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WASHINGTON - El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene listo el plan para someter una demanda civil en el Tribunal Federal de San Juan que regularía el proceso de reforma de la Policía de Puerto Rico e incluiría, por lo menos, reservarse el poder de nombrar un monitor federal, confirmaron ayer fuentes oficiales.

Lo único que está bajo negociación es si el gobierno de Puerto Rico consiente a las exigencias de Justicia federal o si el proceso es contencioso.

El gobernador Luis Fortuño, quien ayer tuvo una reunión de trabajo con el jefe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, Thomas Pérez, ya está consciente de que la demanda es inevitable, después del devastador informe de principios de mes que denunció violaciones continuas por parte de la Policía a los derechos civiles y constitucionales de los residentes de la Isla.

A La Fortaleza no le simpatiza la idea, indicaron las fuentes.

Por un lado, volverá a colocar una nube oscura sobre las actuaciones de la Policía. Y pudiera implicar el pago de todos los gastos del proceso judicial federal, incluidos los de la persona que se coloque para supervisar la reforma de la Policía, según una fuente del gobierno federal.

Pero, un recurso judicial -como ha ocurrido en los casos de las policías de Los Angeles (California), Pittsburgh (Pensilvania), del estado de Ohio y de Nueva Jersey- le garantiza fuerza legal a las exigencias de Justicia federal.

Los costos de todo el proceso pueden alcanzar los cientos de miles de dólares anuales, dijo ayer una fuente del gobierno de Puerto Rico, después de que el gobernador Fortuño -quien recientemente contrató a la empresa Warshaw & Associates por hasta $100,000 mensuales para que le asesore en este proceso-, se reunió con el secretario Pérez.

Proceso largo

En el caso de la Policía de Los Ángeles todo el proceso de denuncia y revisión judicial se extendió por nueve años.

El pasado 8 de septiembre, al dar a conocer en San Juan el informe sobre las violaciones de derechos civiles, corrupción e ineficiencia en la Policía, Pérez adelantó que se contemplaba una demanda federal contra la Policía si el gobierno de Puerto Rico “no cambia nada” sobre los señalamientos que se le hicieron a la Policía.

“Si no hacen nada los problemas van a persistir, y si no cambian nada el Gobierno (federal) tendrá que iniciar una acción legal. Prefiero resolver esta situación sin litigación, pero si no podemos, vamos a hacer lo que necesitemos hacer. Tengo confianza porque todo el pueblo de Puerto Rico sabe que el departamento (de Policía) está roto de forma muy, muy grave”, dijo Pérez, en una entrevista con El Nuevo Día, horas después de hacer público el informe.

El gobernador ha insistido desde entonces en que la mayoría de las 133 recomendaciones contenidas en el informe federal se han atendido y designó al secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, para que supervisara el proceso de reforma de la Policía.

Pero, en este punto, lo que realmente está en discusión es si el proceso será contencioso o, como se espera y se hizo en Los Ángeles, a base de una estipulación entre las partes, indicaron fuentes federales y puertorriqueñas.

Ayer, mientras Fortuño volaba hacia Orlando (Florida) para integrarse a eventos del Partido Republicano de Estados Unidos y a la Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC) de Florida, un grupo de funcionarios de Justicia federal viajaba a San Juan para reunirse en varios municipios con grupos comunitarios.

La idea es recibir información de ciudadanos de la Isla sobre el proceso de reforma de la Policía. Justicia federal tampoco informó oficialmente del envío de esa delegación.

“Juntos, estamos avanzando en lograr una reforma integral de la Policía, que incluye la nueva política de vanguardia que implantamos sobre el uso de fuerza, así como mayor énfasis en adiestramiento y mejoramiento profesional, entre otras prioridades”, indicó el gobernador, en una declaración escrita, sin aludir a los planes de Justicia federal que son conocidos dentro de su administración.

Discusión sobre el crimen

“Puedo confirmar que la reunión (entre Fortuño y el secretario Pérez) tuvo lugar, pero no haremos más comentarios por el momento”, indicó, por su parte, Xochitl Hinojosa, portavoz de la División de Derechos Civiles de Justicia federal.

Aunque la reunión en Justicia federal fue convocada para lidiar con el reciente informe de la División de Derechos Civiles que denunció que la Policía de Puerto Rico ha tenido un patrón sistemático de violaciones de derechos civiles y constitucionales, Fortuño pidió también ver al copresidente del grupo interagencial de la Casa Blanca, el secretario asociado de Justicia, Tom Perrelli, para tratar asuntos vinculados a la lucha contra el crimen.

Con Perrelli, quien mañana se reunirá con líderes del Partido Popular Democrático (PPD), Fortuño discutió temas como la asignación de fiscales estatales a la Oficina del Fiscal Federal en Puerto Rico “y la creación del nuevo ‘task force’ contra violencia y armas ilegales, para seguir fortaleciendo la lucha contra el crimen por parte de las agencias estatales y federales de ley y orden”.


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