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Los pininos del proyecto propuesto en el sector Playuela datan de 1994. (Archivo / GFR Media)

En uno de los últimos capítulos de la controversia por la construcción de un proyecto turístico en el sector Playuela, en Aguadilla, el viernes la jueza Miriam Santiago, del Tribunal de Primera Instancia, denegó la solicitud de interdicto provisional peticionada por la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste.

No obstante, la demanda radicada por la Liga contra el municipio de Aguadilla y Caribbean Management Group Inc. continúa con la celebración de una vista pautada para el 27 de febrero. Ese día se discutirá la solicitud de interdicto preliminar sometida por los demandantes.

“Se le va a solicitar al tribunal la paralización de la obra”, informó Omar Saadé, uno de los abogados que representa a los demandantes.

Se trata de un proyecto que data de 1994, cuando se dio a conocer la intención de construir un complejo turístico y de villas de playa en el área. Originalmente, el Christopher Colombus Landing Resort se anunciaba como un hotel de tres pisos, 300 habitaciones y un casino de 17,000 pies cuadrados, además de otras estructuras para villas y condominios y un espacio comercial.

Según ha trascendido, sin embargo, la obra ha cambiado y ahora el hotel propone ser uno de siete pisos, con viviendas de cuatro pisos y un centro de convenciones.

Archivos de prensa indican que los inversionistas del proyecto, que se lleva gestionando hace más de 20 años, son de la firma Stone Creek Partners. La obra cuenta con una inversión de sobre $50 millones y comprende unas 137 cuerdas de terreno.

“Son terrenos que ya tienen un atractivo turístico natural. Esa construcción no responde a las necesidades del pueblo de Aguadilla”, indicó Eliezer Ríos, legislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Según Ríos, estudios han encontrado que el sector Playuela es un área de anidaje de tortugas, además de hábitat para la boa puertorriqueña y desarrollo de corales en el litoral.

“Son terrenos bien importantes y sensitivos”, comentó.

Por eso, Ríos reiteró que a la comunidad le extraña que las autoridades pertinentes de velar por la protección de áreas de alto valor ecológico le hayan otorgado los permisos de construcción correspondientes a la desarrolladora de la obra.

“La semana pasada fueron los vigilantes de (el Departamento de) Recursos Naturales y dijeron que ellos sí tienen su permiso, pero hay más de 12 permisos más que necesitan y hay dudas de si cumplen con la ley”, indicó.

Ríos explicó que, debido a la cantidad de años que lleva esta controversia, hay permisos que deben ser revisados ya que el sistema ecológico del área ha cambiado.

“Entendemos que se necesita una nueva DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, dijo.

El legislador municipal advirtió que ya ha ocurrido movimiento de terreno en el área, tanto para remover como para rellenar, para la construcción inicial de una carretera.

El licenciado Saadé, por su parte, comentó que durante la vista del viernes pasado, además de presentar tres declaraciones juradas, los demandantes llevaron a un residente afectado por la construcción, a un biólogo marino y a un emplazador.

El emplazador explicó en una declaración jurada las gestiones que han hecho para entregarle el emplazamiento al presidente de Caribbean Management Group, Inc., a quien identificó como Reynaldo Vincenty.

El biólogo marino, por su parte, explicó en su declaración cómo la presencia de material coralino en el litoral del sector Playuela peligra con la construcción.

Saadé lamentó que no se le permitiera en sala el viernes pasado explicar a las tres personas que emitieron las declaraciones juradas cómo la obra en cuestión afecta distintas áreas. Coincidió en que también hay dudas de si los desarrolladores cuentan con todos los permisos de construcción necesarios.

En cuanto al municipio, Saadé lamentó el que se consideren como “árbitros” de la controversia, cuando su deber es de fiscalizar y proteger a los residentes de Aguadilla.

“Ellos representan el interés público y deben velar porque se atiendan las preocupaciones del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio”, dijo.

El gobernador Ricardo Rosselló presentó un paquete de medidas con enmiendas al Código Penal. Entre estas incluyó el restituir el Artículo 200 que declara delito grave la obstrucción o paralización de obras de construcción con los permisos necesarios, incluyendo el impedir la entrada o el acceso y/o ocupar los terrenos.


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