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La licenciada María Milagros Charbonier cobró indebidamente $54,850 al municipio de Canóvanas por prestar servicios legales en contra de la ley, por facturar por servicios que ella no prestó y por presentar facturas con horas duplicadas y horas adicionales no autorizadas, según determinó el Tribunal Apelativo de la región de San Juan en julio pasado.

En el fallo del Apelativo, que data del 13 de julio pero hecho llegar a El Nuevo Día ayer, los jueces José A. Morales Rodríguez, Luis Rivera Román y Félix Figueroa Cabán determinaron que, de la totalidad de dinero cobrada indebidamente, la licenciada Charbonier, quien actualmente es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP), facturó y cobró $31,950 por concepto de servicios que no fueron prestados, por representar personas que no cualificaban para recibir servicio legal gratuito o porque los casos facturados no aparecieron en el calendario oficial de los tribunales. Además, los jueces indicaron que otros $10,000 corresponden a facturas duplicadas.

La sentencia original surge de un caso que se remonta a los años 2002 y 2003 en el que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) impuso multas de hasta $2,000 a tres empleados del municipio de Canóvanas, incluyendo al alcalde José R. (Chemo) Soto, por autorizar el pago de las facturas presentadas por Charbonier “en claro desdén y descuido de las normas de sana administración”.

Los empleados impugnaron la determinación de la OEG pero, luego de un largo proceso de apelaciones, finalmente en julio pasado el Apelativo confirmó la decisión de la agencia.

Del documento se desprende que Charbonier trabajó en esos años bajo cuatro contratos con el municipio de Canóvanas para “emitir opiniones legales, administrativas y redactar documentos legales y notariales”. En total, los cuatro contratos implicaban que Charbonier recibiría $50 por hora y debería trabajar 1,140 horas, lo que sumaba un total de $57,000.

Pero, de acuerdo con la sentencia, Charbonier facturó 1,387 horas para un total de $69,350. Las facturas incluyeron 1,097 horas por servicios legales a indigentes, 212 horas duplicadas, 399 horas que excedían los límites del contrato y 726 horas trabajadas por el esposo de Charbonier, el licenciado Orlando Montes Rivera, quien no era parte en el contrato.

Ayer la licenciada Charbonier confirmó que conoce los señalamientos de la sentencia, los que catalogó como “correctos”. Pero sostuvo que “nunca me apropié ilegalmente de dinero público porque todo lo que se cobró se trabajó”.

“En el contrato aparecía mi nombre cuando debía aparecer el nombre del bufete, de la oficina que en ese momento yo tenía con mi esposo. En el municipio no me dijeron que debía aparecer el bufete en contrato. Nunca me orientaron. Ese fue mi error. En el bufete trabajamos tres personas para todos los casos, mi esposo , otro abogado y yo”, dijo Charbonier.

Sostuvo que en el 2007 el Departamento de Justicia determinó que no había cometido apropiación ilegal de fondos públicos. No obstante, Charbonier dijo que Justicia sí le recomendó al municipio que le solicitara la devolución de más de $40,000. “Yo no voy a devolver nada porque el trabajo se hizo. El alcalde entendió que no se iba a hacer nada porque el trabajo se hizo y él estaba muy satisfecho”, dijo Charbonier. Ayer el alcalde Soto se negó a ofrecer una reacción pero informó que sus abogados acudieron al Tribunal Supremo para que revise la sentencia.

Charbonier, exsecretaria general del PNP, aseguró que el partido está enterado de este caso y de una censura en su contra que el Tribunal Supremo emitió en el 2001.

En el 2001 el Tribunal Supremo censuró a Charbonier por autorizar como notario una declaración jurada preimpresa que contenía cuatros nombres, pero que a su oficina solo comparecieron dos personas.


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