Los alcaldes de Camuy, Isabela y Quebradillas, se reunieron ayer con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. (Teresa Canino )

Isabela - Tras una jornada de dos días de reuniones con 10 alcaldes, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, dijo ayer que el próximo paso es la confección y entrega de planes fiscales de los municipios seleccionados en el plan piloto.

“Nos estamos reuniendo con ellos primero, así que no hay propuestas todavía. Necesitamos aprender, ver los números, trabajar con el plan fiscal. Necesitamos información para tener el conocimiento”, sostuvo Jaresko a preguntas de El Nuevo Día, finalizada la reunión -de casi dos horas- con los alcaldes de Isabela, Quebradillas y Camuy.

Esta fue la segunda y última reunión de Jaresko con los 10 alcaldes seleccionados por la JSF para participar de un proyecto piloto, luego que el ente federal determinara que los 78 ayuntamientos están cubiertos bajo la ley Promesa.

El martes, Jaresko se reunió con los alcaldes de Aibonito, Cidra, Orocovis, Barranquitas, Comerío y Villalba, en un junte en Orocovis.

Como parte del proyecto, los alcaldes, entre otras cosas, deben entregar planes fiscales y presupuestos el 7 de junio.

Jaresko reiteró que su objetivo “es entender cuáles son los asuntos críticos” de los alcaldes para trabajar juntos y “definir potenciales soluciones” como allegar más ingresos, aumentar los ingresos del Centro de Recaudación de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), reducir gastos y/o compartir gastos.

“Pero no son cosas que suceden de la noche a la mañana”, afirmó la directora ejecutiva de la Junta.

Ante el reclamo de los alcaldes por asistencia de fondos, Jaresko dijo ayer que “no hay tal cosa como ayuda inmediata”. “Especialmente bajo (la Ley federal) Promesa. Es un proceso. Tenemos que ir sobre planes”, recalcó

Sobre la queja de los alcaldes de que la JSF no conoce cómo funcionan los ayuntamientos, Jaresko respondió que “por eso hacemos esto, para poder entender mejor los municipios”.

Para el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, la situación es preocupante porque exige a los municipios planes fiscales con proyecciones a cinco años en un panorama de “incertidumbre”.

Mientras, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, criticó al gobernador por “hacerle ver a los alcaldes” que existía el dinero para eximirlos del pago de las pensiones y de la tarjeta de salud.

“El gobernador anda con su política pública de querer cerrar municipios, de establecer una nueva estructura a través de los counties”, sentenció Delgado Altieri.

Pero para el alcaldede Camuy, Edwin García Feliciano, no solo el gobierno central, sino también los alcaldes tienen su cuota de responsabilidad ante la crisis fiscal de los municipios.

“Al no tener un plan común, al dejar que eso ocurra tan tranquilamente como ha ocurrido años tras años, ahora nos vemos obligados a buscar las soluciones que debimos haber buscado 10 o 20 años atrás”, sostuvo.

En busca de un salvavidas 

En la reunión del martes, celebrada en Orocovis, Jaresko les había dicho a los alcaldes que la Junta no avalará -si no se consiguen los recursos- el Proyecto del Senado 1258 que crearía la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”.

El proyecto, en síntesis, busca que los gobiernos municipales no tengan que hacer una aportación al plan de salud del gobierno ni a las pensiones.

La medida viabilizaría que ese dinero sea redirigido para el Fondo de Equiparación, un pote que se distribuye entre los municipios y que desaparecerá en el 2021, como parte de los ajustes fiscales.

Ayer, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, aseguró que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares haría hoy un anuncio sobre este tema, pero no precisó si firmaría la medida.

“El gobernador ha manifestado a los alcaldes que su gobierno los va a apoyar. Él va a buscar todas las herramientas existentes para darles la mano”, apuntó Llerandi.

“Me mantengo en conversaciones con Fortaleza para ver si se enmienda el plan fiscal e identifican ingresos (para dar paso al proyecto 1258). Ahora mismo no hay otra alternativa”, puntualizó por su parte Javier Carrasquillo, alcalde de Cidra y presidente de la Junta del CRIM.


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