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El resultado de las elecciones legislativas tendrá un impacto en la elección de los próximos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). (GFR Media)

Washington - A menos que el impredecible presidente Donald Trump trate de forzar una interpretación distinta o las demandas contra la Ley Promesa alteren el proceso, las elecciones legislativas de Estados Unidos (EE.UU.) tienen entre sus consecuencias que el equilibrio político de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continuará igual a partir de agosto de 2019: cuatro miembros propuestos por republicanos y tres por demócratas.

La Ley Promesa establece que la próxima ronda de nombramientos al organismo que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico se haga “de la misma manera” en que fueron designados los miembros originales.

Eso significaría que, al terminar agosto próximo, cuando venzan los nombramientos de los siete miembros de la JSF, seis de las designaciones tendrán que volver a salir de recomendaciones del Congreso.

El mismo proceso de nombramientos a la JSF es aún el epicentro de demandas en contra de la Ley Promesa. En dos semanas -el 3 de diciembre-, el Primer Circuito de Apelaciones federales, con sede en Boston y con jurisdicción sobre la isla, tiene programada una audiencia oral para debatir las demandas de la firma Aurelius y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) que han cuestionado la constitucionalidad de los nombramientos de los siete miembros de la JSF.

Los abogados de Aurelius y de la Utier sostienen que la Ley Promesa viola la cláusula de nombramientos de la Constitución de EE.UU., y que las designaciones federales le corresponden al presidente, sujeto al consejo y consentimiento del Senado.

Promesa otorgó al presidente Barack Obama la posibilidad de presentar al Senado los siete nombramientos para confirmación, pero con un calendario tan apretado que era imposible cumplir con ese objetivo en una cámara alta muy dividida y de mayoría republicana.

Por tal razón, Obama designó a los siete miembros utilizando la fórmula que permite a los líderes del Congreso recomendar seis de los siete integrantes.

“La ley es clara sobre cuál es el proceso de nombramientos”, indicó el constitucionalista Carlos E. Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, al señalar que se creó como un reflejo del control que la Constitución estadounidense le otorga al Congreso sobre los territorios.

Para el abogado experto en quiebras John Mudd -aunque pocas cosas sobre Trump tienen certeza-, su administración de gobierno puede haber resuelto el problema durante su intervención en los casos de Aurelius y la Utier.

“Por medio del procurador general, han defendido la ley”, indicó Mudd, en referencia al recurso en el que el Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó que si la cláusula constitucional de nombramientos aplicara a los territorios, se cuestionaría hasta “las estructuras de gobierno actuales” en los territorios y Washington D.C.

El pasado 13 de julio, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del sistema judicial de bancarrota territorial que creó Promesa, afirmó que “el Congreso tiene el poder plenario bajo la cláusula de territorios para establecer instituciones gubernamentales para territorios que no solo son distintas del gobierno federal, sino que incluyan características que no cumplirían con los requisitos de la Constitución, si pertenecieran al gobierno de EE.UU.”.

El exsenador Fernando Martín, profesor jubilado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), coincide en que el texto de la ley obliga a Trump a pedir listas de candidatos a los líderes del Congreso.

Pero, aunque Martín reconoce que “sería una lectura forzada” y una buena pregunta para un examen de Derecho, “en una sociedad litigiosa y con un presidente Trump que ha mostrado intereses extraños al hablar de la deuda pública de Puerto Rico”, tampoco le sorprendería que la Casa Blanca trate de llevar la contraria.

Mudd prevé que debido a las demandas de Aurelius y la Utier, la controversia estará decidida -incluso conociéndose la posición del Tribunal Supremo de EE.UU., sea interviniendo o rechazando revisar la decisión que tome el Primer Circuito-, antes de que la Casa Blanca tenga que decidir los próximos nombramientos.

Rolando Emanuelli, abogado de la Utier, considera que por lo menos para el verano se debe conocer si el Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó o no revisar la decisión del Primer Circuito

Para Emanuelli, el argumento de que el procedimiento para nombrar los miembros de la JSF es inconstitucional se aviva ahora, pues, contrario a Obama, a Trump no se le concede la oportunidad de nombrar directamente los siete miembros y enviarlos a confirmación al Senado. “El poder de nombrar del presidente está menoscabado”, agregó.

Emanuelli sostuvo que el Primer Circuito de Apelaciones, en un panel que incluirá al juez puertorriqueño Juan R. Torruella, va a tener que tomar posición sobre “la ignominia de los casos insulares”, cuya jurisprudencia explica la situación colonial, y declaró a Puerto Rico un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de EE.UU.

“Aquí en el Congreso se entiende que la distribución se va a quedar 4 a 3”, consideró, por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

La junta vigente

Los siete nombramientos de la JSF fueron hechos el 31 de agosto de 2016 por el entonces presidente Obama.

Al hacerlo, Obama siguió el proceso de consultas que le ordenaba el estatuto –suscrito el 30 de junio de 2016–, si no enviaba los nombramientos al Senado.

Obama pudo designar directamente a José Ramón González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York y expresidente del Banco Gubernamental de Fomento.

A base de las recomendaciones del speaker Paul Ryan, Obama nombró a José Carrión III y Carlos García. Mientras, las designaciones delprofesor de Derecho Corporativo David Skeel y el experto en pensiones Andrew Bigg, del grupo conservador American Enterprise Institute (AEI), salieron de las propuestas que le presentó el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.

Ana Matosantos, por su parte, fue la seleccionada a petición de la líder de la minoría demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, y el exjuez de quiebras Arthur González es la persona nombrada a sugerencia del líder de la minoría del Senado, Charles Schumer.

De los siete miembros actuales de la Junta, José Ramón González y Carlos García están inclinados a no regresar al organismo en septiembre de 2019, según fuentes cercanas a la JSF. Las mismas fuentes piensan que Matosantos, Arthur González, Biggs y Skeel querrán seguir en sus puestos.

La puertorriqueña Matosantos acaba de ser nombrada secretaria del gabinete del gobierno de California, puesto que asumirá en enero. Pero, Matosantos, quien antes fue directora de Finanzas de California, puso como condición para aceptar su nuevo trabajo, el poder continuar como integrante de la JSF, en la que ha sido voz disidente en torno a las medidas de austeridad que contiene el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico.

Lo que no está del todo claro es si Carrión, el presidente de la Junta, quiere formar parte de la segunda.

El debate sobre quiénes serán los siete próximos miembros de la Junta aún se ve distante. Pero, la victoria demócrata en la Cámara baja hace inminente los cambios.

Trump, en primer lugar, querrá llenar el puesto de José Ramón González con un republicano. Después de tomar diversas posturas sobre la deuda pública -expresando que debería ser tachada y luego preocupado con que los fondos para mitigar el desastre causado por el huracán María puedan utilizarse para cumplir con viejas obligaciones-, la renovación de los miembros le permitirá poner su sello en la JSF.

En segundo lugar, el control demócrata de la Cámara supone que el puesto de Carrión -la persona nombrada como residente de Puerto Rico-, quedará en manos de quien quede a cargo de ese cuerpo, posiblemente Pelosi.

Con la victoria demócrata en la Cámara baja, si Pelosi es elegida en enero como próxima speaker -puesto para el cual aún es favorita, pero que no tiene asegurado-, podrá recomendar dos listas independientes, con al menos tres candidatos cada una, y de las cuales Trump tendría que seleccionar dos de los miembros.

Una de las listas de la persona demócrata que lidere la Cámara baja incluirá a tres personas que tengan su residencia principal o su lugar principal de negocios en Puerto Rico, la categoría que llenó el nombramiento de Carrión.

En teoría, Carrión aún pudiera ser redesignado como un nombramiento directo de Trump o ser el candidato de alguno de los líderes republicanos del Congreso.

McConnell, quien ya fue reelegido por su caucus para continuar en la sesión 116 que comienza en enero como líder de la mayoría del Senado, podrá volver a presentar una lista de por lo menos cuatro personas, de las cuales Trump escogerá dos.

Trump tendría que seleccionar un quinto integrante de la Junta del listado de por lo menos tres candidatos que le someta Schumer, reelegido como jefe de los demócratas del Senado, y otro del grupo de por lo menos tres opciones que presente el próximo líder de la minoría republicana de la Cámara baja, Kevin McCarthy (California).

Antes que llegue el momento de escoger los integrantes de la próxima JSF, sus miembros tendrán que enfrentarse a un nuevo liderato cameral, demócrata y liberal, que desde la minoría ha cuestionado, y denunciado, las medidas de austeridad.


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