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“La gente tiene que salir a la calle a denunciar que nos traten como si fuéramos mercancía barata”, expresó el cantante Danny Rivera, en referencia a la propuesta junta de control fiscal. (Archivo / GFR Media)

Líderes comunitarios, estudiantes, profesores, sindicalistas, abogados, artistas, poetas, cooperativistas y ambientalistas anunciaron hoy la constitución de una coalición ciudadana contra la propuesta junta federal de control fiscal para Puerto Rico que se discute en el Congreso de Estados Unidos.

El movimiento, compuesto por más de 50 organizaciones de distintos sectores, advirtió que la crisis humanitaria de la que se ha hablado en la Isla en los pasados meses se hará realidad si Puerto Rico le da paso a la junta.

La abogada Ana Irma Rivera Lassén, del grupo de concertación ciudadana “Vamos Puerto Rico”, sostuvo que la junta no viene a castigar la corrupción en Puerto Rico, sino a “buscar dinero y a imponer políticas fiscales que exigen más a los que tienen menos”.

Rivera Lassén, expresidenta del Colegio de Abogados, subrayó que se trata de un movimiento por encima de partidos políticos.

“La propuesta junta es un insulto a la totalidad del pueblo de Puerto Rico, no importa al partido a que pertenezca la gente, y la gente lo tiene que tomar personal. Llegaron el 11 de abril de 1898 los norteamericanos a Puerto Rico y ahora en abril de 2016 han dicho exactamente lo mismo: que somos un botín de guerra”, dijo la letrada.

El cantante Danny Rivera, por su parte, expuso que lo que está en juego es “la dignidad” del pueblo de puertorriqueño.

“La gente tiene que salir a la calle a denunciar que nos traten como si fuéramos mercancía barata. Tenemos que defender esta identidad, la patria, el territorio, porque estos bonistas lo que quieren es que nos salgamos todos de la Isla para ellos venderles el País a todos los individuos que vienen por ahí a comprar territorios en Puerto Rico y a vivir en el paraíso”, sostuvo el vocalista.

En una conferencia de prensa efectuada en la Plazoleta de la Democracia, frente al Capitolio, Mirta Colón, de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, argumentó que cuando la junta “le meta la mano al fondo de pensiones de los retirados, el alcance de los recortes va a ser tan nefasto que no nos va a dar el dinero ni para vivir en el caserío”.

El portavoz del grupo ciudadano, Jerohim Ortiz Menchaca, mientras, anunció que desarrollarán una campaña masiva en los medios de comunicación y en centros de trabajo para concienciar a los puertorriqueños sobre el impacto que tendría sobre el País el propuesto organismo federal.

“Si ese proyecto se aprueba, no podemos descartar la desobediencia civil”, indicó Ortiz Menchaca.

La estudiante de maestría en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Coral Negrón, cuestionó las disposiciones del proyecto de la junta que reducen el salario mínimo federal a los de 25 años o menos, a $4.25 la hora. “Por ser estudiantes, estamos en una posición desventajada”, consideró Negrón para agregar que un salario de $8,000 anuales no daría ni para pagar una renta.

Otro joven empresario, Alan Taveras, del movimiento en las redes sociales “Stand Up Puerto Rico”, apuntó que los gastos en los que incurran los miembros de la junta van a salir del bolsillo de los puertorriqueños. “La junta de control fiscal federal es un mal negocio para Puerto Rico”, indicó.

Rafael Torregrosa, de la Alianza de Salud para el Pueblo, agregó a la discusión que la junta podría atentar aún más contra el acceso a los servicios de salud.

“Ya de por sí hay un trato discriminatorio a los ciudadanos que vivimos en territorios. Esto no solo representa un problema de derechos humanos, sino que afectaría la economía de la Isla por la falta de productividad de los ciudadanos”, anotó.

La profesora Norma Rodríguez Roldán de la Asociación de Profesores Universitarios, destacó que la UPR estará a la merced de la junta con el encarecimiento de la educación pública y con el probable efecto de que aumenten los costos de matrícula y se reduzca la oferta académica.

Juan Camacho, del grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente, indicó que la junta tendría poder para derogar y eliminar leyes, reglamentos, procesos y normas que tienen que ver con el ambiente en Puerto Rico.

“Eso va a dar paso a que se le dé el visto bueno a proyectos que aun siendo dañinos al ambiente, estén en armonía con el plan fiscal”, anticipó.

Otras organizaciones representadas en la Coalición son Cumbre Social, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Amigos del Mar, Diasporrican, Mentes Puertorriqueñas en Acción, Frente del Pueblo contra la Junta de Control Fiscal, Concilio Ecuménico de Iglesias, Estudiantes del Centro de Estudios Avanzados, la Coalición de Sindicatos y sectores cooperativistas.


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