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La Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aseguró ayer que utilizará todos los recursos a su alcance para que el Senado y la Cámara de Representantes cumplan con el requisito de divulgación financiera del organismo federal.

“La Junta utilizará toda herramienta que tenga a su disposición”, indicó el ente federal en declaraciones escritas cuando se le abordó sobre el tema.

Según la sección 104 de la ley federal Promesa, la JSF tiene autoridad para recabar información a cualquier persona o entidad de gobierno. Además, puede solicitar información por la vía judicial y, en caso de desacato, procurar que se apliquen las penalidades establecidas en ley. El organismo federal tiene además autoridad para reducir “a su entera discreción”, aunque bajo ciertas condiciones, el presupuesto de cualquier entidad, congelar plazas y prohibir que se otorguen nuevas contrataciones, según la sección 203 de Promesa.

Las expresiones de la JSF fueron la respuesta del organismo federal a la negativa de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, a presentar informes mensuales acerca del efectivo que maneja esa rama de gobierno, la asistencia de sus empleados y sus gastos con relación al presupuesto, entre otros.

Pedido “absurdo”

Ayer, tan pronto salió el sol, Méndez describió la solicitud de información de la JSF como una actitud “déspota” y “absurda”.

“No hay nada en Promesa ni en la Ley de Relaciones Federales, ni en las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, que ponga a la JSF como supervisor de nuestra asistencia, y como ‘gerente’ del proceso legislativo puertorriqueño”, indicó Méndez.

Rivera Schatz respondió a la JSF por dos vías. Primero, lo hizo a través de la red social Facebook, al señalar que “la inmensa mayoría” de la información que interesa la JSF está disponible en “el portal cibernético desde que comenzamos nuestra gestión en el 2017”.

Luego, Rivera Schatz escribió a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, instándole a que con “el mayor sentido de urgencia”, se aplique la vara que impone sobre la Legislatura. Específicamente, el senador pidió a la JSF presentar sus balances de efectivo, los gastos del organismo, la asistencia de sus empleados, reconciliaciones bancarias, los reembolsos y obsequios que hayan recibido los directivos de la JSF y sus funcionarios y el personal de la Policía que les presta seguridad.

Información a medias

Ayer, el Senado envió a El Nuevo Día varios vínculos a documentos publicados por ese cuerpo que ofrecen información sobre sus operaciones. Sin embargo, contrario a las expresiones de Rivera Schatz, tales documentos no parecen ofrecer la información que pidió la JSF.

Por ejemplo, los informes de asistencia corresponden a la participación de legisladores en las sesiones en el hemiciclo o vistas públicas, actividades que, aunque frecuentes, no necesariamente reflejarían la asistencia total en un mes de trabajo.

Otro informe, actualizado hasta ayer, provee un detalle de contratos otorgados. Un tercer reporte explica lo que se gastó en eventos como la sesión especial de la Semana de la Mujer, la Cumbre Municipal y los gastos asociados con la apertura de la oficina senatorial en la capital federal. Pero no hay detalles de gastos en comparación con lo presupuestado.

En el caso de la Cámara baja, El Nuevo Día solicitó información sobre el uso de su presupuesto, pero no recibió respuesta.

La Cámara baja publica en internet la asistencia de sus legisladores, pero no se encontró información que apunte al uso que ese cuerpo da al dinero de los contribuyentes.

El Nuevo Día preguntó al senador Eduardo Bhatia si mientras ocupó la presidencia del Senado, se ofrecieron detalles del gasto presupuestario.

Bhatia explicó que había una directriz clara de proveer toda la información que fuera requerida por la prensa, pero admitió que pudo hacerse más, haciendo la información disponible a través de la página de internet, lo que no sucedió.

Bhatia explicó que en la Legislatura no existe una normativa para hacer divulgaciones presupuestarias.

El legislador catalogó como una “intromisión” el pedido de la JSF, pero indicó que la Legislatura haría bien en divulgar su estado de situación.

Las agencias fiscalizadoras

Mientras la Legislatura le hace frente al pedido de la JSF, en la Rama Judicial y otras agencias no parecía haber objeciones siempre que se trate de pedidos “razonables”.

“En las reuniones y conversaciones que hemos tenido con la Junta o su personal, hemos expresado nuestra disposición a compartir con ellos información pública sobre nuestra gestión presupuestaria y administrativa”, dijo el administrador de los tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa. “En torno a la solicitud publicada por la Junta, en la medida en que se trate de una petición que busca transparentar la gestión pública y que no exceda el ámbito de actuación de la Junta, no objetamos su producción”, agregó.

La JSF también requirió informes sobre balances de efectivo, cuentas bancarias, asistencia y gastos a la Comisión de Derechos Civiles, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, indicó que no tiene problemas con proveer la información que pide la JSF.

No obstante, al igual que Steidel Figueroa, sostuvo que depende de hasta dónde se extienda la petición y la especificidad que se requiera.

“Cuando este año me trataron de cortar el presupuesto, lo defendí. Tienen que darme suficiente presupuesto para hacer la labor fiscalizadora y permitir que tenga la independencia necesaria que me requieren”, dijo Valdivieso, quien hoy firmará un acuerdo de colaboración con la JSF para que tengan acceso a la base de datos que generan.

“Tengo que tener los recursos necesarios, y, si tengo que todos los años pelear por mi presupuesto, eso me pone una limitación muy grande”, agregó la contralora.

Palmira Ríos, expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), lamentó que se utilicen parte de los recursos limitados del organismo para suplir una información que en nada abona a la labor que realizan.

“Cuando más vulnerables están nuestros derechos sociales, culturales, económicos y civiles, entonces la comisión, que está pobremente financiada hace muchos años, ahora tiene que asignar a alguien para informarle a la junta de un presupuesto que no llega a $1.3 millones”, indicó.

Un acto de revancha

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, opinó que “es peligroso” que la JSF “se esté inmiscuyendo” en lo que es el presupuesto de agencias fiscalizadoras o reguladoras.

En ese aspecto coincidió el senador del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres, quien dijo hay que marcar una diferencia de “esta intromisión” en las agencias de gobierno versus la Legislatura y las agencias fiscalizadoras.

Torres y Dalmau perciben la determinación de la JSF como un acto de revanchismo hacia las acciones que ha tomado la Asamblea Legislativa, entre estas el rechazo de ese cuerpo a derogar la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976).

“Yo no tengo la más mínima duda que ellos, en su ejecución, lo que están es retando nuevamente el frente que se le hizo para no dar paso a una propuesta injustificada, a una propuesta que no pudieron defender con datos, a una propuesta que venía a hacerle un favor a alguien, evidentemente”, dijo Torres en referencia a la Ley 80.

El senador independiente, José Vargas Vidot, definió la orden como un insulto a la voluntad del pueblo. “Esto es como si legalizaran el cabildeo ilegal por un poder no elegido, porque aquí yo no tengo ningún problema que haya una fiscalización de los poderes operacionales y gerenciales de un país… pero siento que es un descaro, no lo apoyo, no le veo ninguna virtud”, indicó.

“Hay que bajar las aguas”

Mientras, el senador de la Palma Abel Nazario sostuvo que el organismo federal debe tener acceso a la información que están peticionando.

“Yo creo que es una buena oportunidad para reunirse. Hay que bajar las aguas. Yo creo que a todos nos conviene, al país le conviene, y el problema es que si no caminamos hacia adelante, la Junta sigue ahí… los efectos no los hemos visto”, señaló.


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