La Universidad de Puerto Rico UPR apuesta a nuevos cargos a los alumnos (horizontal-x3)
La Junta de Supervisión Fiscal aún no ha certificado el Plan Fiscal a 10 años de la UPR. (Archivo/GFR Media)

Para asegurar el flujo de efectivo durante la próxima década, el liderato de la Universidad de Puerto Rico (UPR) apuesta, no solo a recibir nuevos ingresos por alzas en el costo de los créditos de clases y otras imposiciones económicas a los alumnos, sino a la renegociación de su deuda.

Hace varias semanas, la Junta de Gobierno del sistema universitario avaló el Plan Fiscal: Universidad de Puerto Rico con proyecciones a 10 años -que asume una merma en la aportación gubernamental de hasta $519 millones al 2025- y lo sometió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para su certificación.

No obstante, resulta incierto en qué etapa se encuentra la revisión del documento porque el organismo que controla las finanzas públicas del país no ha convocado una reunión para discutirlo. El personal de la Administración Central de la UPR tampoco ha recibido requerimientos de información adicionales o cuestionamientos sobre el plan sometido, confirmó Norberto González, director de Finanzas de la UPR.

El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Gobierno proyecta déficits en el flujo en caja durante la mayoría del período que estaría en vigor si la UPR cumple con el pago anual de $48 millones a los bonistas. La universidad tiene una deuda general de $411 millones y otra de $64 millones, que corresponde a Plaza Universitaria, y, hasta la fecha, ha cumplido con el pago de sus obligaciones.

Alejandro Camporreale, representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ante la Junta de Gobierno, aseguró que, tras la firma de un acuerdo de indulgencia el 30 de junio pasado, la UPR está en conversaciones con sus acreedores, bajo el Titulo VI de la Ley PROMESA, con miras a renegociar sus obligaciones.

“De la deuda, tengo que ser bastante parco. Se hizo un acuerdo recientemente para entrar en unas negociaciones de buena fe, y el Plan Fiscal, según se certifique, va a establecer unos supuestos financieros para que esas negociaciones sigan adelante”, dijo Camporreale, en entrevista telefónica.

El funcionario fue cauteloso al hablar sobre la posibilidad de que las negociaciones voluntarias no rindan los frutos deseados. Al ser cuestionado si el Título III de PROMESA -que dispone un proceso judicial de reestructuración de deuda- sería el próximo paso para la UPR, se limitó a decir que el destino de una entidad que no logra realizar los ajustes necesarios para cumplir con sus obligaciones “ya sabemos dónde está”.

Golpe al bolsillo

El Plan Fiscal avalado por la UPR incluye un aumento de $56 a $115 en el costo por crédito subgraduado a partir del próximo año. El crédito graduado aumentaría de $140 a $270. Durante su discusión en la Junta de Gobierno, el 31 de julio de 2017, se indicó que -para contrarrestar el impacto que tendría este aumento en estudiantes con menos ingresos - se crearía un fondo de becas que estaría dotado inicialmente de $50 millones. No obstante, el Plan Fiscal proyecta una merma en ese fondo a partir del 2020, hasta dejarlo reducido a solo $10 millones en el 2025.

“En la medida en que el déficit es mayor, entonces tienes que sacarle más dinero a la matrícula. Si no, el déficit sigue creciendo… La postura de la universidad es que ese dinero sirva para que estudiantes puedan tener acceso a la universidad. Pero, a la vez, está reconociendo que, en la medida que no pueda generar más ingresos, no podrá subsidiar tanto a los estudiantes”, dijo Camporreale.

La propuesta financiera deja la puerta abierta a un incremento adicional de 20% en la matrícula durante el año 2022-2023, si no se cumplen las proyecciones de ingresos y ahorros. Este aumento tentativo elevaría a $4,013 el costo anual de estudio subgraduado, que actualmente es de $2,113.

Camporreale dijo que, en este momento, no es posible predecir cuán probable es que este nuevo aumento se produzca.

El golpe al bolsillo estudiantil no queda ahí, porque -de ser certificado el Plan Fiscal institucional- la UPR aumentaría los cargos por laboratorios, graduación, mantenimiento de verano, solicitud de admisión, transcripciones y certificados, tarjetas de identificación y matrícula tardía. Asimismo, impondría nuevos cargos por bajas parciales y totales de cursos y repetición de clases. Según el plan, la UPR ingresaría por estos conceptos entre $6 y $7 millones adicionales al año.

La Administración Central no quiso divulgar a cuánto aumentarían estas imposiciones, que actualmente varían por recinto, porque, según el portavoz de prensa de la Oficina de Presidencia, Joseph Martínez, el desglose “no se ha aprobado aún”.

Según las proyecciones, la UPR también tendría que reducir 25% en las exenciones de matrícula para conseguir $4.55 millones en ahorros. “En los estados financieros de 2017-2018, ya deberían verse reflejados los ahorros”, indicó Camporreale.

Algunas de las exenciones que se ofrecen benefician a atletas, hijos de empleados, asistentes de investigación, veteranos y miembros de grupos musicales institucionales.

“Se les está dando la prerrogativa a los recintos para determinar qué exenciones son más efectivas”, dijo el integrante de AAFAF.

El Nuevo Día procuró una entrevista con el presidente interino de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, para auscultar sobre los criterios que se usarán para reducir, tanto 25% de las exenciones de matrícula para estudiantes como 50% de la plantilla de empleados temporeros dispuesto en el Plan Fiscal, pero éste no respondió las peticiones.

Según se había informado, el plan visualiza la consolidación de las operaciones administrativas de los 11 recintos en tres centros o hubs. De esa manera, las labores administrativas de Bayamón y Carolina se fusionarán con Río Piedras; Aguadilla, Utuado y Arecibo, con Mayagüez; y Humacao y Ponce, con Cayey. El Recinto de Ciencias Médicas continuaría operando de forma independiente.

Esta reestructuración administrativa conllevaría el traslado del 25% del personal de los recintos pequeños a los hubs. La estrategia, según el Plan, incluirá la reubicación del resto de los empleados “a través del sistema de la UPR para cubrir las necesidades de personal basadas en destrezas y ubicación” y la “reducción de la fuerza laboral a través del tiempo” por la congelación de plazas.

Aunque el Plan indica que la consolidación “no necesariamente” resultaría en cierres, Camporreale dijo que la clausura de recintos no es una opción. “No estamos hablando de cierres de recintos, sino de maximizar sus usos”, alegó.

Por su parte, José Torres, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la UPR, afirmó que batallarán en contra de las transferencias “unilaterales” de empleados a diferentes recintos.

“La universidad no puede, unilateralmente, mover a un empleado a otro lugar que le queda a millas de distancia”, indicó el líder sindical. “No pueden moverlos como si fueran fichas de ajedrez”, agregó.

Torres alertó que el cierre de plazas destruirá el sistema de retiro de los empleados de la UPR. De hecho, el Plan Fiscal señala que la Junta de Gobierno aprobó un plan de amortización para el sistema, considerando un 3% de crecimiento anual de personal activo.

Pero Camporreale apuntó que la UPR deberá realizar un nuevo estudio actuarial tomando como base las medidas de ahorros incluidas en el Plan. Entonces, podrían tomarse medidas cautelares.


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