La investigación del Senado, revelada el 1 de noviembre, incluye referidos al Departamento de Justicia contra la comisionada electoral penepé Burgos y su hijo, Roberto Benítez Burgos, jefe de informática de la CEE. (GFR Media) (semisquare-x3)
La investigación del Senado, revelada el 1 de noviembre, incluye referidos al Departamento de Justicia contra la comisionada electoral penepé Burgos y su hijo, Roberto Benítez Burgos, jefe de informática de la CEE. (GFR Media)

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ha decidido designar a un abogado investigador para que lleve a cabo la pesquisa preliminar en torno al referido que le hizo el Senado sobre las operaciones en la Comisión Estatal Elecciones (CEE), particularmente las ejecutorias de la comisionada electoral novoprogresista Norma BurgosAndújar.

Así se desprende de una resolución de la OPFEI firmada el 29 de enero por su presidenta, Nydia Cotto Vives, y que se dará por recibida en la sesión del Senado de hoy.

Contrario a casos anteriores, la OPFEI no se activó luego de una investigación preliminar del Departamento de Justicia sino que inicia su gestión a partir del referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Con este proceso, el abogado investigador de la OFEI, cuyo nombre no ha sido develado todavía, iniciará la investigación preliminar- la que en otras ocasiones hace Justicia- y de acuerdo a los resultados de su investigación, el Panel del FEI determinará si asignado o no un Fiscal Especial Independiente.

Esta tarde la portavoz de Justicia, Mariana Cobián, se limitó a decir que el referido que por este mismo tema le envío el Senado a esa agencia “está bajo investigación”. De manera que, en la práctica, habrá dos pesquisas criminales al mismo tiempo sobre un mismo asunto.

Según la resolución emitida, la OPFEI consultó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, si tenía alguna investigación en curso relacionada con las operaciones de la CEE. El 18 de diciembre, María del Mar Ortiz, subjefa de los fiscales del Departamento de Justicia, envió un escrito en que contesta el pedido de la OPFEI indicando que el mismo"trasciende los límites del texto claro de la ley" y que no podía contestar la indagación de la OPFEI.

Insiste, también, que Burgos Andújar no está sujeta a la jurisdicción excepcional de la OPFEI.

La Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente establece en su Artículo 4 que el Panel tiene jurisdicción de investigación sobre las figuras del gobernador, los secretarios subsecretarios de los departamentos del gobierno, los jefes y subjefes de agencias, los directores ejecutivos y subdirectores de las corporaciones públicas, los alcaldes, los miembros de la Asamblea Legislativa, los asesores y ayudantes del gobernador, jueces, fiscales, registradores de la propiedad así como los procuradores de relaciones de familia y menores, 

No obstante, la resolución de la OPFEI indica que el 4 de enero recibieron una opinión legal, que concluye el cargo de comisionada electoral está bajo su jurisdicción bajo el análisis que ese cargo puede ser equiparado al de un jefe o subjefe de agencia. Esta Oficina no mencionó en el documento quién emitió la opinión, si fue una conclusión de alguna división legal de la entidad o de algún consultor externo.

Los comisionados electorales son seleccionados por los presidentes de sus partidos políticos y luego, reciben un nombramiento al cargo del gobernador.

La investigación del Senado, revelada el 1 de noviembre, incluye referidos al Departamento de Justicia contra Burgos Andújar y su hijo, Roberto Benítez Burgos, jefe de informática de la CEE. Burgos Andújar también fue referida a la OPFEI.

La pesquisa realizada por la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económica, que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, encontró que Burgos Andújar pudo haber cometido delitos graves al violar los artículos 245 (Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública), 246 (Resistencia u obstrucción a la autoridad pública) y  269 (Perjurio) del Código Penal y el artículo 12.009 del Código Electoral por actos ocurridos el 25 de julio de 2017 y durante la investigación que realizara la CEE sobre la controversia en torno al chat de Whatsapp.

La violación electoral tiene que ver con la alteración de documentos electorales.

El cargo de violencia o intimidación y la violación al Código Electoral tienen que ver con un altercado que supuestamente sostuvieron Burgos Andújar y María D. Santiago Rodríguez, para el 25 de julio del 2017 vicepresidenta de la CEE, presidenta interina de la CEE y aliada de Rivera Schatz.

Se sostiene en el escrito que a las 5:49 p.m. de la citada fecha Santiago le entregó al secretario de la CEE, Ángel L. Rosa Barrios, una certificación de que el escrutinio general del plebiscito había finalizado. Ese documento tendría que ser entregado a la CEE.

Poco después, Rosa Barrios pasó por la oficina de Santiago, donde Burgos Andújar le comentó que no era necesario que se notificara el resultado. A las 6:00 p.m., y luego de que la jueza Lauracelis Roques Arroyo se expresara en torno a una controversia legal que provocó que la magistrada ordenara la paralización del escrutinio, Burgos Andújar telefoneó a Santiago solicitándole que firmara la certificación oficial de los resultados.

Según la pesquisa, Santiago se negó a firmar la certificación y Burgos Andújar supuestamente le insinuó que alterara la hora de un ponchador para que reflejara que había firmado el documento antes de que se emitiera la orden del tribunal.

Como resultados de varios intercambios adicionales en que Burgos Andújar supuestamente presionó a Santiago a firmar el documento con a hora alterada, Santiago le dijo a la comisión senatorial que “se sintió intimidada con las expresiones realizadas por la comisionada Norma Burgos Andújar para que alterara la hora en el ponche”.

En cuanto a la investigación del chat de Whatsapp, la investigación concluyó que Burgos Andújar presentó un “incongruencias en el testimonio” en medio de una investigación interna de la CEE donde también se investigó al expresidente del organismo, Rafael Ramos Sáenz.  La CEE refirió a Burgos Andújar a Justicia, a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y a la Oficina de Ética Gubernamental por actuaciones relacionadas al chat.

En la investigación del Senado no se detallan las supuestas incongruencias.

La investigación del Senado concluyó que, como jefe de informática de la CEE, cometió irregularidades con el reporte de horas trabajadas.


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