Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

en carrera cuatro proyectos de energía solar y otro hidroeléctrico (horizontal-x3)
Aún están en carrera cuatro proyectos de energía solar y otro hidroeléctrico. (GFR Media)

De los cinco proyectos críticos de energía que –por el momento– la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) examina por la vía expedita, cuatro fueron parte de los 63 contratos de fuentes renovables otorgados bajo la gobernación de Luis Fortuño, cuyas cláusulas fueron descritas como leoninas y desfavorables para el gobierno.

De estos cinco proyectos, dos los promueven compañías privadas que aparecen canceladas en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Hasta el viernes, la JSF tenía ante su consideración nueve proyectos críticos de energía, que eran evaluados  en virtud del Título V de la ley federal Promesa. Pero ese día informó que descartó cuatro, por lo que quedaron en carrera cuatro proyectos de energía solar y otro hidroeléctrico. 

Esos cinco proyectos prometen, en conjunto, una inversión de $328.3 millones, procedente en su totalidad de capital privado. 

El coordinador de Revitalización de la Junta, Noel Zamot, no atendió una petición de entrevista para ofrecer detalles adicionales.

Las funciones de Zamot incluyen responder los comentarios públicos que se reciban sobre los proyectos y presentar un informe final a la Junta, que tenga, a su vez, recomendaciones al gobernador Ricardo Rosselló.

Si los proyectos reciben el aval de la JSF, su desarrollo –permisos y evaluación ambiental, por ejemplo– también sería expedito.

Poco después de que Rosselló anunciara, el mes pasado, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Zamot dijo que la JSF había recibido unos 40 proyectos para evaluación  bajo el Título V de  Promesa. La mayoría de esos 40 proyectos son de energía. Sin embargo, en la página electrónica de la JSF solo hay información pública sobre siete de ellos: cinco de energía, uno de transportación y otro de vivienda.

Firmados en 2011 y 2012

Los cuatro proyectos que datan de la administración Fortuño son de energía solar.

M Solar Generating propone instalar 260,000 placas en una finca de Vega Baja, a un costo de $110 millones, que generarían 50 megavatios. También en Vega Baja, pero a un costo de $55.6 millones, Renewable Energy Authority construiría un parque de placas solares que generaría 20 megavatios. 

En Cabo Rojo, Solaner Puerto Rico ubicaría una “planta solar”, que generaría entre 25 y 50 megavatios, y costaría $80.7 millones. Y en Arecibo, a un costo de $70 millones, Blue Beetle III instalaría placas solares, con un sistema de baterías de resguardo, con capacidad de 20 megavatios. Blue Beetle III es una de las compañías que aparece cancelada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Estos cuatro contratos fueron firmados, entre octubre de 2011 y junio de 2012, por el entonces director ejecutivo de la AEE, Otoniel Cruz Carrillo, y representantes de cada compañía.

Fueron contratos a 25 años, extensibles a 30. El costo por kilovatio-hora acordado fue de 15 centavos, que se elevaba a 18.5 al sumarle los créditos de energía renovable. Estos créditos son un mecanismo, creado en virtud de la Ley 82-2010, que obliga a la AEE a pagar al no poder producir por sí sola la energía que está comprando. Los contratos también tenían un escalador anual, que oscilaba entre 1.5% y 2%.

Con la llegada a la gobernación de Alejandro García Padilla, la AEE renegoció 18 de los 63 contratos de energía renovable otorgados bajo Fortuño. Fue imposible precisar si entre  los contratos renegociados están los que ahora analiza la JSF.

“De forma onerosa”

“El problema de casi todos eran las consultas de ubicación, pues muchos de estos proyectos se propusieron para zonas inundables, agrícolas o de alto valor ecológico. Además, muchos de los proyectos no tenían financiamiento”, recordó el ex director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, José Maeso.

Por su parte, Juan Rosario, exrepresentante del interés público de la Junta de Gobierno de la AEE, relató que, tan pronto llegó al ente rector en 2012, cuestionó la cantidad de proyectos firmados y expresó su malestar con los términos negociados.

“Eran términos que amarraban a la AEE de forma onerosa y con tecnologías que van a seguir avanzando. Cuando los contratos terminaran, el costo (del kilovatio-hora) sería más alto que el actual. Otro asunto fue que eran demasiados proyectos, que no iban a caber en la red”, dijo.

Eventualmente, la AEE comisionó a la compañía Siemens un “estudio de integración de renovables”, que concluyó que el sistema soportaba 600 megavatios. Los 63 contratos firmados totalizaban 2,200 megavatios.

Josué Colón, quien dirigió la AEE en las postrimerías de la gobernación de Fortuño, afirmó que en la corporación pública ya sabían sobre ese desbalance. 

“Por eso insistimos en que había que modificar el sistema”, dijo.

“La Ley 82 imponía unas metas (de generación con fuentes renovables) más agresivas de lo que el sistema podía resistir. Los inversionistas, en aquel entonces, estaban dispuestos a aportar capital para hacer las mejoras, pero en eso la AEE cayó en insolvencia y el resultado es el que hoy todos conocemos. Ante esa incertidumbre, la mayoría de los proyectos de energía renovable desistió de continuar adelante”, expuso.

Hidroeléctrica

El quinto proyecto crítico que la JSF evalúa es de energía hidroeléctrica en la represa Carraízo, en Trujillo Alto.

A un costo de $12 millones, StreamFlow Technology Corp. propone construir tres nuevas compuertas y usar el flujo de agua de descarga para alimentar tres turbinas, que generarían ocho megavatios. La construcción demoraría nueve meses.

StreamFlow Technology Corp. es la segunda compañía que aparece cancelada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

De los 21 sistemas hidroeléctricos construidos entre 1907 y 1984 en Puerto Rico, apenas seis operan en la actualidad. Su capacidad instalada es de 99 megavatios o un 1.7% de toda la red, pero la generación real oscila entre 40 y 70 megavatios, porque varias unidades están fuera de servicio por averías o mantenimiento. Así, las hidroeléctricas cubren actualmente solo el 0.4% de la demanda de los clientes de la AEE.

Salen de carrera

De los cuatro proyectos críticos de energía descartados por la JSF, la incineradora de Arecibo es el más conocido. Este proyecto, de $860 millones y propuesto por Energy Answers, tampoco cuenta con el aval de La Fortaleza. El mes pasado, Rosselló anunció que le retiraba su endoso.

También salió de carrera el Parque Eólico del Noreste, de New Era Eolic. A un costo de $47.5 millones, contemplaba la instalación de seis aerogeneradores en Vega Baja, que generarían 19.8 megavatios. El Departamento de Energía de Estados Unidos describe la calidad del viento en Vega Baja como “pobre” y “marginal”.

El tercer proyecto crítico descartado fueron las mejoras para reducir el consumo de energía y agua en los complejos correccionales de Bayamón y Ponce,  a un costo de $25.3 millones, que proponía NORESCO.

Por último, la JSF no dio paso al proyecto de reemplazo de unidades de generación de la AEE en Guayanilla, Salinas, Guayama, Yabucoa, Vega Baja, Toa Baja y Ceiba, a un costo de $538 millones. El consorcio Team Peaker Puerto Rico era el proponente.

El viernes, la JSF informó que eliminó los cuatro proyectos del “proceso crítico” por petición de sus proponentes.


💬Ver 0 comentarios