El representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino, recalcó que hay promesas que no se podrán cumplir debido a la falta de ingresos. (semisquare-x3)
El representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino, recalcó que hay promesas que no se podrán cumplir debido a la falta de ingresos. (Juan Luis Martínez Pérez)

En aras de que el gobierno no gaste más dinero del que recibe en sus arcas y que cumpla con los recortes a los que se comprometió en el plan fiscal certificado, el presupuesto modificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) restringe en una reserva el dinero que se utilizaría para aumentar el salario de maestros y policías.

Además, advierte que el gobierno tendrá que presentar informes trimestrales más allá de los requeridos por la ley federal Promesa antes de que pueda gastar un dólar adicional.

Tales condiciones están descritas en las resoluciones conjuntas que la JSF envió a la Legislatura el pasado martes como parte del proceso de certificación del presupuesto.

 En estos documentos, también queda establecido que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no podrá desembolsar dinero para cumplir con la promesa de aumento salarial que hizo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para maestros y policías, pagar el seguro social de los agentes y, mucho menos, autorizar la totalidad del presupuesto asignado a las agencias, a menos que el organismo federal dé su aprobación o se asegure de que la administración cumple con el programa de ingresos y gastos.

Las cortapisas establecidas por la JSF para procurar el balance fiscal a partir de julio próximo se suman a la derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado de 1976. Eliminar el estatuto que provee ciertos remedios a los empleados del sector privado forma parte de un paquete de reformas estructurales para encauzar la economía de la isla y es la pieza clave del acuerdo entre la JSF y Rosselló Nevares para evitar un litigio en los tribunales.

Para el representante del gobernador ante el ente federal, Christian Sobrino, tiene sentido que la JSF haya fijado condiciones para que se otorgue el aumento mensual de $125 a policías y maestros -a partir del próximo año fiscal- y que estos también estén sujetos a la derogación de la Ley 80, pues esta movida puede impactar la proyección de ingresos exigida por ese organismo.

Sin embargo, por tratarse de nuevas exigencias por parte de la JSF, Sobrino catalogó de “complicada” la interacción entre el gobierno y el ente a cargo de las finanzas públicas de la isla.

“Pero hay una realidad: uno puede proveer los beneficios (para los) que uno tiene los ingresos para apoyar presupuestariamente. Si no los tiene, no los tiene”, aseveró el abogado. “La proyección de ingresos es la parte clave que hace todos estos acuerdos y estos otros compromisos programáticos viables”.

Ayer, Sobrino destacó la importancia de que la Legislatura proceda con la derogación de la Ley 80.

“El efecto que tiene no llevar a cabo esa derogación implicaría una reducción en los ingresos disponibles presupuestariamente para el gobierno y haría muy difícil mantener una serie de beneficios, incluyendo ese aumento (de salario) y también el bono de Navidad a los empleados públicos”, indicó Sobrino.

“Si se puede cumplir el acuerdo, no debe haber problema con mover esa partida (el dinero para aumentos) a la sombrilla de Seguridad Pública. Si no se mantiene ese acuerdo, entonces hay que hacer recortes adicionales a través del gobierno”, explicó.

Camisa de fuerza

Ayer, fue un día movido en La Fortaleza, donde comenzaban a analizarse los cambios que la JSF hizo al presupuesto. Esto propició un encuentro entre el mandatario y los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

Al salir del encuentro, los líderes legislativos dijeron que Rosselló Nevares se comprometió a proveerles una lista de las incongruencias entre el presupuesto que él presentó y el remitido por la JSF, aunque no se indicó cuándo.

“Los estamos viendo (los cambios), y nos estamos sentando a hacer las comparaciones de ambos presupuestos. Y lo que le pedimos al gobernador, precisamente, es cuáles son las incongruencias para mirarlas en específico”, indicó Méndez.

El martes pasado, y a pesar de que las partes habían llegado a un acuerdo que permitía aumentar ciertas partidas en el presupuesto a cambio de eliminar la Ley 80, la JSF concluyó por segunda ocasión que el presupuesto de Rosselló Nevares no cumplía con la ley federal Promesa, y procedió a hacer los ajustes que entendió pertinentes.

Si las resoluciones se aprueban como están, sería la primera vez que el gobierno tendría una camisa de fuerza para disponer de sus fondos.

“El secretario de Hacienda, el tesorero, los directores ejecutivos de cada agencia o corporación pública cubiertos por el nuevo plan fiscal y el director de la OGP (o sus respectivos sucesores) serán responsables de que durante el año fiscal 2019 no se gaste ni obligue suma alguna que exceda de las asignaciones autorizadas para dicho año... Toda violación a esta prohibición constituirá una violación a esta resolución conjunta que rige el año fiscal 2019 y a la Ley 230-1974”, reza la versión presupuestaria de la JSF.

En otra parte del documento, la JSF establece que los informes trimestrales deben presentarse a más tardar 15 días después del cierre de cada trimestre, y que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la OGP certificarán que “ninguna cantidad” de las reservas del pago del seguro social en la Uniformada y los aumentos prometidos ha sido utilizada para cubrir gasto alguno. Esto, a menos que “las condiciones” para otorgar los aumentos “se han satisfecho”.

Reaccionan los maestros

Tras conocer las nuevas condiciones establecidas por la JSF, Grichelle Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros Local Sindical, el representante exclusivo de los educadores del sistema público de enseñanza, indicó que Rosselló Nevares prometió el alza salarial de $125 por mes “a partir del año escolar 2018-2019”.

“Son 10 años sin aumento de salario, y el costo de vida se ha elevado, losbeneficios se han reducido y algunos hasta eliminados”, dijo Toledo al indicar que el aumento propuesto no le hace justicia a los educadores.

Recortes por doquier

Mientras el gobierno y la Legislatura todavía buscan entender los cambios que hizo la JSF, El Nuevo Día analizó el texto de las resoluciones presupuestarias en controversia.

Habida cuenta que el gobierno no reveló el presupuesto revisado que presentó a la JSF el pasado 1 de junio, el análisis de este diario se centra en el presupuesto que Rosselló Nevares anunció a la Legislatura el pasado 22 de mayo (luego de su acuerdo con el organismo federal) y la versión modificada que la JSF publicó el pasado martes. Estos documentos se enfocan en el presupuesto vinculado al Fondo General.

El análisis demuestra que la JSF se aseguró de aumentar su presupuesto en un 7.8% y en otro 3.7% el presupuesto para pagar a los abogados en los casos de Título III, mientras recortó el de la Aafaf en casi 10%.

La JSF cumplió su parte del pacto con el gobernador al no tocar el presupuesto de la Legislatura, autorizar $50 millones a municipios y $25 millones para el fondo de becas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Pero, en el lado opuesto, la JSF le dio un machetazo de 41% a la Administración de Seguros de Salud (ASES), que por los siguientes dos años fiscales verá un alivio por los fondos federales de Medicaid. La JSF también quitó un 26% a la Oficina de Desarrollo Económico y Comunitario (conocida antes como el Programa de Comunidades Especiales) y 21% a la Oficina del Procurador del Ciudadano.

De igual forma, según la comparación entre medidas, al organismo federal no le tembló la mano para reducir en casi 12% el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, 11% a la Corporación para la Difusión Pública, así como 4%, casi 11% y 14% a los negociados de la Policía, el Cuerpo de Bomberos y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración Desastres, respectivamente.

La JSF también hizo valer los recortes a entidades como la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Comisión de Derechos Civiles.

“Esas agencias, además de ser independientes por definición de ley, van a tener un rol importante en lo que es el manejo de los fondos federales que vienen”, dijo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés.

“Lo que es Contralor de Puerto Rico, Contralor Electoral, el Panel del FEI y Ética Gubernamental son agencias que entendemos que tienen que tener los recursos que tienen hoy”, agregó.

La periodista Keila López Alicea colaboró con este reportaje.


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