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Las labores en el recinto de Río Piedras de la UPR están paralizadas desde finales de marzo. (horizontal-x3)
Las labores en el recinto de Río Piedras de la UPR están paralizadas desde finales de marzo. (Archivo / GFR Media)

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, dijo que la administración recibe con "consternación la decisión del Tribunal Supremo" que confirmó esta tarde la sentencia emitida anteriormente por el Tribiunal de Apelaciones en el caso contra la institución. 

"Nos encontramos ahora sin opciones, salvo que las personas que han cerrado el campus por casi dos meses, reflexionen y vean que la existencia misma de la institución está en juego, si el Recinto de Río Piedras no abre sus portones", indicó en declaraciones escritas.

Sentencia del Supremo

Abogados de la institiución radicaron esta mañana una moción de auxilio ante el tribunal para que dejase sin efecto la decisión del Tribunal de Apelaciones que los obligaba a reestablecer el acceso al recinto de Río Piedras.

Según la sentencia, "por estar igualmente dividido el Tribunal, expedimos el Recurso de Certiorari solicitado y se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones".

También se indicó que la jueza presidenta Maite Oronoz proveería ha lugar a la moción de auxilio. Igual lajueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien emitió una opinión disidente.

El juez asociado Ángel Colón Pérez también emitió una opinión disidente.

Los jueces asociados Rafael Martínez Torres y Luis Estrella Martínez se inhibieron.

Fernández añadió que la institución ha buscado todas las formas posibles de restablecer el acceso y las operaciones del Recinto de Río Piedras. 

"Para fines de demostrar al Tribunal los recursos disponibles por el estado para velar y proteger la seguridad personal y el patrimonio cobijado bajo nuestro primer centro docente, se solicitó a la Policía de Puerto Rico que consignara por escrito la política pública vigente del Gobernador de Puerto Rico de no intervención bajo el principio de autonomía universitaria, lo cual descarta por el propio cuerpo su apoyo a nuestra comunidad universitaria", sostuvo.

En el documento que presentó la institución ante el Supremo acepta que le es “imposible” cumplir con la orden de apertura del campus en estos momentos en que los universitarios se encuentran en una huelga indefinida. Entre las razones que ofrecieron es que el gobierno no ofrecerá el apoyo de la Policía para poder acceder al recinto y que la guardia universitaria no está capacitada para atender la situación.

"La sentencia (del Tribunal Apelativo) impone sobre los peticionarios una obligación abstracta, impráctica e imposible de cumplir bajo las circunstancias imperantes en estos momentos", establece el documento legal. 

Por tal razón, la UPR, a través del bufete de abogados Bobonis, Bobonis & Rodríguez Poventud, solicitó que se "revoque la sentencia del 5 de mayo de 2017 del Tribunal de Apelaciones y confirme la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia". 

La sentencia del Tribunal de Apelaciones, dictada el pasado 5 de mayo, estipuló que los portones de la UPR en Río Piedras debían estar abiertos para el  11 de mayo, además de que se deberían de continuar con las labores académicas conforme al calendario educativo vigente; permitir el libre y seguro acceso al recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades, así como evitar que se impida de alguna manera seguir estas directrices. 

Como el recinto no reanudó sus servicios en esa fecha, la jueza Lauracelis Roques, del Tribunal de San Juan, le impuso el martes una multa de $5,000 a la UPR. Además, le añadió otra multa de $1,000 por cada día en que el principal centro docente del País permanezca cerrado (incluyendo los sábados y los domingos). 

Un día después, específicamente el miércoles, emitió otra orden en la que advirtió que la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y la rectora del recinto de Río Piedras, Carmen H. Rivera, podrían ir a prisión el lunes si para esta fecha los portones del campus permanecen cerrados y no se reanudan las clases.

Rivera renunció ayer, tras recibir tal advertencia.

La decisión del Tribunal Apelativo revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, el cual declaró no ha lugar el injuction preliminar y el mandamus en la demanda de cinco estudiantes de la Escuela de Derecho, presentada el pasado 31 de marzo contra la UPR.

La demanda solicitaba, entre otras cosas, que se "le ordenase a la parte demandada y a sus agentes a atender y garantizar el acceso al Recinto de Río Piedras de la UPR y a continuar el curso regular del calendario académico a través de cualquier medio o acción que resulte necesaria para garantizar el acceso al Recinto con tal de poder continuar las labores académicas y administrativas en un Recinto abierto".


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