En la foto, la alcaldía de Cidra. (semisquare-x3)
En la foto, la alcaldía de Cidra. (GFR Media)

Dos informes de auditorías de la Oficina del Contralor (OCPR) publicados ayer mostraron la pérdida de dinero de las arcas municipales de Aguas Buenas y Cidra debido a la falta de supervisión y de rigor al otorgar y administrar contratos de servicios y obras.

El informe sobre las operaciones en Aguas Buenas da cuenta del desembolso de $392,000 en trabajos de ingeniería para un puente que nunca se construyó, en el sector La Charca del barrio Mulas.

Asimismo, los auditores encontraron que la administración municipal desembolsó $121,601 indebidamente por trabajos de construcción pagados y no realizados en el Centro Integral de Desarrollo Comunitario y Recreativo del barrio Bairoa.

Estos servicios fueron contratados por el exalcalde popular Luis Arroyo Chiqués. El informe de la OCPR no menciona el nombre del contratista.

Por otra parte, dos ingenieros cobraron $9,650 al municipio de Aguas Buenas por servicios de supervisión e inspección de la remodelación del coliseo, pero los auditores hallaron que el proyecto no tenía permiso de construcción, lo que era esencial que los ingenieros supervisores e inspectores revisaran el contrato.

La Oficina del Contralor también reveló que la administración municipal del alcalde incumbente Javier García Pérez mantenía abierto al público el centro comunitario de Bairoa sin haber gestionado el permiso de uso de la propiedad en la Oficina de Gerencia de Permisos .

Tesoro no protegido

Mientras, la auditoría realizada por la OCPR en Cidra reveló que el alcalde penepé Javier Carrasquillo Cruz encargó la administración y operación del hotel Treasure Island a una empresa que no tenía experiencia en la industria de la hostelería y cuya pericia estaba relacionada con servicios de seguridad.

El contrato fue otorgado en junio de 2013 a G.V. Coordinator Security Services, una empresa que el exalcalde Ángel “Wiso” Malavé Zayas había contratado en el 2007 para hacer registros de armas de fuego y colocar guardias de seguridad durante la celebración de las fiestas patronales.

Ni el Municipio ni la Legislatura Municipal evaluaron la capacidad y experiencia de la corporación para proveer los servicios temporeros requeridos en el contrato”, señala el informe.

El acuerdo para la administración del hotel fue por $210,000. Aunque el contrato tenía una vigencia de seis meses, se mantuvo hasta el 15 de mayo de 2014, a través de ocho enmiendas.

En su contestación a la OCPR, el alcalde justificó la contratación con una presunta situación de urgencia que se creó cuando la corporación que lo administraba cesó en esa función.

En 2013, Carrasquillo Cruz recurrió a los tribunales en una solicitud de desahucio y cobro de una deuda de más de $300,000 contra la compañía que en ese momento operaba el hotel. En medio de esa controversia fue que ocurrió el cambio administrativo en la instalación.

(Se) nos informó que el hotel teníainquilinos hospedados para ese fin de semana y que además había un quinceañero programado en las instalaciones previamente pagado”, dijo el alcalde a la Oficina del Contralor.

El ejecutivo municipal indicó que, ante esa situación, contrató a la compañía que daba seguridad al hotel para que también se encargara de su operación y administración de manera temporera.

A pesar de esas condiciones en las que se dio la contratación, la administración municipal ni siquiera se encargó de supervisar los trabajos en el hotel, lo que, según los auditores, provocó al menos el pago excesivo de $26,000 en reembolsos a la corporación.

Tampoco se mantuvo evidencia de los recaudos, no se verificaban los depósitos registrados en la cuenta del hotel y no contaba con un reglamento para la administración y operación de la hospedería, entre otros hallazgos.

Las situaciones comentadas propician la comisión de errores e irregularidades en los fondos del Municipio e impiden que, de estas ocurrir, se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades. Por otra parte, nos impidió verificar, en todos sus detalles, la corrección de las recaudaciones efectuadas en el hotel”, menciona el informe sobre la auditoría.

Viejos males

Estos señalamientos de deficiencias operacionales en estos dos ayuntamientos se suman a los revelados hace unos días por la OCPR sobre la implementación del programa Guayama Digital, que fue un proyecto de la exalcaldesa novoprogresista Glorimarie Jaime Rodríguez, que incluyó la repartición de más de 10,036 tabletas electrónicas.

Para poner en marcha el programa, la ejecutiva municipal comprometió casi $3 millones. El finamiento se obtuvo a través de dos préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento. Según estadísticas de la OCPR, para el año fiscal 2013-2014, la deuda pública de Guayama llegaba casi a $42 millones.

Según la OCPR, sus auditores encontraron que “la aplicación administrativa nunca fue utilizada por el municipio”. También hallaron que la aplicación móvil no incluía información actualizada sobre los servicios municipales que se ofrecían en línea.

El documento detalla que, a pesar de que el Municipio sufragó el desarrollo de la aplicación, también pagó por el licenciamiento y la implementación de la aplicación móvil en las tabletas.

El informe concluye que no se obtuvo “un beneficio razonable de la inversión realizada” en la red inalámbrica instalada en escuelas públicas y privadas.

Tampoco las tabletas tuvieron mucho uso porque se rompieron o los usuarios no tenían servicio de internet para poder aprovecharlas.

La auditoría también halló varias deficiencias en el contrato y sus enmiendas, que iniciaron con la falta de estudios que evidenciaran la necesidad y viabilidad del programa así como un análisis de costo y beneficio.


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