José Armando Torres ha estado 27 años en prisión por un crimen que dice no cometió

Es la medianoche del viernes 31 de agosto de 1990. Una joven de 20 años, universitaria, artista, religiosa, llega a su casa en Embalse San José de San Juan de un ensayo musical. Tres hombres enmascarados la esperan. Uno la encañona y entre los tres la obligan a subir a su propio auto. La llevan a un paraje solitario cerca de la base aérea Muñiz en Carolina. Se turnan para violarla, sodomizarla, agredirla y someterla a todo tipo de abyecciones.

La hubieran matado, tal vez, de no haber tenido la fortuna de que una patrulla de la Policía, en una ronda rutinaria, pasara cerca. Los hombres huyeron mangle adentro. La joven, semidesnuda, enlodada, histérica, fue rescatada.

Cuando se supo de esto en San José, la comunidad de clase obrera y asediada por décadas de problemas sociales, se sintió estremecida. Los rumores (“fue este, fue aquel, fue el otro”) florecieron y se propagaron febrilmente por la comunidad, como un fuego en pasto seco. En algún momento, prácticamente cada joven de San José fue mirado con recelo.

Los rumores alcanzaron y enredaron también a José Armando Torres Rivera, a quien por allí conocían como “Burón”. Torres Rivera se había criado en San José, pero llevaba cerca de un año viviendo con sus padres –él, albañil; ella, ama de casa– en el residencial Villa Andalucía en Río Piedras.

Tenía 17 años. Estaba fuera de la escuela desde sexto grado. Su vida eran la esquina, la novia, los gallos, los caballos y un trabajo ocasional como albañil con un tío. No tenía récord criminal.

“Llegaron los agentes por la barriada preguntando. Pero como yo no tengo que ver nada, pensé: ‘eso no me importa a mí’. Cuando me entero al par de semanas que yo era sospechoso. Me citan a la Comandancia de Carolina y como no tengo nada que ver, pues, vamos pa’ allá, ¿verdad? Fui, me entrevistaron normalmente. Después me dijeron: ‘te puedes ir’. Así, par de días...”, cuenta Torres Rivera.

En ese “par de días” ocurrió lo que él jamás esperaba: tras verlo en una rueda de confrontación, la joven lo identificó como el líder del grupo que la atacó.

La identificación fue el 16 de octubre de 1990. Desde ese mismo día, Torres Rivera está preso. El Tribunal de Menores renunció a su jurisdicción, fue juzgado como adulto y el 31 de mayo de 1991, condenado a 224 años. “Al darme 224 años, uno con 17 años siente que se le acabó el mundo”, dice Torres Rivera, entrevistado en una cárcel de Bayamón.

27 años después de estos hechos, habiendo pasado toda su vida de adulto preso, Torres Rivera, quien tiene ahora 45 años –y a pesar del pelo canoso, mantiene un aire de muchacho en la mirada–, sigue reclamando que es inocente.

“Si yo lo hubiese hecho, me hubiese quedado tranquilo, ¿viste?, esperando que pase el tiempo (de la sentencia). Pero no lo hice. Eso es lo más que duele”, dijo. “No tengo sentido de culpa. Me acuesto y me levanto con mi mente tranquila. No fui yo”, agregó.

Su larga lucha por probar su inocencia enfrentaun nuevo traspié.

La defensa de Torres Rivera cree que una prueba de ADN sobre ropa de la víctima que todavía conserva la Policía puede ayudar a fortalecer su teoría de que las autoridades ignoraron los testimonios de dos participantes de la violación, que dicen que Torres Rivera no estuvo involucrado.

Estos participantes señalaron por nombre y apellido a un tercer sujeto que nunca fue investigado y que eventualmente fue convicto por otros delitos sexuales, incluyendo una violación.

Ante el Supremo

Pero, en un desenlace que ha dejado perplejos al autor de la ley y a otros impulsores de las pruebas ADN, el Departamento de Justicia alega, con apoyo de los tribunales de primera instancia y de apelaciones, que ya caducó la Ley de Análisis ADN Post Sentencia, aprobada en 2015 y que, en solo dos años de vigencia, ha llevado al reexamen de seis convicciones.

De prevalecer Justicia en el Tribunal Supremo, que tiene el caso ahora ante su consideración, significaría que ningún otro reo en Puerto Rico tendría la invaluable oportunidad que tuvieron Nelson Ruiz, Nelson Ortiz y José Caro, los tres hombres de Aguada que cumplieron 22 años por la violación y el asesinato de la universitaria Glorimar Pérez y que fueron exonerados cuando pruebas de ADN comprobaron su inocencia.

Tampoco nadie más tendría la oportunidad que tienen ahora Juan Carlos Meléndez Serrano y Antonio Ramos Cruz, convictos por el asesinato de una joven madre y sus dos hijos en Trujillo Alto en 1989 y que ahora esperan nuevo juicio, luego de que pruebas de ADN también arrojaran dudas sobre su culpabilidad.

Igualmente, Eduardo Correa López, convicto por el asesinato de una mujer en Arecibo en el 2006, espera que se hagan pruebas de ADN sobre cabellos encontrados en la escena del crimen por el que cumple 111 años de cárcel.

49 estados de EE.UU. tienen leyes de pruebas ADN postsentencia sin caducidad.

Desde 1989, gracias a las pruebas en 37 estados han sido liberados 353 inocentes tras cumplir en promedio 14 años de cárcel. Veinte tenían sentencia de muerte.

La postura de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, es que la ley tenía vigencia de solo un año desde el 29 de diciembre de 2015, para que no se usara “de manera desmedida”. “Fue clara la voluntad del legislador establecer en el artículo 4 de la ley un término jurisdiccional de 12 meses contados a partir de la aprobación de la ley”, dijo, en declaraciones escritas.

Su postura se basa en dos oraciones del artículo 4 de la ley sobre los términos para que un convicto solicite la prueba ADN.

El artículo lee así: “La moción solicitando análisis de ADN deberá presentarse dentro del mismo término dispuesto para presentar solicitud de un nuevo juicio al amparo de la Regla 189 de Procedimiento Criminal. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, un tribunal podrá considerar una moción al amparo de lo establecido en esta ley a aquellos convictos cuyas sentencias dictadas desde el 24 de julio de 1985, fecha en que se creó el Instituto de Ciencias Forenses y, de estar disponible la evidencia solicitada, la moción deberá ser presentada en un término jurisdiccional de doce meses contados a partir de la vigencia de esta ley”.

La Regla 189 establece que un convicto podrá solicitar un nuevo juicio no más de 30 días después de enterarse de la existencia de nueva evidencia.

La intención legislativa

Pero, el autor de la ley, el exrepresentante Carlos “Charlie” Hernández, dice que su intención nunca fue que la ley tuviera un término de caducidad. “La intención del legislador era que tuviera la mayor amplitud. En algún momento, querían limitarlo a los individuos que tuvieran la capacidad de pagar las pruebas. Insistimos en que tenían que ser accesibles. Me sorprende que haya un intento para limitar el alcance de la ley”, indicó el exlegislador.

Hernández dijo que la oración que habla del término de los primeros 12 meses se refiere a convictos que llevaban años encarcelados y que no pudieran cumplir con el término de 30 días para contactar abogados, radicar mociones y otros asuntos relacionados a petición de nuevo juicio.

“Nosotros discutimos (el párrafo que habla de un año). La conclusión de nosotros fue que no iba a limitar los derechos de los ciudadanos. Si no, lo hubiéramos aclarado”, dijo Hernández.

Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y director del capítulo de Puerto Rico de Proyecto Inocencia, que logró que con pruebas ADN se reabrieran los casos de Aguada, Trujillo Alto y Arecibo, dijo que Justicia y los tribunales han interpretado la ley de manera “baladí, totalmente inmeritoria, textualista e incompleta”.

“No hay nada en la exposición de motivos de la ley que permita llegar a esa conclusión”, dijo.

En el caso de Torres Rivera, Justicia alega que este tenía conocimiento de posible evidencia de ADN desde 1991 y que no radicó su moción hasta febrero de 2017. Los tribunales de primera instancia y apelaciones le dieron la razón.

Pero la abogada del reo, Iris Yaritza Rosario, de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), dice que fue ella quien se percató de que su caso podía ser de ADN al examinar el expediente para solicitar una modificación de sentencia.

Además, Rosario dice que no hay constancia de que las piezas de evidencia –un mahón, una camisa y un sostén– contengan todavía material ADN que se pueda analizar. Por esto, su petición a la corte, aunque es al amparo de ley de ADN, es para que la evidencia sea trasladada a Ciencias Forenses, que determinaría si hay material que se pueda analizar.

Desde el punto de vista de Rosario, en el momento en que Ciencias Forenses determine que hay evidencia analizable, comienzan a contar los 30 días y solicitaría la prueba. “Todavía nosotros no podemos solicitar porque todavía no hemos podido ni acceder a la evidencia”, dijo Rosario.

El Tribunal Supremo ya respondió con un “no ha lugar” a la petición de certiorari que le hizo Rosario para que atendiera esta controversia. La licenciada sometió una petición de reconsideración y está esperando la respuesta.

Su esperanza y la de Torres Rivera es que la prueba ADN apoye los testimonios, no tomados en cuenta en el juicio original, de que el entonces joven de 17 años no tuvo participación en el crimen.

Por la violación solo cumplen cárcel Torres Rivera y su primo Fabián Rivera, quien se declaró culpable sin ir a juicio.

Rivera y otro coautor confeso, pero tampoco investigado, dijeron al primer abogado de Torres Rivera, Julián Parrilla, que el joven no participó del crimen. Pero por recomendación de su abogado, Rivera no declaró para no autoincriminarse.

Señalado y no investigado

Rivera, quien está a punto de cumplir su sentencia, mantiene la versión de que Torres Rivera es inocente y dice estar dispuesto a declararlo en cualquier foro, según una carta de su puño y letra examinada por este diario y certificada como genuina por el Departamento de Corrección.

Rivera y el otro alegado participante dijeron a Parrilla que los violadores eran ellos dos y un tercer sujeto residente de San José.

El tercer sujeto fue eventualmente convicto en al menos dos ocasiones por delitos sexuales, incluyendo una violación en Caparra Terrace un año después del caso de San José. La esperanza de Torres Rivera es que la prueba ADN revele la presencia de ese sujeto en la escena. “Se supone que cualquier persona procesada en Puerto Rico por violación se haga un examen de ADN y esté un banco de datos”, dijo Rosario.

La única evidencia contra Torres Rivera fue el testimonio de la víctima, quien dijo en corte que podía identificarlo plenamente, aunque un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dio testimonio de que en la zona del ataque no había iluminación desde el huracán Hugo, un año antes.

La defensa también cuestiona la manera en que fue identificado en la rueda de confrontación. Dos de los participantes en la rueda, internos de un Hogar Crea de la zona, dijeron en corte que la agente del caso, Carmen Quiñones, les ordenó decir su nombre.

La defensa cree que la víctima conocía los nombres de los sospechosos de haberla violado, por lo que considera que la identificación fue viciada. El Nuevo Día trató sin éxito de contactar a la víctima en este caso.

En el sopor de sus días en la cárcel, Torres Rivera dice que no se deja derrotar y que en ningún momento ha perdido la esperanza de que algún día se sabrá lo que considera su verdad.

Aunque su condena establecía que tenía que cumplir un mínimo de 111 años para ser elegible para libertad bajo palabra, fue modificada el año pasado para que sus sentencias fueran cumplidas de manera concurrente. Eso le hizo elegible para salir en libertad bajo palabra en cualquier momento.

Espera sin desesperarse, asegurandoque, aunque sea liberado, seguirá luchando por probar que se le condenó siendo inocente. “No me van a quitar la felicidad o la inquietud de poder demostrar que soy inocente. Ellos lo saben. Que no quieran reconocerlo, eso es su problema. Pero llegará el momento. No voy a perder la fe”, dice.


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