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La JSF acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que el alto foro examine la controversia y en paralelo, pidió al Primer Circuito que extendiera una moratoria hasta que se resuelva el caso. (GFR Media)

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) notificó al Primer Circuito de Apelaciones que se opone a que se extienda el período de 90 días que ese foro concedió a la Casa Blanca para que corrija los nombramientos inconstitucionales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Justo en el término establecido por el foro apelativo federal para que las partes se expresaran, la Utier dijo que si ese foro acoge el pedido de moratoria que solicitó la JSF, el tribunal permitiría la continuidad de un organismo que se creó de manera contraria a la Constitución de Estados Unidos.

“(La ley federal) Promesa y la (JSF) ya eran una imposición a la colonia que es Puerto Rico”, reza el argumento de la Utier en el que se agrega que el estatuto federal aprobado en el 2016, constituyó un agravio al derecho de “libertad política” que debe tener la isla.

“Este segundo pedido de moratoria no tiene base por justa causa y es un abuso de la ley, porque es la continuidad del ejercicio de los poderes coloniales déspotas sobre Puerto Rico por una junta inconstitucional”, se agrega en el documento.

Según la Utier, la corte federal no debe acoger la JSF, cuando por espacio de casi tres meses, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha permanecido en silencio, sin siquiera haber emitido algún comentario en Twitter, la red social que el mandatario estadounidense utiliza con frecuencia para opinar de asuntos de gobierno y de alcance judicial y político.

“El silencio del presidente es una determinación de política pública que esta corte no debe adivinar”, dijeron los abogados de la Utier, Rolando Emmanuelli Jiménez y Jessica E. Méndez Colberg, quienes representan al sindicato.

El pasado 15 de febrero, en una opinión suscrita por el juez Juan R. Torruella, el foro intermedio federal concluyó que los integrantes de la Junta, son oficiales principales del gobierno de Estados Unidos y por ello, sus nombramientos debieron recibir el consejo y consentimiento del Senado federal, lo que no ocurrió cuando se nombraron en agosto de 2016.

Ante el hallazgo de inconstitucionalidad, el foro apelativo dio al presidente Trump un plazo de 90 días para corregir la situación nombrando nuevamente a los directivos actuales o designando a las figuras que entienda deben formar el organismo que controla las finanzas de la isla.

La semana pasada, la JSF acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidospara que el alto foro examine la controversia y en paralelo, pidió al Primer Circuito que extendiera una moratoria hasta que se resuelva el caso.

El fallo supuso una victoria para la Utier así como a varios fondos de inversiones encabezados por Aurelius Investment.

“Esa solicitud (el pedido de moratoria de la JSF) es una mofa al fallo en sus méritos de este tribunal y afectará severamente a los apelantes”, indicó por su parte Aurelius en su escrito de oposición.

Según Aurelius, el pedido de la JSF debe desestimarse porque el organismo fiscal -y tampoco el Departamento de Justicia de Estados Unidos- no presentó evidencia alguna de que la Corte Suprema estadounidense podría revertir el fallo del foro intermedio.

“Desde el fallo de este tribunal, la (JSF) ha buscado explotar el retraso en el mandato para mover hacia adelante tantas acciones controversiales como el tiempo le permita, lo que admite la junta”, agregó Aurelius.

Según la firma de inversiones, dar peso a los argumentos de la JSF sería “un error histórico”, pues si la JSF actual recibe tiempo adicional, utilizará el período de gracia para intentar confirmar un plan de reestructuración y luego para argumentar que las objeciones que surjan serán académicas.

“La determinación evidente de la junta de completar reestructuraciones de deuda independientemente de su autoridad legal para hacerlo representa lo que está en juego en esta moción, si este capítulo de la historia de Puerto Rico será escrito de acuerdo con nuestra Constitución y sus garantías estructurales de libertad, o si -como otros capítulos previos en su historia- se escribirá en desafío a esta”, indicó Aurelius.

Por su parte, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) compareció ante el foro intermedio federal para indicar que conceder la moratoria que pedía la JSF daría espacio a la Corte Suprema de Estados Unidos para que examine la controversia y que en el lado opuesto, no hacerlo, crearía incertidumbre y un potencial caos en los procesos judiciales ahora en curso.

“El comité está preocupado que, en ausencia de la expedición (de la moratoria), los procedimientos en la Corte Suprema podrían no resolverse hasta la primera del 2020”, agregó el UCC en su escrito, en el que recuerda que la JSF negocia con varios grupos de acreedores y trabaja en los planes de reestructuración de cuatro casos de Título III.


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