Partiendo de la documentación de la JSF, un empleado público con una pensión mensual de $775 podría dejar de recibir unos $75 al mes, lo que equivale a $900 al año. (semisquare-x3)
Partiendo de la documentación de la JSF, un empleado público con una pensión mensual de $775 podría dejar de recibir unos $75 al mes, lo que equivale a $900 al año. (Gerald López Cepero)

A pesar de la oposición del gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha optado por dejar en manos de la jueza Laura Taylor Swain el futuro de unos 325,860 servidores públicos activos y jubilados, y presentará en cuestión de semanas el plan de ajuste del gobierno central bajo el Título III de la ley federal Promesa.

A continuación la gráfica de los ajustes:

Y ese plan de ajuste, salvo que se logre algún acuerdo más benigno con el Comité Oficial de Retirados (COR), incluirá el recorte a las pensiones de unas 167,000 personas del que se ha hablado los pasados dos años.

Para el educador o la agente de la policía, el conserje o la enfermera jubilada del gobierno, al igual que para quienes se jubilarán después de una vida de afanes en el servicio público, el plan de la JSF podría significar desde ningún recorte en su chequecito hasta la pérdida de una cuarta parte de su sustento mensual.

Partiendo de la documentación de la JSF, un empleado público con una pensión mensual de $775 podría dejar de recibir unos $75 al mes, lo que equivale a $900 al año.

El plan que se propondrá también contempla la congelación de beneficios definidos para los participantes del plan de retiro de la Judicatura y del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) que todavía trabajan, al igual que otra serie de ajustes que, hasta la fecha, no han sido implementados por el gobierno.

Para los técnicos financieros, los ajustes deben lograr unos $694 millones en ahorros en el pago de pensiones o una reducción anual promedio en la llamada nómina “Pay-Go” de $180 millones. En octubre, ese objetivo de ahorro rondaba $714 millones.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, dijo ayer a este diario que, si se logra completar la documentación necesaria,el organismo fiscal podría presentar el plan de ajuste de deudas del gobierno central hacia la segunda mitad de junio.

El objetivo de la JSF es que la jueza acoja su propuesta en lugar de que, ante los limitados recursos para pagar a todos los acreedores del gobierno, puedan producirse recortes adicionales.

“No ha habido ningún cambio en la reforma a las pensiones”, afirmó Jaresko.

En la página 129, el plan fiscal certificado indica que “los sistemas de retiro de Puerto Rico deben reformarse todavía más para reducir costes y mantener los fondos adecuados para los retirados presentes y futuros”.

Jaresko planteó que, si la jueza Swain avala el plan de ajuste que se presente, el gobierno estará llamado a implementar la reforma de las pensiones, a pesar de la oposición vehemente del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Pero, si la jueza Swain revoca el plan de ajuste, reconoció la ejecutiva, Puerto Rico regresará al punto de partida que dio pie a la ley federal Promesa y a la JSF.

La reforma inconclusa

La reforma a las pensiones tiene cuatro grandes componentes.

Aunque se desconoce a la fecha una cuantía definitiva, la reforma contempla restituir a los empleados públicos activos los ahorros que, por años, aportaron para su retiro y que fueron utilizados para el pago de pensiones vigentes. Como parte de ese ejercicio, la JSF propuso, además, la creación de planes de contribución definida para empleados públicos o el equivalente a los planes 401(k) en la empresa privada.

La administración de Rosselló Nevares ya implementa esa estrategia.

El segundo componente de la reforma a las pensiones implica promover que policías, maestros y jueces que no cotizan al Seguro Social de Estados Unidos lo hagan.

El gobierno ha tomado acción para incluir a los miembros de la Uniformada, pero al presente, la JSF no conoce a ciencia cierta qué se ha hecho para implementar esa estrategia con los maestros.

Según el plan fiscal certificado, el gobierno debe aprobar legislación en o antes del 30 de junio para que estos empleados públicos coticen al Seguro Social.

El hueso duro de roer son los recortes en beneficios de pensiones que la JSF ha propuesto y que no se han implementado.

La JSF propuso congelar los beneficios de pensiones en el SRM y en la Judicatura.

Aunque, para el 2013, el exgobernador Alejandro García Padilla impulsó cambios a ambos sistemas para modificar la fórmula en que se determina una pensión, en los dos casos, la obligación contractual de pagar una pensión continuó vigente.

La JSF propone cerrar en definitiva dicha puerta y que maestros y jueces ahorren para su retiro como ahora es el caso en la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Los frutos de la bancarrota

Si bien desde que la JSF asumió su rol hace casi tres años se habló de recortes a las pensiones, no es hasta ahora, cuando avanzan los casos de Título III, que los ciudadanos comienzan a ver el impacto directo de la reestructuración.

En ese sentido, la reforma de las pensiones llegará en cuestión de semanas al despacho de Swain, al tiempo en que la jueza tiene ante su consideración el acuerdo definitivo con ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En ese caso, mientras se recortarían las pensiones, se avecina un alza en la factura de la luz que arrancará en 5% y que aumentaría hasta 28% en tres años.

Según Jaresko, en el caso de las pensiones, si se produjo algún cambio en los números, ello es secuela de nueva información actuarial y del propio retraso en la implementación de la reforma en retiro.

Pero ninguno de esos cambios alteró la necesidad y urgencia de los recortes, según Jaresko.

A grandes rasgos, para aplicar los recortes, la JSF decidió que ningún jubilado con una pensión mensual menor a $1,000 recibirá ajuste alguno. El resto de los jubilados, unos 110,220, verían una reducción partiendo del monto de su pensión.

Hace unos dos años, el número de jubilados afectados iba a ser más alto.

Pero, entonces y ahora, y a pesar de que la JSF insiste en un recorte promedio de 10%, el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel Fabre, destacó que, en realidad, los pensionados se exponen a un ajuste cercano al 25%.

De acuerdo con el exjuez, el plan de la JSF requiere dividir el impacto de los recortes que propone el ente fiscal, excluyendo a los jubilados que no verán ajuste alguno. Como resultado, según Fabre, el recorte propuesto en las pensiones sería más severo en un sector de la población que lleva años cediendo beneficios.

“Les dije a los miembros de la Junta que se vayan a una farmacia cualquiera y se sienten allí a escuchar a esos viejitos, pidiendo al farmacéutico que solo les dé la mitad de la receta porque no pueden pagarla”, dijo Fabre, al reiterar que una pensión mensual de $1,000 no alcanza para vivir.

Las negociaciones

Fabre y el equipo de asesores y abogados encabezan las negociaciones con la JSF en nombre de los pensionados.

El COR lleva meses negociando con la JSF en silencio y en ausencia de mediadores.

Fabre hizo claro que el COR se opone a los recortes que propone la JSF y el grupo impulsa cambios, tanto en el número de personas que podrían afectarse como en la magnitud de los recortes.

Hasta ayer, sin embargo, Fabre aceptaba que no hay dinero suficiente para pagar las pensiones y las demás obligaciones del gobierno.

“Tenemos que aceptar que las pensiones sufrirán modificaciones”, admitió Fabre, confiado en que las negociaciones resulten en un impacto menos severo al grupo que representa.

El pago anual de las pensiones bajo el sistema “Pay-Go” rondaría $2,443 millones a partir del año fiscal entrante. La cifra supera los recaudos del llamado arbitrio del 4% de todo un año o representa unos centavos de cada dólar que entra al erario.

Pese a tal realidad, Fabre dijo que el COR seguirá en la mesa de negociación porque dejar ese espacio abrirá la puerta para que otros acreedores busquen avanzar su causa.

“Vamos a continuar negociando”, dijo, por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros (AMPR), Aida Díaz, al señalar que también conversan con la JSF en un intento por convencerles de que su propuesta llevará a los educadores a la indigencia.

“Ha habido apertura de la Junta, pero no se ha dado una decisión”, dijo Díaz.

La AMPR clama por que, de producirse algún recorte en las pensiones de los maestros, se pueda proveer algún otro beneficio o incentivo que sirva de contrapeso.

Según Díaz, la JSF accedió a que una vez se presente el plan de ajuste, los maestros tengan la alternativa de votar por este, pero no ha habido otras concesiones.

Fabre y Díaz coincidieron en que la reforma a las pensiones supone un golpe tan fuerte al estado emocional de los jubilados que no hay tiempo que perder.

“Necesitamos que esta situación se aclare de una vez y por todas. El maestro no puede seguir en esta incertidumbre”, dijo Díaz.

Según la líder magisterial, la preocupación por el futuro es tal entre los educadores, que en junio próximo, unos 2,800 maestros dejarán el salón de clases para acogerse al retiro.


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