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Los policías comenzaron a tomar los adiestramientos de manejo de multitudes el pasado mes de abril, previo a las manifestaciones del 1 de mayo. (GFR Media)

La renuncia de Arnaldo Claudio como monitor de la Policía ocurrió en un momento crítico dentro del avance de la Reforma de la Uniformada.

El cuerpo policíaco se encuentra en el período en el que tiene que demostrar que cumple con el acuerdo establecido con el gobierno federal, en 2013.

El acuerdo es un extenso y detallado documento, que se firmó para transar la demanda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sometió, en 2012, contra la Policía y el gobierno de Puerto Rico por un patrón de violaciones a los derechos civiles.

Para salir de la supervisión del caso, que sigue bajo la supervisión del Tribunal Federal, la Policía tiene que cumplir con las disposiciones del acuerdo durante al menos dos años consecutivos. Claudio era el oficial nombrado por el Tribunal para supervisar el proceso de Reforma.

Ese cumplimiento se medirá con una metodología que estaba en desarrollo por la oficina del monitor en momentos en que Claudio cesó sus funciones, al denunciar “despilfarro” de fondos públicos en la reforma y alegaciones de conflicto de interés en el proceso.

Contrario a cuando Claudio entró, en junio de 2014, que tomó cuatro meses reemplazar al entonces renunciante Juan Mattos, el juez Gustavo Gelpí nombró al día siguiente -de forma interna- a John Romero, quien ya era parte del equipo del monitor, con la intención de que hubiera una continuidad en las labores.

La expectativa, sin embargo, es que la renuncia de Claudio inevitablemente causará atrasos en el proceso, coincidieron observadores del proceso de la Reforma.

“No va a funcionar”

“Claro que va a haber un atraso”, sostuvo el licenciado William Ramírez, director de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Hemos seguido este proceso desde el principio y vimos cómo a Claudio le tomó cuatro años para ganarse la confianza que necesitaba de los policías, la gente, las comunidades y organizaciones como la ACLU”.

“El que venga tiene que ganarse esa confianza. Sin eso, no va a funcionar, y Claudio pasó trabajo para lograrlo. En la ACLU, al principio no estábamos de acuerdo con él, pero demostró disposición y compromiso. Hay que ver si el que venga lo va a intentar, por la forma en que terminó Claudio”, agregó Ramírez.

Desde que entró a la oficina del monitor, Claudio emitió ocho informes sobre el estado de situación de la Policía en el período de capacitación.

Además de señalar cómo iba el desarrollo de políticas y planes para adiestramientos, en los informes identificó incidentes de uso ilegal de la fuerza, entre otras alegaciones de violaciones a derechos civiles, imputaciones que fueron rechazadas por la administración de la Policía.

Claudio también cuestionó el proceso de los ascensos de rangos e investigó transferencias ilegales de oficiales, una de las cuales llegó a iniciar una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos por el uso de helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Pero uno de los informes más contundentes surgió a mediados del año pasado, cuando llegó a plantear que el progreso de la Reforma había llegado a un “detente”. En agosto, Gelpí llegó a advertirle a la Policía que “el incumplimiento podría conllevar penalidades económicas o no económicas, desacato o sindicatura”.

Dos meses después, Claudio intervino para organizar una reunión para apaciguar el fuego cruzado entre el Departamento de Seguridad Pública y la Junta de Supervisión Fiscal por los fondos necesarios para graduar nuevos policías, como lo ordenó Gelpí, ante el creciente éxodo de oficiales.

Para la vista de la Reforma en diciembre, el panorama fue diferente y Gelpí felicitó a la Policía por el progreso alcanzado. Dejando a un lado algunas prórrogas solicitadas por la Policía y la investigación de FURA, el juez pasó la página para iniciar la discusión sobre la metodología.

El tema resurgió en la vista de febrero -la última que se ha hecho-, cuando ya el gobierno estaba representado por el bufete de McConnell Valdés.

Durante la vista, Claudio y el abogado Arturo García chocaron sobre la denuncia del entonces monitor porque no había recibido documentación solicitada para iniciar el proceso de evaluación de cumplimiento.

Planteó que los documentos en atraso estaban relacionados con querellas, ascensos, profesionalización, adiestramiento y sistemas de información.

García, en tanto, se mostró sorprendido al alegar que habían llegado a un entendido para ir haciendo la entrega, pues recientemente habían comenzado en el caso.

No obstante, el representante de Justicia federal, Luis Saucedo, compartió la preocupación al indicar que, con el período de capacitación de cuatro años, la Policía debía estar en la posición de producir la documentación requerida, lo que es parte del acuerdo federal.

Entonces, en ese momento Saucedo resaltó que esa documentación era necesaria para el monitoreo del cumplimiento.

“Es importante tomar en contexto lo que dice el monitor”, sostuvo Saucedo. “Estamos trabajando en la metodología preliminar… Establece una línea de tiempo de cosas antes de abril de 2019, cuando empieza el nuevo período de monitoreo”.

“Tenemos que llegar a un acuerdo en abril para tener la metodología final”, acotó en aquella vista de febrero.

Metodología sin terminar

Pero abril pasó y, el 15 de mayo, Claudio renunció como monitor sin que la metodología estuviera finalizada, según el capitán Carlos Figueroa, quien trabajó en la Oficina de la Reforma de la Policía hasta que fue transferido a la oficina del comisionado.

La agencia informó que la directora de esa oficina, la coronel Clementina Vega, no estaba disponible para ser entrevistada.

“Estábamos en el proceso de que el monitor tenía que desarrollar una metodología para decirnos cómo nos iba a medir, para nosotros saber qué era lo que teníamos que tener disponible en ese procedimiento de evaluación”, dijo Figueroa.

“Ellos presentaron en sus inicios una metodología, pero no cumplía con lo que requiere esos procedimientos para decirle a la Policía qué es lo que se está buscando”, agregó. “La Policía está hábil. El monitor era el que tenía que presentarnos la metodología para saber cómo nos iba a evaluar. Era que lo desarrollaran y ahí continuamos con el proceso de evaluación”.

Según Figueroa, el cambio de monitor no afectará el trabajo de la Policía con la Reforma. Indicó que, mientras esperan por la metodología, la Uniformada continúa con el desarrollo de políticas, planes de acción y adiestramientos que requiere el acuerdo.

“En este momento no nos afecta (el cambio de monitor). Ellos ya habían aprobado las políticas”, abundó. “Esto sigue normal. Seguimos con nuestro trabajo”.

“Parte de la sostenibilidad es que nosotros hagamos las cosas, haya o no haya monitor”, acotó el oficial, que planteó que los adiestramientos que no se están impartiendo es porque están a la espera de que las otras políticas sean firmadas por las partes del caso.

Uno de los adiestramientos que estaba en prórroga y que comenzó a impartirse es el de “Control y Manejo de Multitudes”. En uno de sus últimos informes, Claudio señaló que, para las manifestaciones del 1 de mayo de 2018, “ninguno” de los oficiales había recibido esa preparación que corresponde a la sección 626 de la orden 600 de la Reforma.

Figueroa informó que comenzó a ofrecerse en abril pasado, antes de las manifestaciones del 1 de mayo de este año, cuando no se registraron confrontaciones entre manifestantes y policías.

“Se demostró la importancia del adiestramiento con la manifestación que se llevó a cabo”, comentó. “Ese comenzó y ahora se está extendiendo a toda la población en las diferentes áreas”.

Mientras, algunos gremios policíacos se expresaron escépticos con el cambio de monitor, y consideran que sí tendrá un impacto en el progreso de la Reforma.

“Puede haber un atraso, porque (Claudio) había calado entre los policías. Llevaba varias administraciones y estaba pendiente a cualquier falla”, expuso el presidente de la Asociación de Policías Organizados, Gregorio Matías.

“El policía ya se presentaba reformado, aunque las instrucciones del alto mando no eran las adecuadas. Eso era lo que cuestionaba el monitor. Ahora habrá un lapso otra vez, lo que aprovechará el alto mando para hacer lo que quiera. Arnaldo ya conocía cualquier artimaña que buscaba para no cumplir con lo que exige la Reforma”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Comité Dominicano Pro Derechos Civiles, José Rodríguez, mostró preocupación de “que vayamos a perder la poca atención que habíamos recibido los que levantamos la voz de alerta por primera vez y que fue la denuncia que recogieron los federales para demandar la Policía”.

Añadió que, “con todos los avances que había logrado Arnaldo Claudio, la sociedad civil no ha estado representada en la Reforma, como sí pasó con la reforma de la Policía en Nueva Orleáns”.

“No sabemos cómo se están gastando los $20 millones. Ahora se habla de conflictos de intereses. Nos preocupa que todo el trabajo se esté tirando al piso, al vacío”, afirmó Rodríguez.


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