La principal oficial ejecutiva de la PRHTA, Clarissa Jiménez. (GFR Media) (semisquare-x3)
La principal oficial ejecutiva de la PRHTA, Clarissa Jiménez. (GFR Media)

Justo cuando la Asamblea Legislativa busca cuadrar la reforma contributiva, la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, en inglés) ha escrito al procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, para advertirle que el gobierno puertorriqueño se propone legalizar miles de tragamonedas en la isla sin exigir a sus operadores que cumplan con las leyes federales para evitar el lavado de dinero.

En una carta suscrita por la principal oficial ejecutiva de la PRHTA, Clarissa Jiménez, y a la que tuvo acceso El Nuevo Día, la organización dijo a Sessions que si la Legislatura local da paso a su propuesta, Puerto Rico establecería un marco legal en juegos de azar sin reglamentación, lo que en Estados Unidos ha resultado en múltiples esquemas de lavado de dinero en lugares como Los Ángeles, San Francisco y Amarillo, en Texas, entre otras.

Y según la PRHTA, ese marco legal que se daría como parte de la reforma contributiva, crearía una red de tragamonedas en gasolineras, colmados, panaderías y otros comercios que podría ser entre cuatro a cinco veces más grande que todas las tragamonedas juntas que existen en los 16 casinos autorizados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Esto, en una jurisdicción identificada por el gobierno federal como de alto riesgo por tráfico de drogas.

La Legislatura, según fuentes de este diario, se propone aprobar, en o antes del 31 de octubre, el proyecto de reforma contributiva, medida que a la larga tendría que ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Esto, habida cuenta su impacto en los planes fiscales del gobierno. El último día de aprobación de medidas es el 8 de noviembre.

Las fuentes explicaron a este medio que el lenguaje legislativo en ciernes busca legalizar unas 20,000 máquinas de “entretenimiento de adultos” (AEM, en inglés) y autorizar el pago de premios a los usuarios. El dinero que se genere por marbetes y licencias se dividiría a razón de 65% y 35%. El 65% se distribuiría entre el dueño de la máquina, el establecimiento y el pago de premios. La diferencia, unos 35 centavos de dólar, iría al Departamento de Hacienda.

Pero, antes que el fisco reciba dinero, los primeros recaudos de la medida irían a un fondo tipo “súperbarril” que la Asamblea Legislativa asignaría a los municipios, hasta unos $160 millones.

“Cuando se autorizó a una empresa de ‘entretenimiento’ (y no una operación de juegos de apuestas) una licencia para operar estas máquinas, no se incluyó ninguna verificación de antecedentes criminales o financieros y tampoco los estrictos requisitos que se aplican a los juegos en casinos”, indicó Jiménez en su carta a Sessions, y de la que envió copia al secretario del Tesoro federal, Steven Mnuchin.

Según la PRHTA, casi dos décadas de decisiones del gobierno puertorriqueño, consumadas en varias piezas legislativas, solo han servido para aumentar la proliferación de tragamonedas “AEM”, que no cumplen con el pago de licencias y tampoco con las leyes federales de Secretividad Bancaria y de Blanqueo de Capitales.

Los casinos e instituciones bancarias -que, de paso, custodian las cuentas de depósitos de las operaciones de casinos- están obligadas a cumplir con estas leyes y presentar informes de actividad sospechosa (SARs, en inglés) al gobierno federal. En Puerto Rico, estas entidades están organizadas en un grupo de trabajo que incluye a bancos, hoteles, agencias de gobierno y la fiscalía federal.

En síntesis, dice la carta, cuando Hacienda autorizó las máquinas “AEM”, las equiparó con juegos de billar, velloneras y hasta máquinas de videojuegos, aunque operan como juegos de azar.

Sin embargo, en agosto del año pasado, agrega el escrito, el gobierno buscó cancelar estas unidades tras detectar que los operadores de AEM evadían el pago de licencias con la Ley 108 de 2017. El estatuto obligaba al secretario de Hacienda a cancelar todas las licencias de estas unidades el año pasado y obligar a su renovación, pero el huracán María retrasó hasta marzo ese proceso. A la fecha, agrega la misiva, la implementación de la Ley 108 es desconocida.


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