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Norma Burgos, (GFR Media)

La investigación realizada en el Senado sobre las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incluye referidos al Departamento de Justicia contra la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos Andújar, y su hijo, Roberto Benítez Burgos, jefe de informática de la CEE.

La pesquisa realizada por la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económica, que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, encontró que Burgos Andújar pudo haber cometido delitos graves al violar los artículos 245 (Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública), 246 (Resistencia u obstrucción a la autoridad pública) y 269 (Perjurio) del Código Penal y el artículo 12.009 del Código Electoral por actos ocurridos el 25 de julio de 2017.

La violación electoral tiene que ver con la alteración de documentos electorales.

El cargo de violencia o intimidación y la violación al Código Electoral tienen que ver con un altercado que supuestamente sostuvieron Burgos Andújar y María D. Santiago Rodríguez, quien para el 25 de julio del 2017 era presidenta interina y vicepresidenta de la CEE. También es cercana aliada de Rivera Schatz.

Se sostiene en el escrito, el que será acogido hoy por el Senado, que a las 5:49 p.m. Santiago le entregó al secretario de la CEE, Ángel L. Rosa Barrios, una certificación de que el escrutinio general del plebiscito había finalizado. Ese documento tendría que ser entregado a la CEE.

Poco después, Rosa Barrios pasó por la oficina de Santiago y le indicó que Burgos Andújar le comentó que no era necesario que se notificara el resultado. A las 6:00 p.m., y luego de que la jueza Lauracelis Roque Arroyo se expresara en torno a una controversia legal que provocó que la magistrada ordenara la paralización del escrutinio, Burgos Andújar telefoneó a Santiago solicitándole que firmara la certificación oficial de los resultados.

Según la pesquisa, Santiago se negó a firmar la certificación y Burgos Andújar supuestamente le insinuó que alterara la hora de un ponchador para que reflejara que había firmado el documento antes de que se emitiera la orden del tribunal.

Como resultados de varios intercambios adicionales en que Burgos Andújar supuestamente presionó a Santiago a firmar el documento con a hora alterada, Santiago le dijo a la comisión senatorial que “se sintió intimidada con las expresiones realizadas por la comisionada Norma Burgos Andújar para que alterara la hora en el ponche”.

En cuanto a la investigación del chat de Whatsapp, se concluyó que Burgos Andújar presentó “incongruencias en el testimonio” en medio de una pesquisa interna de la CEE en la que también se investigó al expresidente del organismo, Rafael Ramos Sáenz.  La CEE refirió a Burgos Andújar a Justicia, a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y a la Oficina de Ética Gubernamental por actuaciones relacionadas al chat.

En la investigación del Senado no se detallan las supuestas incongruencias, pero el cuerpo legislativo entendió que la controversia había sido atendida por Justicia, por lo que no recomienda un referido adicional a esa agencia.

En el caso de Benítez Burgos, el Senado concluyó que solicitó, entre febrero y agosto del 2018, ,en 134 ocasiones algún tipo de ajuste por no haber ponchado a la hora de entrada o de salida. Las solicitudes se justificaban con anotaciones que leían "olvido involuntario" o "receso de la agencia".

"Debemos resaltar que, al día de hoy, Benítez Burgos continúa el patrón de incumplimiento con las Normas Internas sobre la Administración y Uso del Sistema Electrónico de Registro de Asistencia”, indica el informe. 

Se desprende de la investigación que, en enero, Santiago le dijo a Gloria Jiménez, subdirectora de recursos humanos de la CEE, que hablara con Benítez Burgos sobre su asistencia.

"Ese mismo día, en horas de la tarde, la comisionada del PNP, Norma Burgos Andújar y el comisionado alterno Juan Guzmán, le entregaron (a Santiago) una carta redactada con su renuncia", lee el escrito donde se hace constar que el cargo de primera vicepresidenta es de confianza del Partido Nuevo Progresista.

"Ante ello, no pudo culminar el proceso de análisis de las asistencias del señor Benítez Burgos, reza la resolución de investigación.

La comisión senatorial concluyó que resulta "sumamente sospechoso" que Burgos Andújar le pidiera la renuncia a Santiago cuando esta solicitó una investigación sobre Benítez Burgos.

La investigación encontró que Benítez Burgos es el único empleado de la CEE "con un patrón severo de incumplimiento con el registro de asistencia", lee el documento.

Por esta conducta, el Senado le imputa a Benítez Burgos violar la Ley de Ética Gubernamental y los artículos 213 (falsificación de asistencia en registros) y 216 (archivo de documentos o datos falsos) del Código Penal.


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