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Natalie Jaresko. (GFR Media)

El plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) va rumbo a su fracaso, a juzgar por nueva una carta en la que el ente fiscal advirtió a la administración que nuevamente actúa en contra del programa de balance presupuestario.

Ayer, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, escribió a la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, para indicarle que la propuesta para modificar el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que se ha presentado al Departamento de Agricultura federal no es cónsona con el plan fiscal certificado del gobierno central.

Según la carta de Jaresko, en lugar de implementar la reforma del PAN a partir del año fiscal 2020, la propuesta que la administración de Ricardo Rosselló Nevares presentó a Agricultura federal para modificar los beneficios del PAN entraría en vigor en el año fiscal 2023.

“Esta propuesta es explícitamente inconsistente con el plan fiscal”, dijo Jaresko en su misiva a Andújar Matos.

“La JSF proyecta que posponer la plena implementación del requisito de trabajo (al PAN) impactará negativamente el crecimiento y hará menos para reducir la pobreza en la isla”, agregó Jaresko.

La reforma del PAN

El plan fiscal certificado incluía entre sus reformas estructurales, varios cambios a las políticas públicas que inciden en el mercado laboral. Aparte de la derogación de la Ley 80, lo que no se concretó el verano pasado, el plan también incluye establecer el crédito por ingreso devengado (EITC, en inglés) y requerir que quienes reciben el PAN trabajen, estén en busca de un empleo, estudien o colaboren como voluntarios 80 horas por mes. Esta reforma fue una de las propuestas que la administración Rosselló Nevares hizo a la JSF como antídoto a la baja tasa laboral que prevalece en la isla. La reforma del PAN establece además que el requisito de empleo a las personas hábiles para trabajar se aplique a los participantes del programa 90 días después de que la persona comienza a recibir los beneficios.

En Puerto Rico, aunque no todos son mayores de edad o discapacitados y por ende, elegibles para trabajar, cuatro de cada 10 personas reciben el PAN.

Según la carta de Jaresko, el plan de Familia establece que el requisito de empleo se aplicaría nueve meses después de empezar a recibir los beneficios del PAN y el plan se implementaría paulatinamente, lo que descarrilaría las proyecciones económicas en el plan fiscal.

En síntesis, según la JSF, posponer el requisito de empleo a los participantes del PAN implicará retrasar el número de personas que se integren a la fuerza laboral formal. Ello redunda en menos crecimiento económico y menos ingresos al fisco.

Menos poder que la Junta de Washington, D. C.

La carta de Jaresko coincidió con un artículo de opinión del presidente de la JSF, José B. Carrión, y el también directivo de la JSF, Andrew Biggs, en el diario The Washington Post, en el que ambos aseguran que “Puerto Rico será por siempre pobre” si su fuerza laboral permanece al final de la lista cuando se trata de las economías del mundo donde menos gente trabaja.

“La Junta ha pujado fuerte por estas reformas”, indicaron Carrión y Biggs en su comentario en el Post y en el que parecen quejarse de que sus poderes bajo la ley federal Promesa no incluyen ordenar a la Legislatura de Puerto Rico a que se aprueben leyes particulares como fue el caso de la junta de control fiscal del Distrito de Columbia.

“La administración Rosselló acordó reformas al clima de negocios y al requisito de empleo (en el PAN), pero el gobierno está implementando ambas lentamente”, agregaron Carrión y Biggs al tiempo que destacaron que la legislatura puertorriqueña no acogió la reforma laboral para crear un mercado de trabajo “a voluntad” en la isla.

En duda el plan fiscal y la renegociación de la deuda

Los señalamientos de la JSF en torno a la pobre implementación de la reforma del PAN se producen justo cuando el ente fiscal debe presentarse ante la jueza Laura Taylor Swain para ofrecer un estatus del proceso de consulta del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

A su vez, la carta de Jaresko se suma a un puñado de señalamientos de la JSF en torno a las reformas estructurales certificadas en el plan fiscal y que serían claves para el crecimiento económico de Puerto Rico. Anteriormente, la JSF advirtió que la reforma contributiva aprobada no es la sombra de lo que se discutió inicialmente, censuró que no se diera paso al empleo a voluntad y ha puesto en duda, las medidas de reducción de gastos que debe poner el gobierno en vigor.

Dicho de otra forma, y tal como reseñó antes El Nuevo Día, salvo los cambios que se impulsan en la Autoridad de Energía Eléctrica y la aprobación del EITC, el resto de los cambios estructurales negociados entre la JSF y el gobierno no se han puesto en marcha y ello sucede, cuando faltan unos ocho meses para que los integrantes del ente fiscal cumplan su mandato de tres años.

Así las cosas y por primera vez de manera explícita, la JSF ha admitido que las reformas estructurales y el consecuente desempeño económico que sería indispensable para que el gobierno pueda reanudar sus pagos a los acreedores, no se consumará. Y ha hecho tal admisión, tanto en el comentario publicado en el Post como en la carta de Jaresko.

“La Junta insta encarecidamente al gobierno que alinee el plan propuesto del Departamento de la Familia con el plan fiscal”, indicó Jaresko.


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