles acciones contra terceros podrían haber prescrito, advierte que el voluminoso informe no constituye evidencia e incluso, hace recomendaciones de política pública para evitar una crisis similar que, en cierto modo, ya han sido adoptadas en Puerto Rico.


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