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En la foto está la economista Martha Quiñones. (horizontal-x3)
En la foto está la economista Martha Quiñones. (GFR Media)

Desde el último trimestre del 2017, los municipios han visto minados sus recaudos de manera consistente y, según los más recientes cálculos, eso incluye una merma de $56 millones que verán reflejada para este año fiscal por concepto del pago de las contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble.

El cierre de comercios, el éxodo de miles de puertorriqueños, la aprobación de decretos y exenciones municipales y estatales, así como un alza en los gastos operacionales que no contemplaban en sus presupuestos a causa del impacto del huracán María, se suman al golpe económico que ya algunos ayuntamientos vienen arrastrando por mucho tiempo.

La merma global por el impacto en la recaudación del pago de las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sumada a la baja en la venta de las loterías, alcanza los $55,632,485, confirmó a El Nuevo Día el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo.

“Esta cifra incluye los $30 millones menos de lotería y unos $25 millones de la merma en recaudos”, dijo el también alcalde de Cidra.

El estimado en los ingresos del CRIM para este año fiscal -que termina el 30 de junio- era de $827,148,824 una vez descontados los fondos de la Contribución Adicional Especial (CAE) municipal para el repago de la deuda de los ayuntamientos y el 5% correspondiente para los gastos operacionales del CRIM.

Para algunos municipios, el recorte en sus remesas tras el huracán María tiene un impacto de hasta $6 millones, como es el caso de San Juan. En términos porcentuales, no obstante, los más afectados son Guayanilla y Manatí, con una reducción del 11.7% y 11.4%, respectivamente. “Eso implica que tienen que hacer ajustes en un momento cuando los gastos han ido en aumento”, indicó Carrasquillo.

En enero, Carrasquillo ya había advertido que habría una reducción en la lotería de $30 millones y que proyectaban que los recaudos entre julio y diciembre se habrían reducido cerca de un 15%.

Pero el impacto económico del ciclón sobre los municipios va mucho más allá. Aparte de los $56 millones, los ayuntamientos tendrán que restar el dinero que han dejado de recibir por la eliminación del cobro del Impuestos sobre las Ventas y Uso (IVU) en alimentos procesados aprobada por el gobierno tras el paso del huracán María y que estuvo vigente hasta el pasado 7 de enero. En este renglón caería, además, la exención del cobro del IVU a pequeños comerciantes con volúmenes de venta menores al millón de dólares, moratoria que se aplicó entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre.

Usualmente, ese 1% por concepto del IVU que les corresponde a los municipios lo utilizan para prestar servicios esenciales, como recoger la basura.

Carrasquillo indicó que el impacto de la exención del IVU no es medible hasta que se reciba el informe de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim), como tampoco lo es la segura reducción que tendrán las alcaldías en sus arcas por el pago de patentes.

“Los comerciantes radican la planilla de patente luego de pasado el año natural de la actividad económica, así que eso no estará definido hasta enero del próximo año. Ahora podemos especular”, sostuvo Carrasquillo, en cuyo municipio -a cuatro meses del huracán- 123 negocios no habían reabierto.

En Caguas, el alcalde William Miranda Torres ha tomado las determinaciones para asegurar la operación municipal durante este año a pesar de que han proyectado una reducción total en sus ingresos de $16.4 millones. De estos, $920,805.74 corresponden a la merma en las remesas del CRIM.

“En el asunto de la patente estamos mirando un ajuste de un 40% ($1.2 millones) de lo que es particularmente el impacto del mes de octubre, en el que no hubo casi actividad económica”, señaló el ejecutivo municipal.

Estimó, por otro lado, que Caguas dejó de recibir alrededor de $3.6 millones del IVU.

El presupuesto vigente de Caguas, de $92 millones, también reflejará una reducción de $26,000 por el dinero que el municipio dejó de devengar por alquiler de espacios municipales, así como unos $8 millones que esperaban por una iniciativa municipal que imponía a los comerciantes que generaban más de $3 millones una aportación de .35 centavos por cada $100. La propuesta fue retada en los tribunales y no ha podido ser implementada.

Entre las medidas para reducir el impacto, Miranda Torres destacó la aprobación de una ordenanza que otorga un descuento de 50% en arbitrios de construcción a todo empresario que construya o haga mejoras de aquí al 30 de junio.

En Caguas, permanece cerrados el 25% de los cerca de 5,000 comercios establecidos en la ciudad. “Todo esto lo que causa es más ansiedad y angustia en la población... Esos servicios esenciales para la población yo no los puedo garantizar si los ingresos que necesitamos no llegan”, sentenció.

Aseguró que ha hecho los ajustes necesarios -lo que incluyó una reducción en servicios profesionales- para no afectar la jornada laboral. “Los municipios más pequeños (se afectan) más todavía porque no tienen un ingreso significativo en patentes, IVU y ese tipo de cosas… Ellos prácticamente viven del CRIM”, reconoció.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, estimó el impacto directo en el municipio que dirige, Arecibo, en $5 millones, incluida la reducción del 20% en el CRIM. “El impacto real, exactamente lo vamos a ver en dos o tres años, pero directamente será millonario”, señaló.

El alcalde novoprogresista sostuvo que los ayuntamientos tienen que reducir los gastos operacionales y establecer consorcios para la prestación de servicios y así abaratar costos. “Tenemos que ser realistas de cómo vive el país hoy, pero tenemos que buscar opciones y no quedarnos esperando a que pase un milagro”, expresó.

Ramón Hernández Torres, alcalde de Juana Díaz, estimó la pérdida de ingresos, según el presupuesto municipal que asciende a $12.8 millones, en $1.3 millones. Esta cifra incluye una disminución en patentes de $200,000, $300,000 del IVU y el cierre de comercios, entre otras partidas.

Mientras, en el renglón de ingresos no presupuestados dejados de recibir por parte del Estado para este año fiscal, es de poco más de $1.1 millones. Estos recortes, dijo, ocasionaron una reducción en la jornada laboral que implementó el 3 de julio del año pasado. El municipio tiene 173 empleados regulares, 30 de confianza y 59 transitorios.

El golpe para el Municipio de Guaynabo por la baja en la partida de las remesas del CRIM hasta el 30 de junio sobrepasa los $2 millones, dijo su alcalde, Ángel Pérez.

“Yo puedo pensar que la cifra va a aumentar porque todavía no estamos viendo el efecto de la gente que se está yendo de Puerto Rico... Estamos buscando agresivamente empresas que quieran establecerse”, sostuvo Pérez.

“Con la renovación de la patente (en abril) es que yo voy a ver ese efecto de los negocios que cerraron”, agregó.

¿Habrá salida?

Para el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, el nivel de urgencia que atraviesan los municipios ya no se limita a una reducción en la jornada laboral sino al cierre de operaciones.

“No se ve salida porque la institución municipal es malentendida por el gobernador de turno. Ellos ven lo efectivo que fuimos antes, durante y después del huracán, pero ahora, cuando aparentemente ya pasó la gran crisis y le decimos ‘queremos ayudar’, no nos dejan”, sostuvo Ortiz.

En el caso de Cayey, la reducción del CRIM alcanza los $700,000. El escenario se complica con la eliminación de $175 millones en subsidios a los municipios contemplada en el plan fiscal original.

“Cuando se le quita dinero a los municipios, se le está quitando dinero a la gente más necesitada del país. Se está aumentando la pobreza”, puntualizó el presidente de la Asociación de Alcaldes, organismo que agrupa a ejecutivos municipales populares.

Además de reclamar al Ejecutivo que postergue la reducción en los llamados subsidios, los alcaldes centran sus esperanzas en el programa federal de Community Disaster Loans (CDL). Con esta iniciativa, los municipios podrían obtener préstamos de hasta $5 millones para gastos operacionales a un interés aproximado de 2.25%.

El Ejecutivo, por su parte, anunció la presentación de una nueva medida luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no certificó el Proyecto del Senado 774 que crearía un Fondo de Recuperación Municipal de $100 millones.

Búsqueda de otras fuentes

La economista Martha Quiñones sostuvo que las condiciones actuales son favorables para que los alcaldes evalúen el desarrollo de empresas privadas o cuasipúblicas y llenen el vacío que ha dejado el cierre de algunas megatiendas.

Reconoció, sin embargo, que no se hace de la noche a la mañana. “Requiere un análisis sobre las fortalezas y debilidades que tienen y lo que los demás ofrecen para poder ofrecer algo diferente”, señaló Quiñones.

“Con esta pérdida de las grandes superficies, le da la oportunidad de que ellos estimulen a los pequeños y medianos comerciantes que puedan ofrecer lo mismo y puedan generar más empleos”, sostuvo la catedrática.

Dijo que, según estudios realizados por separado por los economistas José Caraballo Cueto y José Alameda, cada empleo generado en una pequeña empresa deja más al municipio que los de las grandes empresas.

“Hay potencialidad, lo que pasa es que tenemos que aprender a confiar más en nosotros y dejar de desviar nuestra atención de que los grandes son los que nos benefician”, sostuvo Quiñones.

“Es parte de esa dinámica de cómo entender las nuevas funciones de los municipios y la importancia de la descentralización y que se le asigne los fondos que necesiten y que sean ellos los que puedan articular los proyectos de país que necesitan para cada uno de sus ciudadanos”, puntualizó.


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