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Las máquinas tragamonedas fuera de casinos le permitirían al gobierno ingresar entre $94 millones y $154 millones, según documentos suscrito por el economista José Alameda. (Agencia EFE)

El nuevo modelo contributivo que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley esta semana –y que abrirá la puerta para la instalación de miles de tragamonedas fuera de casinos– parece descansar en estudios y presentaciones confidenciales que ofrecen datos ambiguos sobre el impacto de estos equipos al fisco.

El Nuevo Día tuvo acceso a cuatro documentos que, según fuentes de este diario, podrían ser parte de la “evidencia” que la Legislatura envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el proceso de aprobación de la llamada reforma contributiva de 2018.

En dos de estos documentos, específicamente en los suscritos por el economista José Alameda, se plantea que el gobierno podría ingresar entre $94 millones y $154 millones. Esos recaudos dependerían de si el gobierno autoriza la instalación de 40,000 tragamonedas fuera de casinos y sus operadores pagaran una licencia de $20,000 por cada máquina y cada una generara unos $15,000 en ingresos al año.

Alameda habría hecho el análisis a petición de la Asociación de Operadores de Máquinas de Entretenimiento (Adome) para julio de 2017. En junio pasado, habría trabajado una actualización del análisis que se envió como propuesta de mayores recaudos a la Legislatura.

Según una carta suscrita por el presidente de la Adome, Félix “Willie” Rivera, el análisis se presentó como una propuesta de recaudos al gobierno de Rosselló Nevares en febrero del año pasado. La JSF también habría recibido una copia del documento.

“Adome está en total armonía con un proceso de reglamentación o regulación por parte del Estado, de manera que se brinde mayor estabilidad a la industria y evite todo elemento de ilegalidad”, indicaa el escrito de Alameda, con fecha del pasado 26 de junio. “Un resultante de este mecanismo sería el establecer las bases para tener mayores recaudaciones contributivas y no contributivas al erario público”, se añade.

Según la propuesta, el nivel de captación de los recaudos de tragamonedas rondaría “el 100%” porque se crearía un sistema “electrónico centralizado” que supervise y transparente todas las transacciones, incluido el pago de premios a los jugadores.

También, el análisis parte de la premisa de que en los próximos cuatro años, los recaudos de las tragamonedas irían al alza un 3% y, a partir del 2025, los aumentos anuales rondarían entre 2% y 1%.

La videolotería de Grecia

Aparte del estudio de Alameda, otro documento que examinó El Nuevo Día, y que habría sido enviado a la JSF, está descrito como “borrador” y para uso “confidencial”. El documento, aseguran las fuentes, habría sido compartido por Hacienda con la Legislatura. Se trata de una presentación con fecha del pasado 2 de mayo en la que no se identifica su autor.

En el documento, se explica que el Parlamento griego optó por legalizar unas 25,000 tragamonedas para poner fin a juegos ilícitos, movida que habría aumentado los recaudosde esa operación en 8% hacia el final del 2017. Sin embargo, al igual que concluyó un estudio en Puerto Rico, la misma presentación destaca que los recaudos por juegos de azar en Grecia han ido a la baja, como secuela de la crisis y el cambio demográfico.

En ese sentido, la premisa de que los ingresos de tragamonedas fuera de casinos irán al alza supone un contraste con la tendencia que exhiben los recaudos por juegos de azar que experimenta Hacienda. Solo los ingresos netos por tragamonedas en casinos al Fondo General han caído casi 18% desde el 2009, según datos de Hacienda.

Ayer, Rosselló Nevares dijo que su administración someterá ante la JSF los documentos de cumplimiento asociados a la reforma contributiva. Sin embargo, un día antes, La Fortaleza emitió un parte de prensa que señalaba que la JSF había “certificado” la reforma contributiva y se decía que la Legislatura entregó evidencia de sus razonamientos a la JSF en torno a las tragamonedas.

“(Christian) Sobrino, en su rol como director ejecutivo de la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) está sometiendo los documentos de cumplimiento que estaba solicitando la junta. Ya esta discusión se había tenido a la saciedad y el beneficio es significativo”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, al reiterar que la ley, cuya viabilidad ha sido puesta en duda por la JSF, entrará en vigor el 1 de enero próximo.


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