Para la contratación de firmas legales y de asesoría para la quiebra, el gobierno destinó el año pasado $112.2 millones.  (GFR Media) (semisquare-x3)
Para la contratación de firmas legales y de asesoría para la quiebra, el gobierno destinó el año pasado $112.2 millones. (GFR Media)

Nota del editor: esta entrega es parte de una serie especial que  analiza los contratos otorgados por el gobierno durante el 2017, a través de las diversas ramas que componen el gobierno.     

Poco más de una quinta parte de los gastos de la rama ejecutiva para la contratación de servicios profesionales, consultoría y publicidad en el primer año de esta administración se destinó a pactar con las empresas de consultoría y las firmas legales que trabajan en la reestructuración de la multimillonaria deuda del país, de acuerdo con un análisis de los contratos registrados en la Oficina del Contralor.

 Estas compañías firmaron contratos con el gobierno -particularmente, con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- ascendentes a $112.2 millones entre enero de 2017 y enero de 2018, según los datos reportados por las entidades contratantes en la Oficina del Contralor.

Aquí solo se tomaron en cuenta los contratos de asesores legales y consultores expertos en reestructuración que ofrecen servicios directos a Aafaf o alguna de las corporaciones públicas que están en proceso de reestructurar su deuda, mas no los contratistas que laboran con agencias del gobierno central para cumplir con las metas que ha trazado el Ejecutivo en las distintas versiones de plan fiscal que ha entregado a la Junta de Supervisión Fiscal.

En total, las agencias gubernamentales y corporaciones públicas firmaron contratos ascendentes a $510.9 millones tan solo en tres de los principales renglones de contratación: consultoría, publicidad y servicios profesionales. De estos, los $112.2 millones que, como poco, se han destinado a la reestructuración de la deuda equivalen al 22%. Estos números representan la cantidad máxima que el contratista recibiría por realizar las labores acordadas, pero no la cantidad de dinero que finalmente cobró, ya que no existe un registro público de las facturas que remiten a las agencias y las que el gobierno finalmente paga.

Este análisis no incluye los contratos de la Junta de Supervisión Fiscal, que cuenta con su propia representación legal y asesores en el pleito que se lleva a cabo bajo el Título III de la ley federal Promesa. Estos contratos también los financia el gobierno central a través del presupuesto que se le asigna al ente que controla las finanzas de la isla, que este año fiscal ascendió a $60 millones.

 Entre las firmas con los mayores contratos está Rothschild, principal asesor financiero del gobierno en el caso de Título III, que tiene acuerdos con Aafaf ascendentes a $22.1 millones. Le sigue O’Melveny & Myers, LLP, el asesor legal del gobierno en el pleito que se ve principalmente en Nueva York, para lo que ha firmado contratos ascendentes a $21 millones. También está Greenberg Traurig, LLP, que, por $19.8 millones, es el representante legal de la AEE en su propio proceso de reestructuración de deuda.   

Mientras, la firma Ankura Consulting Group tiene contratos por $11.8 millones tanto con Aafaf como con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que está en proceso de liquidación. Ankura estableció su oficina en San Juan en febrero del año pasado -dirigida por el expresidente del BGF, Juan Carlos Batlle, y el abogado Jorge L. San Miguel- y en julio firmó su primer contrato con Aafaf.

Entre las otras compañías que asesoran a Aafaf u otras dependencias de gobierno central en torno a la crisis fiscal están el bufete Dentons US LLP, con $6 millones; Conway Mackenzie Inc, $10.5 millones; Truenorth Corporation, con $9.8 millones; DLA Piper, contratada por $1.2 millones, y la empresa de publicidad Ketchum, con $2.5 millones. 

Entre los contratos analizados también están incluidos algunos asesores seleccionados por la administración de Alejandro García Padilla cuyo trabajo se extendió por unos meses de este cuatrienio, entre ellos Milliman Inc. ($965,450) y el asesor legal Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP ($1,177,096).

En el año fiscal 2015-2016, la administración García Padilla destinó al menos $130 millones para contratar consultores que mayormente se dedicaron a los esfuerzos para atender la crisis fiscal y de deuda pública del país, de acuerdo con un análisis de este diario de 2016. Esta no es una comparación exacta con los gastos incurridos en esta administración, porque, en ese momento, no había iniciado el proceso judicial para reestructurar la deuda al amparo del Título III.

Empleos y cambios

Los $510.9 millones que destinó esta administración en su primer año para servicios profesionales, consultoría y publicidad representan un leve aumento al compararlos con los $504.8 millones que se invirtieron en el primer año del pasado cuatrienio para los mismos servicios, según los contratos disponibles en la Oficina del Contralor.

El contratista que más dinero ha pactado con el gobierno este cuatrienio es la compañía de colocación de empleos Manpower, que recibiría hasta un máximo de $27.7 millones en contratos con el Departamento de Salud y con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para  reclutar empleados temporeros para laborar en programas asociados al manejo del zika, el control de mosquitos y Medicaid, de acuerdo con las copias de los contratos que analizó este diario.

 Por su parte, la firma de consultoría BDO Puerto Rico tiene contratos con más de 20 agencias y corporaciones públicas ascendentes a $25.1 millones; más de la mitad, corresponden a sus acuerdos con el Departamento de Hacienda, por $11.6 millones, y, con el Departamento de Educación, otros $7.6 millones.

 Según los contratos, la firma se encarga, principalmente, de evaluar los procesos en estas agencias y recomendar cómo aumentar su eficiencia. En el caso de Educación, BDO trabajaría, entre otras labores, para convertir las regiones educativas en entes más autónomos, lo que es parte central del plan fiscal del Ejecutivo.

Mientras, para la transformación administrativa del nivel central de Educación, se contrató a la firma V2A, empresa que  también se identifica como Vision to Action. Esta empresa tiene contratos con varias agencias ascendentes a $5.1 millones, entre ellas el DDEC. 

De acuerdo con el contrato con el DDEC, la empresa se encargaría de revisar y analizar los incentivos económicos existentes como parte del proceso para crear un nuevo Código de Incentivos. La propuesta de V2A al DDEC detalla que exfuncionarios de esa agencia y de la Compañía de Fomento Industrial que forman parte de su equipo se encargarían de estas tareas, entre ellos Edward Calvesbert, exsecretario asociado del DDEC. Calvesbert, a su vez, es parte de la junta de directores de Abre Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que actualmente desarrolla un Índice de Desempeño Escolar para medir las escuelas públicas, un instrumento que Educación podría adoptar como parte de sus herramientas para clasificar los planteles, según ha dicho la secretaria de la agencia.   

Otra de las compañías con pactos en varias agencias y corporaciones públicas es CSA Architects and Engineers LLP, que, en el primer año del cuatrienio, podría haber recibido hasta $8.4 millones de la rama ejecutiva. Su presidente,  Jesús Suárez, es socio en varias empresas junto a Frederick Riefkolh, quien a su vez está a cargo de CSA Group International -que también se identifica con el nombre corporativo de Consul-Tech Caribe CSA-. Esta empresa obtuvo un contrato de consultoría por $800,000 con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres el 26 de septiembre, seis días después del paso del huracán María, y con una vigencia de tres meses. 

Al amparo de este acuerdo, CSA Group estuvo a cargo inicialmente de la inspección de escuelas tras el paso del huracán María, una tarea por la cual fue criticada debido a la dilación en autorizar la reapertura de planteles y que provocó que Educación se hiciera cargo de las inspecciones.  Como parte de ese acuerdo, CSA Group identificó a CSA Architects and Engineers como una de las empresas que podría subcontratar, según la copia del contrato analizada por este diario.

Jefes por contratos

Entre las personas con los mayores contratos gubernamentales, hay dos secretarios de agencia y un jefe de una corporación pública. Tanto la secretaria de Educación, Julia Keleher, como el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, figuran como contratistas de Aafaf, y reciben, por esos acuerdos,  remuneraciones de $375,000 y $291,416.67, respectivamente. 

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Amílcar González, ha tenido contratos con el Banco Gubernamental de Fomento y con la Oficina del Gobernador por un total de $85,000, y actualmente está bajo contrato con la propia AEP por $60,000. Otro  contrato de $25,000 con el Departamento de Educación fue cancelado.

González ha dicho que recibió contratos el año pasado porque se acogió al retiro temprano en 2013 y, debido a las restricciones gubernamentales, no podía volver a ser empleado público por cinco años. Ese plazo venció en enero de 2018, pero el 12 de ese mes, la junta de directores de la AEP avaló extenderle un nuevo contrato. La resolución señala que González cobrará $75 la hora, hasta un máximo de $60,000 hasta junio próximo.

 “La compensación recomendada para el director ejecutivo es menor a la que recibía el director ejecutivo de la pasada administración”, lee el documento.

En el renglón de publicidad,  las empresas KOI América y KOI Arise tienen los contratos con las cuantías más altas, ambas propiedad del publicista Edwin Miranda, quien también trabajó en la campaña electoral del gobernador Ricardo Rosselló. Miranda también es propietario de la firma ICrossing Puerto Rico. Las tres compañías obtuvieron contratos que sumarían $19.9 millones con una decena de dependencias gubernamentales.

Del total de los contratos de publicidad, consultoría y servicios profesionales, $6 millones corresponden a contratos que no superan los $10,000 para los músicos de la Orquesta Sinfónica, artistas que labora en la Corporación para la Difusión Pública o actores y locutores que contrata la Universidad de Puerto Rico, entre otros.

La dependencia gubernamental que ha destinado la mayor cuantía para contrataciones es Aafaf, con $81.8 millones. Ningún funcionario de la agencia estuvo disponible para entrevista con este medio, pero el oficial de prensa de la corporación pública, Iván Caraballo, envió datos sobre el nivel de facturación de este año fiscal. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, Aafaf pagó $27 millones en  “honorarios legales y otros servicios profesionales relacionados a la reestructuración de la deuda pública”. Mientras, del 1 de enero al 30 de junio de 2018, prevé desembolsar $48 millones para el pago de servicios profesionales. 

En los datos suministrados a este diario hay otros renglones de gastos que podrían corresponder tanto a contrataciones externas como a labores internas -entre ellas compras de materiales o instalaciones y pagos por servicios- pero esto no se precisa.

Los departamentos de Salud, Educación y Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto no respondieron a las peticiones de entrevista.


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